Un presupuesto menos, una vergüenza más

Hoy va a ser un mal día para los tucumanos. El alperovichismo, en la Legislatura, sancionará el Presupuesto 2009, al cual ignora por completo. El agravante es que el oficialismo desconoce eso que tan alegremente aprobará no porque no tenga una copia del dictamen que debe tratar, sino porque ese despacho no dice lo que debe decir.
La iniciativa que recibirá el aval parlamentario no contiene un detalle desagregado de partidas. En consecuencia, no dice si habrá más recursos para el político Ministerio de Gobierno o para el de Educación; si recibirá más dinero el asistencialista Ministerio de Desarrollo Social que el de Salud Pública; o si el Ministerio del Interior y su aparato de control territorial dispondrá de más plata que el Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Lo que el exiguo proyecto dice (casi porque algo tenía que decir) es que habrá ingresos por $ 6.178 millones, de los cuales los organismos descentralizados se llevarán el 14% ($ 862 millones) y todo lo demás, o sea $ 5.316 millones, será para la administración central y los poderes del Estado. Pero nada dice acerca de cuánto le darán a cada área del Gobierno, ni cuál será el destino que cada repartición le dará al dinero, sencillamente porque no existe la menor información analítica. Y la Legislatura, para peor, está decidida a no plantearla.
El funesto artículo 21 dice, sin más, que es el Poder Ejecutivo el que efectuará la distribución del Presupuesto de recursos y de gastos en las partidas y las subpartidas parciales. O sea: hay casi $ 6.200 millones para que el Gobierno, el año que viene, cuando habrá elecciones, haga exactamente lo que se le dé la gana. Claro está, no son superpoderes: esa expresión es un diminutivo al lado de semejante chequera en blanco.

Ninguna república
En la Legislatura justifican haberse rendido con el argumento de la practicidad. Es decir, la Cámara fija el monto de los recursos y la Casa de Gobierno se ajusta a esa cifra. Para disponer de más, deberá volver a requerir el aval parlamentario. Mientras tanto, el Ejecutivo es controlado en el uso de esos fondos, que distribuye conforme las necesidades de la administración del Estado, que es su facultad distintiva.
Esta lógica reduce al Presupuesto General de la Provincia a una mera autorización para gastar. Y el Presupuesto es, esencialmente, un plan de gobierno. En el detalle de la asignación de sus partidas (eso que no tienen las paginitas abrochadas que llevan hoy al recinto) se leen las prioridades que tiene un gobernante para el gasto público. Justamente, en un sistema republicano básico, esa estimación debe ser aprobada por el parlamento porque sus miembros son participados de ese proyecto de gestión.
Los legisladores, en consecuencia, controlan al Ejecutivo antes de que empiece a gastar, fijando por ley en qué debe invertir. El Poder Legislativo adquiere, entonces, su verdadera dimensión: además de legislar, es un poder. Todo un poder político.
Eso, hoy, no va a pasar.

Ningunos incoherentes
La propuesta oficialista es tan aberrante que, además de no soportar el menor análisis político, tampoco resiste la más mínima lectura economicista.
Si por un momento pudiera equipararse al Estado con una empresa, el Poder Ejecutivo sería la gerencia, los tucumanos vendrían a ser los accionistas, y los legisladores equivaldrían a los miembros del directorio que representa a los accionistas. Con este esquema, la situación del Presupuesto 2009 se traduciría así: la gerencia pide $ 6.200 millones sin dar explicación alguna acerca de cómo los empleará y el directorio contesta: "bueno". Si ningún funcionario admitiría este disparate en su actividad privada, ¿por qué en la administración pública va a convertirse en ley?
La respuesta atormenta: porque esta es la Legislatura del "no sé ni me importa". Ya lo habían demostrado en la sesión del 3 de julio, cuando a 48 horas de que terminara la Cumbre del Mercosur, convalidaron todo lo actuado y aprobaron todo lo gastado por el Gobierno, sin siquiera haber podido responder en el recinto la más pedestre de las preguntas: ¿de cuánta plata hablamos? No sabían. Y no les importó.
Al menos, no puede decirse que actúen de modo incoherente.

Ningún control
Esa perversa coherencia en el accionar parlamentario atraviesa todo el circuito de control de los fondos públicos en Tucumán. El inicio de ese recorrido es el Presupuesto, con el cual la Legislatura le marca al Ejecutivo de qué manera debe invertir la plata de los contribuyentes. Luego, el Tribunal de Cuentas efectúa el control técnico de las erogaciones del Gobierno y, al final, eleva a la Cámara un informe (la Cuenta de Inversión), en el que revela cómo se administró. Así se cierra el círculo: los legisladores son informados acerca de cuánto se apegaron los funcionarios a la pauta que fijaron.
Pero en Tucumán, así como la Legislatura no dice en qué debe gastar el Gobierno, el Tribunal de Cuentas tampoco dijo, en la Cuenta de Inversión 2007, cómo se empleó el Presupuesto durante ese año electoralísimo. El ente de contralor, primero, olvidó dictaminar sobre la ejecución del presupuesto de la "administración central y poderes del Estado", fijado para entonces en $ 3.026 millones. Considerando que el total de ingresos era de $ 3.508 millones, el desliz refirió al 86% del Presupuesto 2007. Luego, tras la advertencia de LA GACETA, enmendaron la omisión con un párrafo, y establecieron que lo hecho por el oficialismo gobernante fue "razonable".
Traducido al esquema del Estado como empresa, el Tribunal de Cuentas viene a ser el síndico que le informa al directorio (la Legislatura) acerca de lo que vio durante el año en la ejecución presupuestaria de la gerencia (el Gobierno). Primero, el síndico se olvidó de decir cómo manejó sus recursos la casa central, donde gastan, prácticamente, $ 9 de cada $ 10 que maneja la firma. Después dijo, simplemente, que estaba todo bien.
La verdad es que, con el manejo del erario, está todo mal. Y va a estar peor.

Ningún realismo
La administración de los fondos públicos va a empeorar porque, como ya se advirtió, el Presupuesto 2009 está subvaluado: llegará mucha más plata de la que se declara. ¿Por qué está subvaluado? Los $ 6.178 millones presupuestados para 2009 representan un incremento del 11,2% respecto de los $ 5.556 millones con los que cerrará el Presupuesto 2008. Y ese porcentaje encaja con la pauta de ajuste fijada por el Gobierno, que surge de sumar el crecimiento económico calculado mezquinamente en el 4% para 2009, y la inflación, descaradamente estimada en el 8%.
Como los parámetros no son realistas, los presupuestos engordan más de lo previsto. El todavía vigente Presupuesto 2008 es un claro ejemplo: los legisladores establecieron que sería de $ 4.568 millones, pero terminará en los mencionados $ 5.556 millones. O sea que creció casi un 22%, cuando inicialmente (al igual que en el caso del Presupuesto 2009) se estableció que el crecimiento económico sería del 4% y que la inflación sólo llegaría al 8%.
Una alternativa más resumida de explicar por qué el presupuesto está subvaluado consiste en escuchar, en el primer piso de Casa de Gobierno, a funcionarios y analistas económicos de primera línea, quienes comentan que la Coparticipación Federal de Impuestos de 2009 no será de 3.273 millones, como figura en el dictamen que hoy aprobarán los oficialistas: estiman ya que rondará los $ 4.100 millones.

Ninguna pauta
¿De qué sirve tener un presupuesto subvaluado? El Gobierno aduce que le permite maniobrar con prudencia ante la crisis internacional. Si hubiera una considerable merma de recursos a causa de una eventual recesión, deberán recortarse menos recursos que si fueran consignados todos los fondos que se espera recibir en realidad.
Los antecedentes recientes muestran otra versión. A causa de que también estaba subvaluado, el Presupuesto 2008 fue ampliado, hace poco, en $ 550 millones. Los fondos, se argumentó en el recinto, se destinarían a los sueldos estatales y, de hecho, fueron a parar a una cuenta vinculada con eso. Después advirtieron que era una partida general, de la que Tesorería puede reasignar recursos. Y, qué casualidad, cuando el Gobierno distribuyó ese dinero para pagar refuerzos salariales, mediante el decreto 3.193 de la Secretaría de Hacienda, dejó sin afectar el 30%: $ 211 millones. Acaso se conviertan, efectivamente, en remuneraciones. O, tal vez, en gastos discrecionales. Si este último fuera el caso, se asistiría a otra de las refinadas perversiones del alperovichismo, que fuerza a los empleados públicos a pagar los tributos provinciales mediante el descuento por planilla, pero que no se siente forzado a cumplir con la ley que le dio $ 550 millones para distribuir entre los estatales.
Por supuesto, buena parte de los representantes gremiales de los trabajadores públicos andan muy ocupados en las roscas de fin de año (una de sus trenzas es el futuro de la CGT), de modo que el Presupuesto 2009 no establece el blanqueo del sueldo estatal, pese a que el 60% está en negro. Para más indignidad, tampoco fija el reconocimiento del 82% móvil para los jubilados transferidos.

Ninguna resistencia
Eso sí, los oficialistas no se olvidaron de facultar a la gobernación para que aumente como le plazca los gastos de los intervenidos y deficitarios organismos autárquicos. Y, ya que estaban, volvieron a suspender (así como se lee) la vigencia nada menos que de la Ley de Administración Financiera, en lo referido a que el Gobierno tiene la obligación de presentar un Presupuesto de Recursos y Gastos de las comunas.
Esa comodidad para las administraciones del interior, que no deben indicar qué harán con el dinero de los vecinos, será disfrutada también por la arrodillada Legislatura. La Cámara no explicará por qué, mientras la partida de la Justicia creció un 34% e incluye la construcción de dos edificios, los fondos parlamentarios aumentaron un 40% (pasaron de $ 100 millones a $ 140 millones en un año), y no incluyen el financiamiento para la nueva sede.

Ninguna esperanza
En este punto, no es un detalle menor advertir que el proyecto con el cálculo de ingresos y egresos para el año próximo, remitido por el Poder Ejecutivo el 31 de octubre pasado, carece de un mensaje político del gobernador. En los Estados que tienen algún mínimo de seriedad, estas iniciativas, precisamente, son precedidas por una introducción en la que el mandatario delimita, con conceptos, cuál es el programa que llevará a la práctica con los fondos que está solicitando.
Pero, claro, como en este caso no existe el menor detalle sobre las cifras, tampoco hay mención alguna a la plataforma de gestión. Una doble omisión, que por cierto, plantea un doble interrogante: o no hay plan de gobierno, o el plan del Gobierno es ocultar qué hace con la plata del pueblo.
Esta noche será un presupuesto menos. Y una vergüenza más.