LA PAZ.- El presidente Evo Morales pone a prueba hoy su proyecto de refundar Bolivia, en un crucial referendo por una nueva Constitución estatista e indigenista, que es resistida por sectores políticos y regionales, y que puede llegar a profundizar las grietas que dividen a los bolivianos del occidente pobre y del oriente rico. La votación comenzará a las 8 hora local, en 2.700 colegios electorales que funcionarán ocho horas ininterrumpidas, tras lo cual se procederá a un recuento manual de votos.
Casi 4 millones de ciudadanos, de los cuales la mitad está radicado en La Paz, están habilitados para votar. El gobierno califica la nueva Constitución como el inicio de una refundación de Bolivia, pues considera que en la primera, en 1825, el mundo indígena y campesino fue excluido por los criollos y mestizos que derrotaron con las armas a la corona española.
Diferencias sociales
Morales -líder de los aborígenes, que representan el 47% de unos 10 millones de habitantes y son la columna vertebral de su régimen- ha dicho que su misión fundamental es buscar la igualdad entre todos, aunque la oposición lo acusa de gobernar sólo para las 36 etnias y pueblos originarios y olvidarse de los mestizos. Algunos opositores señalaron que la nueva Constitución creará ciudadanos de primera y de segunda y que los de primera serán los aborígenes. “Los que se oponen a la nueva Constitución son los vendepatria”, acusó Morales, e incluyó entre sus rivales políticos a los afines al ex gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-07 y 2002-03), actualmente exiliado en Estados Unidos y requerido por la Justicia boliviana para procesarlo crímenes de lesa humanidad.
Exceso de derechos
El texto que se pone hoy a prueba contiene todo un capítulo para los derechos de las naciones originarias y pueblos campesinos. Por ejemplo, establece una Justicia indígena originaria campesina en el mismo nivel que la Justicia ordinaria; un Tribunal Constitucional plurinacional, lo que obliga a elegir miembros de este tribunal del sistema ordinario y del sistema indígena, entre otros items. Los ex vicepresidentes de Sánchez de Lozada: Carlos Mesa (que lo sucedió en 2003) y el aymara Víctor Hugo Cárdenas (1993-97) han señalado que la Carta Magna no refleja un pacto social, esencial para la primera norma del país, y que en cambio enfatiza en exceso los derechos de aborígenes y de campesinos.
Optimismo
El gobernante socialista calculó que su Constitución será aprobada con más del 60% de los votos. Para el gobernante, su arrollador triunfo en las elecciones presidenciales (53%) en diciembre de 2005 y su ratificación en un referendo en agosto pasado (67%), son los elementos que le permiten avizorar una victoria que, además, lo habilitará para optar por un nuevo mandato presidencial.
Promesa de tunda
Sin embargo, los prefectos opositores, Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), firmes defensores de las autonomías regionales, han prometido en cambio que le darán una paliza al presidente en las urnas. Ellos creen que en sus regiones, además de la norteña de Pando, la Constitución será rechazada. “Esta es una Constitución totalitarista”, señaló esta semana el poderoso prefecto Costas, líder de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, motor económico del país y bastión de los rebeldes, donde se reclama un mayor grado de autonomía política que la que le otorgará la nueva Constitución. La oposición anticipó que un margen inferior al 55% a favor de Morales frenará la prometida refundación del país andino.
Los bolivianos serán consultados también, en el mismo referendo, sobre la extensión máxima permitida de las tierras agrícolas y pecuarias privadas (5.000 o 10.000 hectáreas), cuyo resultado se incorporará a la nueva norma, si esta es aprobada.
Unos 300 observadores de diversos organismos internacionales, como el Mercosur, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, entre otros, monitorearán la jornada. (Télam)
