11 Enero 2009 Seguir en 
Un hombre de unos 60 años, de cabello blanco, panzón y vestido informalmente fue quien le pidió a un cadete que distribuyera una serie de amenazas escritas el viernes, según la descripción que hizo el mensajero al declarar ante el fiscal de feria, Carlos Sale.
En horas de la tarde, el muchacho fue interceptado por el hombre en la puerta de la mensajería para la que trabaja. Le dijo que, como él tenía muchas diligencias que hacer, necesitaba que le entregara varios sobres en el centro. Para eso le dio $ 10.
Los sobres, con mensajes escritos a mano con felpón negro, fueron enviados a LA GACETA, a El Siglo, a El Periódico, a El Tribuno, a los legisladores Pedro Balceda, José Cano y Osvaldo Cirnigliaro, a la presidencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, al Arzobispado, a nombre del vicario Carlos Sánchez y al Colegio de Abogados.
Uno de los remitentes era "el doctor Horacio Antonio Quinteros", de calle Piedras 1.342, y el otro "un contador" de calle Mendoza al 900. Personal de la sección Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones, al mando de los comisarios Walter Monteros, Raúl Ferreira y René Aguirre constató, al igual que LA GACETA, que ambos domicilios estaban deshabitados. Sale ordenó que los sobres en los que estaban los mensajes, al igual que el papel de las misivas, fueran entregados a personal de Criminalística para que sean sometidos a pericias.
Ayera las 10, el juez Salvador Ruiz, presidente de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo, radicó una denuncia en la Policía, por el anónimo que había recibido el viernes. Una parte del texto de las amenazas decía: "fuimos contratados para hacerles entender a éstos cabezas duras que la crítica tiene que acabar, sino comenzaremos a romper ?cráneos? y si no entienden iremos por las vidas de sus hijos. Ellos pagarán las culpas de sus ?perfectos? padres. Es la última advertencia. Están avisados. Q.E.P.D.".
Responsabilidad de todos
En tanto, el vicario Sánchez dijo que se había enterado de las amenazas al leer LA GACETA. "Le preguntamos al empleado del Arzobispado si recibió algo, pero dijo que no, ni siquiera dejaron nada por debajo de la puerta", explicó. El sacerdote opinó que había que restarle trascendencia a lo sucedido."Esta problemática (la de la droga) es responsabilidad de todos y debemos asumirla", añadió.
En ese sentido, la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales expresó su solidaridad para con los destinatarios de las amenazas. "Quiero hacerles llegar mi adhesión ante las intimidaciones de las que fueron objeto por hacerse eco de los terribles sucesos que acaecieran a los menores que viven en el barrio ?La Costanera?de nuestra ciudad capital. Repudio de plano estas metodologías, así como las persecuciones ideológicas y las actitudes reñidas con la legalidad y la democracia que se evidencian en este accionar", indicó la senadora.
En horas de la tarde, el muchacho fue interceptado por el hombre en la puerta de la mensajería para la que trabaja. Le dijo que, como él tenía muchas diligencias que hacer, necesitaba que le entregara varios sobres en el centro. Para eso le dio $ 10.
Los sobres, con mensajes escritos a mano con felpón negro, fueron enviados a LA GACETA, a El Siglo, a El Periódico, a El Tribuno, a los legisladores Pedro Balceda, José Cano y Osvaldo Cirnigliaro, a la presidencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, al Arzobispado, a nombre del vicario Carlos Sánchez y al Colegio de Abogados.
Uno de los remitentes era "el doctor Horacio Antonio Quinteros", de calle Piedras 1.342, y el otro "un contador" de calle Mendoza al 900. Personal de la sección Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones, al mando de los comisarios Walter Monteros, Raúl Ferreira y René Aguirre constató, al igual que LA GACETA, que ambos domicilios estaban deshabitados. Sale ordenó que los sobres en los que estaban los mensajes, al igual que el papel de las misivas, fueran entregados a personal de Criminalística para que sean sometidos a pericias.
Ayera las 10, el juez Salvador Ruiz, presidente de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo, radicó una denuncia en la Policía, por el anónimo que había recibido el viernes. Una parte del texto de las amenazas decía: "fuimos contratados para hacerles entender a éstos cabezas duras que la crítica tiene que acabar, sino comenzaremos a romper ?cráneos? y si no entienden iremos por las vidas de sus hijos. Ellos pagarán las culpas de sus ?perfectos? padres. Es la última advertencia. Están avisados. Q.E.P.D.".
Responsabilidad de todos
En tanto, el vicario Sánchez dijo que se había enterado de las amenazas al leer LA GACETA. "Le preguntamos al empleado del Arzobispado si recibió algo, pero dijo que no, ni siquiera dejaron nada por debajo de la puerta", explicó. El sacerdote opinó que había que restarle trascendencia a lo sucedido."Esta problemática (la de la droga) es responsabilidad de todos y debemos asumirla", añadió.
En ese sentido, la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales expresó su solidaridad para con los destinatarios de las amenazas. "Quiero hacerles llegar mi adhesión ante las intimidaciones de las que fueron objeto por hacerse eco de los terribles sucesos que acaecieran a los menores que viven en el barrio ?La Costanera?de nuestra ciudad capital. Repudio de plano estas metodologías, así como las persecuciones ideológicas y las actitudes reñidas con la legalidad y la democracia que se evidencian en este accionar", indicó la senadora.
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