Juan Pablo Cafiero presentará esta semana las cartas credenciales al papa Benedicto XVI, para dar inicio formal a la misión encomendada por la presidenta Cristina Fernández de poner en "una mejor sintonía" las relaciones entre el Gobierno y el Vaticano, escenario que demandará una ardua negociación por el estatus del obispado castrense. Un encargo que no será fácil para el embajador argentino ante la Santa Sede: además de manejar la tensión por cuestiones diplomáticas pendientes, deberá evitar en 2009 un nuevo frente de conflicto durante un año electoral.
El primer escollo a salvar será el discurso papal, que se presupone será cordial y "diplomáticamente estudiado", pero marcará -según fuentes eclesiásticas a las que DyN tuvo acceso- el camino por cual que el Vaticano pretende llevar la relación bilateral.
Las fuentes religiosas anticiparon que el Papa le pedirá al Gobierno argentino que no avance en la despenalización del aborto ni en la equiparación de la unión civil con el matrimonio, y alentará a "favorecer e incrementar" iniciativa para superar situaciones de pobreza y de inequidad social.
En cambio, el Pontífice destacará, se descuenta, el clima de libertad religiosa que prima en el país, valor por el cual la Argentina es considerada ejemplo mundial, pese a que en 2005 cuando Néstor Kirchner echó a monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense, el entonces vocero papal Joaquín Navarro-Valls puso sutilmente en duda.
Cafiero tiene como mandato insistir en la eliminación del obispado castrense, posibilidad que Roma rechaza de plano, o al menos retrotraer el acuerdo bilateral a 1992, cuando se elevó esa jurisdicción eclesiástica de vicariato a obispado.
El embajador consideró de antemano que debe revisarse la existencia del obispado castrense porque está constituido sobre cartas reversales de "endebles jurídica" y de "cuestionable validez", por no contar con aprobación parlamentaria.
Un dato cierto, ya que el acuerdo suscripto el 28 de junio de 1957 sobre la asistencia religiosa a las FF.AA. se modificó el 21 de abril de 1992 mediante un intercambio de notas entre el canciller Guido Di Tella y el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi, y fue ratificado a través del decreto 1526/92 con la firma del entonces presidente Carlos Menem. El único testigo legislativo de aquel acto fue el diputado nacional Carlos Ruckauf, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El argumento de Cafiero podría ser la llave para una solución consensuada, pero requiere paralelamente modificar otras cuestiones como quitar el rango militar a los capellanes y permitir el ingreso en los cuarteles de rabinos y pastores, hasta ahora vedado. Y hasta eliminar la cláusula vigente que obliga al Gobierno a refrendar la designación de obispos. El frente de conflicto por el obispado castrense se abrió tras una carta de monseñor Baseotto al ministro Ginés González García sugiriendo, mediante una cita bíblica, que había que arrojar al mar con una piedra a quienes promovieran el aborto. En ese marco de fina negociación con el Vaticano, el Gobierno recibió con beneplácito la designación del cardenal Odilio Scherer (San Pablo) como enviado papal a la ceremonia del 5 de diciembre en Monte Aimond, Santa Cruz, por los 30 años de la mediación de Juan Pablo II que evitó la guerra entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle.
Tanto en la Casa Rosada como en la Casa de la Moneda se esperaba un representante pontificio de "mayor peso específico"; incluso se especuló con una nueva visita a la región del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano.
