Alperovich se salió con la suya gracias al G-8

Finalmente, el gobernador José Alperovich está a un paso de conseguir, cinco años más tarde, lo que parece haber estado buscando desde que asumió, en 2003: designar jueces discrecionalmente, sin otro mecanismo de selección que el de su voluntad. En diciembre las vacantes (la mayoría de ellas por jubilaciones) ascenderán a 23, número que aún no está clausurado. Pero si se suman los 13 cargos que jamás pudieron ser integrados, entre ellos el polémico Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo -tramado como una evidente forma de controlar a la Cámara del mismo fuero-, el mandatario podrá digitar una cuarentena de designaciones, casi la cuarta parte de la planta de magistrados del Poder Judicial. Lo llamativo es que un puñado de apenas ocho jueces (el G-8) le haya brindado funcionalmente la llave -o simplemente la excusa- para que pueda concretar este operativo de montaje de una Justicia a medida. Quizá el ícono institucional de lo que se viene sea el espectáculo del vocal de la Corte Suprema Antonio Estofán yendo casi todas las semanas a la Casa de Gobierno para encontrarse -eso sí, a plena luz del día, porque no tienen nada que ocultar como asevera el mandatario- con su amigo personal: el gobernador.
El discurso de los jueces suele estar poblado de rimbombantes -y necesarias- invocaciones al decoro, la prudencia, la dignidad, la magnanimidad o la excelencia, seguidas por un largo etcétera. Cabría preguntar cuáles de estas calidades fueron respetadas a lo largo del trámite que concluyó con la entrega al vicegobernador, Juan Manzur, por parte del G-8, de un anteproyecto de ley que permite la designación discrecional de jueces interinos o subrogantes.
¿La gravedad de la cuestión no ameritaba acaso la convocatoria a una asamblea de los 150 integrantes de la Asociación de Magistrados? ¿Sólo cinco miembros discutieron el tenor de la iniciativa acercada a Manzur? ¿Puede ser que a una reunión de semejante trascendencia, en la sede de otro poder del Estado y en el convulso contexto tucumano, no hayan asistido -porque sí nomás- la presidenta, el vicepresidente ni la secretaria? ¿No resulta raro? Encima, ¿puede ser que, después de la reunión con Manzur, el G-8 no haya elevado a la Corte (con el debido estilo) el borrador que habían presentado en la Legislatura? ¿Acaso había algo que ocultar? ¿Puede ser posible que hasta el lunes el presidente de la Corte, Antonio Gandur, haya estado convencido -como consecuencia de un raro sobre color madera que recibió con otra iniciativa, no la efectivamente entregada a Manzur- de que el G-8 había sugerido que, frente a cualquier vacante, el alto tribunal iba a elevar una terna al Poder Ejecutivo para que este eligiera al subrogante? ¿Puede haber gente a la que le dé lo mismo que la Corte Suprema postule ternas o que el PE designe directamente, siempre que en ambos casos se diera preferencia en la cobertura provisoria a quienes se desempeñan en el Poder Judicial? ¿Acaso hay jueces que están pensando en sus ascensos sin importarles el cómo y aunque así causen nuevas vacantes en los cargos que actualmente ocupan? ¿No decían que había una emergencia?

Nadie se había atrevido
No obstante la gravedad de lo sucedido, la intrigante forma en que se hicieron las cosas resulta ya una anécdota menor comparada con la enormidad de lo que sostiene jurídicamente el anteproyecto presentado a Manzur. Estos ocho magistrados (una de ellas jubilada), además de haber empujado a que se declare la emergencia del Poder Judicial, recomendaron que tal situación perdure "hasta que se establezca el procedimiento de selección de los jueces". Ocurre que, previamente, en la exposición de motivos, habían concluido con elocuencia que "resulta pertinente aplicar el sistema que preveía la Constitución anterior; esto es, designación del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura".
Ni legisladores oficialistas como Olijela Rivas o Pedro Balceda se habían atrevido a tanto. Por el contrario, además de darle participación a la Corte, habían propuesto un mecanismo mínimo de evaluación que garantice que los subrogantes sean idóneos y no solamente serviles a quien los vaya a designar. Y algo parecido había insinuado el fiscal de Estado, Pedro Giúdice. Además, el borrador subraya que los interinos se desempeñarán sine die, "hasta la asunción del titular seleccionado por el procedimiento que establezca la reforma constitucional". Es decir que los del G-8 volvieron del futuro -o tienen tanta sensibilidad o afinidad con el oficialismo como para leer la mente de Alperovich o, quizás, del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez- y ya saben qué habrá una nueva modificación del texto sancionado en 2006.
En otras palabras, el anteproyecto abroga lo que, tras la sentencia de la Corte Suprema en la causa promovida por el Colegio de Abogados, había quedado en pie de la segunda parte del artículo 101, inciso 5 de la Constitución de 2006; esto es, que amén de que el Poder Ejecutivo ya no puede integrar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), igualmente sigue vigente el procedimiento, según el cual a los futuros jueces hay que seleccionarlos mediante un concurso del que debe surgir un orden de mérito vinculante para el órgano selector. Pero el G-8, en curiosa sintonía intelectual con el voto en minoría del vocal Alberto Brito, que fue intrincadamente funcional a los intereses del alperovichismo, invocó la excepcionalidad de la emergencia para la vuelta -de facto- al sistema de nombramiento discrecional, que preveía la Carta Magna de 1990, hasta la próxima reforma constitucional, que ya anticiparon políticamente que habrá.
En los hechos, el G-8 parece haber tendido las bases para que la cuestión tratada por la sentencia de la Corte se torne abstracta, ya que el PE volverá a designar a dedo. En el colmo, el anteproyecto se transforma en una vía oblicua pergeñada en los Tribunales -o importada-, para eludir el fallo pronunciado por la propia Justicia.
El jurista español Jesús González Pérez enseña que la negativa deliberada a cumplir una sentencia no suele darse a menudo en la realidad, porque se prefieren otras formas menos ostensibles. "Además -agrega-, porque no sólo sería demasiado descarado en los estados que quieren seguir llamándose estado de derecho, sino porque es un estilo que no va con la sinuosidad, insinceridad e hipocresía del hombre político". Quizá esto explica por qué Alperovich, feliz porque el G-8, con su presentación a Manzur, tal vez terminó allanándole las cosas, ayer se jactó: "aprobaremos lo que nos pidieron los jueces".