Un tiro en el pecho a la independencia judicial

De todos los días del año, tuvieron que elegir ese. Justo el 20 de noviembre. El aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. La lucha librada en 1845 por tropas argentinas contra fuerzas anglo-francesas. Las superpotencias de esa época, con la excusa de mediar en el conflicto que mantenía sitiada Montevideo (se enfrentaban los caudillos Fructuoso Rivera y Manuel Oribe y a este último lo apoyaba el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas) se lanzaron a obtener libre tránsito por el Río de la Plata y los cauces interiores de su cuenca. Los argentinos, en inferioridad de condiciones, pelearon hasta quedarse sin munición. Aunque terminaron superados, en los días posteriores los barcos de vapor europeos debieron dejar las aguas argentinas sin descargar mercadería, porque sólo encontraron hostilidad a su paso. Por eso, la fecha es, para el país, el Día de la Soberanía Nacional. Y para Tucumán, desde hace 48 horas, la negra jornada en la que hirieron de muerte al Poder Judicial. La vez en que los que debían defender a la Justicia la entregaron sin oponer resistencia.
A partir del jueves, el gobernador, José Alperovich, puede elegir con su dedo decisionista a los jueces que quiera. El domicilio del Poder Judicial sigue siendo el Palacio de Tribunales sobre el pasaje Vélez Sársfield. Pero, ahora, la puerta de entrada a los juzgados está en 25 de Mayo y San Martín.
Esto equivale, sin más, a que la independencia del Poder Judicial recibió un disparo político en el pecho. Y agoniza.

El autor material
Ese crimen republicano tiene por autor material al Poder Legislativo. La consagrada sumisión de la Legislatura muestra ahora su verdadero alcance. Porque hasta ahora, las arrodilladas posiciones que tomaba en cada sesión respecto de los caprichos del gobernador iban en desmedro de la propia Cámara. Esta vez fue distinto: ejecutaron una orden dirigida a conmover los cimientos de otro poder: el Judicial.
Para justificarse, el alperovichismo dijo en el recinto que debía dar una solución al problema generado en la administración de justicia por las vacantes: suman 19 y no hay mecanismo que permita cubrirlas. La carencia se debe a que la Corte, valientemente, declaró inconstitucional que la Carta Magna de 2006 delegara en el Ejecutivo la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el encargado de sugerir ternas de candidatos a ocupar cargos judiciales.
En verdad, urgía establecer un modo de cubrir temporalmente las acefalías. Pero lo que aprobaron anteayer con esa excusa no es una solución para los Tribunales: es el vehículo para que el alperovichismo cope la Justicia de jueces amigos.
Mediante el mecanismo (aprobado el jueves a las 13, y promulgado como Ley 8.136 una hora después), el Gobierno abrirá una lista de interesados a ser defensor, fiscal, juez o camarista. Y luego elegirá, sin más criterio que el antojo, los que ocuparán interinamente los despachos vacantes.
Para tranquilidad de todos, la medida demandará aval parlamentario. O sea que la Legislatura, cuya nueva composición jamás rechazó una sola medida del Ejecutivo, analizará críticamente cada pliego de candidatos.
El resultado es el menoscabo sistemático de la Justicia, que no sólo es el único que no puede dictarse su presupuesto, sino que ahora, además, es el único que no puede decir una palabra respecto de sus futuros miembros. El jefe del Ejecutivo, en cambio, decide quién integrará su gabinete y hasta cuándo. Y la Legislatura, al inicio de la gestión, determina si acepta o no los diplomas de los parlamentarios electos. Pero el Poder Judicial, en contra del derecho moderno, que alienta la autolimitación del poder político en los asuntos judiciales, no interviene en la selección de sus miembros.
Los alperovichistas alegaron en el recinto que el constitucionalismo histórico plantea que a los jueces los designa el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y punto. Para el caso, según el mismo constitucionalismo histórico, no debe permitirse la reelección consecutiva de los gobernantes.

El autor intelectual
El ataque contra el carácter soberano de la Justicia también tiene un autor intelectual. Es, indudablemente, el que resulta beneficiado con el atentado. O sea, ningún otro sino el Gobierno.
Es el alperovichismo el que ha arrinconando la Justicia hasta dejarla contra el paredón donde la fusilaron el jueves pasado.
Cuando asumió, en octubre de 2003, uno de los primeros anuncios del gobernador fue que iba a manosear el CAM existente: un instituto creado por decreto, según el cual el Poder Ejecutivo se autolimitaba en el nombramiento de los magistrados. Lo integraban un representante de la Justicia, otro del Colegio de Abogados y otro de la UNT, y funcionó entre sin reparos desde el gobierno de Ramón Ortega. Era perfectible, por cierto, pero Alperovich, que primero amagó con ampliarlo, al final terminó por eliminarlo: pasó a designar los magistrados a dedo desde su despacho.
Allí comenzaron los males del mecanismo de designación de jueces. Después vino la reforma y el CAM resucitado como farsa: la nueva Constitución se sancionó el día 6, del mes 6, del año 6, y 15 días después el Ejecutivo, por decreto, integró el organismo con una mayoría impune de políticos. Y llegaron las objeciones judiciales del Colegio de Abogados de Tucumán (una institución con anticuerpos sanos, que acaba de ratificar su independencia con la elección de Eudoro Aráoz). Y el fallo histórico de la Corte provincial, que declaró inconstitucional el adefesio. Y la apelación del Gobierno, siempre dispuesto a mantener la Provincia privada de un sistema transparente para el nombramiento de magistrados.
Mientras tanto, se alentaba a los jueces a que se jubilaran en masa, para gozar del 82% móvil que reserva la Ley Nacional 24.018 para los federales. Lo perverso fue que se equipararon los derechos pero no los deberes que fija esa norma. Su artículo 16 establece que los magistrados y funcionarios judiciales que se jubilan conservan su estado judicial y pueden ser llamados en el momento que sea por el Estado para cubrir transitoriamente vacantes judiciales con el cargo que desempeñaban. Si se niegan, pierden la jubilación. El artículo 17 ordena la confección de una lista de retirados, para ese fin.
Es decir, la misma norma que iba a generar vacantes, también preveía un mecanismo para cubrirla mediantes subrogancias.
Aquí sólo se dictaron leyes para que la Caja Popular diera créditos a los jueces que se iban a jubilar, con la sola condición de que hubieran iniciado el trámite previsional para irse. Sólo había apuro porque se fueran: por vaciar los Tribunales de una vez. Sin ninguna intención de cubrir acefalías.

La dedocracia
Con los Tribunales al borde de la parálisis, el alperovichismo aprovechó para disparar su proyecto dedocrático. Por supuesto, el alegato oficialista es que los magistrados serán interinos. Pero los jueces, aunque sean subrogantes, son jueces. Sus fallos no son "sentencias interinas": tiene la misma validez que las del magistrado natural. El oficialismo lo sabe: por eso mismo el proyecto exige que quienes aspiren a cubrir vacantes temporariamente reúnan las mismas condiciones que debe tener un juez titular.
Esto, por cierto, evidencia que el alperovichismo ha desembarcado en la Justicia. Cuando resuelva el sistema definitivo para la selección de magistrados (sea porque la Corte nacional le da la razón y se instaura el CAM de 2006; o porque recibe un fallo federal adverso y debe convocar otra reforma constitucional), se instrumentarán concursos de antecedentes en los que los futuros jueces interinos correrán con una inestimable ventaja: tendrán experiencia en el desempeño del cargo por el cual compiten.

Partícipe necesario
Una sola pregunta, tan básica como quemante, resulta incontestable para el atropellador oficialismo: ¿por qué no le dieron injerencia a la Corte en este mecanismo? Aquí entra en la escena un partícipe necesario, que proveyó del instrumento con que la Legislatura disparó a quemarropa a la independencia judicial.
El alperovichismo no se cansa de repetir que sólo plasmó en un dictamen el contenido de un proyecto que le acercó un grupo de jueces. El martes, por cierto, la Asociación de Magistrados de Tucumán (en reunión de mesa directiva, no en una asamblea general) decidió hacerse cargo de esa iniciativa, lo que provocó un tembladeral: mientras la Legislatura llevaba a la sesión una ley que conjura toda participación de la Corte, el presidente del tribunal supremo, Antonio Gandur, recibía en sobre cerrado un proyecto según el cual iba a ser la Justicia la que recomendara ternas de candidatos.
Ahora bien, en ese ardid, el alperovichismo se declara inocente. Una alta fuente del Ejecutivo confirmó que un grupo de jueces llevó el proyecto de subrogancias que inspiró la ley 8.136, en primer lugar, a la Casa de Gobierno. Allí les recomendaron que llevaran la propuesta a la Legislatura, para que no se pensara que se trataba de una maniobra alperovichista. El anteproyecto que vieron los funcionarios ya decía que la Casa de Gobierno debía seleccionar los jueces subrogantes. Eso sí, lo de que el interinato debía durar hasta que "una reforma constitucional" instaure un mecanismo para nombrar los reemplazantes definitivos parece escrito por una mano político-ministerial. "Es una travesura: lo real es que el proyecto vino de Tribunales", zanjó la fuente.
De paso, al Gobierno no le importa que se objete judicialmente la norma: las causas se tramitarán en unos tribunales infartados por acefalías. Y si tronchan el régimen -razonan- sólo contribuirán a empeorar la situación: el mes que viene, las vacantes serán 23.
Más aún: si la Justicia trunca la ley 8.136, en el Gobierno dan por hecho que advendrá la intervención federal sobre la Justicia.

El Republicano
En su paso por Tucumán, el rabino Sergio Bergman planteó que, tras 25 años de democracia, había que dedicar un cuarto de siglo a la república.
El alperovichismo ya avisó, por medio de sus voceros parlamentarios, que no comparte esa idea. Ellos sostienen que aprobaban este sistema de subrogancias simplemente porque podían hacerlo. Y que los sectores críticos se enojan sólo porque no pueden establecer otro mecanismo, ya que carecen del poder que ellos, los gobernantes, creen tener. Por supuesto, cuando se trata de disparar contra la independencia de la Justicia, de atacar al más frágil de los poderes, de vapulear a una señora con los ojos vendados, cualquiera se la da de guapo.
Que la calidad institucional esté en vías de extinción amerita que los tucumanos reflexionen sobre ella antes de que sea aniquilada. Entonces se distinguiría, en un lado, a quienes no tienen reparos en sacrificar los principios de la república y el equilibrio de poderes. En el otro, los que se niegan a rendir las instituciones, porque jamás dejarán de defender aquello por lo que creen.
Ese es el mensaje de la Batalla de la Vuelta de Obligado: los argentinos dieron pelea, aun sabiendo que la derrota era segura. Por eso, luego fue una victoria.
La convicción de los patriotas quedó inmortalizada en la historia del único buque de guerra argentino que participó de esa contienda: fue volado por su propio comandante, dispuesto a cualquier cosa menos a entregar lo que su patria le había encomendado. El navío se llamaba (de qué otro modo sino) Republicano.
Queda claro que la historia ya no nos mira: nos maldice.