Las seguridad en la provincia volvió a quedar bajo cuestionamiento con la fuga de cuatro detenidos de la comisaría 5ª. Se trata de episodios que se repiten en un contexto conflictivo y que genera inquietud en la comunidad. Hay un gran problema edilicio, una falta de coordinación de las tareas que lleva adelante la Policía, un incumplimiento de una acordada judicial y un relajamiento en la tarea de control de los carceleros, al menos en este caso puntual.
La fuga del jueves a la madrugada encendió la alarma, porque se reveló a partir de ella que hay unos 200 detenidos alojados en las diferentes comisarías de la provincia, pese a que por una acordada de la Corte Suprema no se puede mantener personas privadas de libertad en seccionales.
Sin embargo, sólo en la capital se contabilizan 110 detenidos en sedes policiales: 20 en la Alcaidía de la Dirección General de Investigaciones y 90 en calabozos de comisarías. Precisamente de estos inadecuados lugares de confinamiento se produjeron varios escapes: en enero, un preso se fugó de la comisaría de Los Pocitos; en julio, dos lo hicieron del local de Lules; en agosto, un detenido aserró los barrotes de la comisaría de Banda del Río Salí; y el jueves los de la seccional 5ª rompieron el candado de la puerta de la celda usando una barreta.
El problema edilicio está haciendo eclosión por la gran cantidad de detenciones que se producen desde que se modificó el Código Procesal Penal de la Provincia, y por el hecho de que muchos locales, que eran viejos e inadecuados, están siendo remodelados, como es el caso de la comisaría 1ª.
Esto ya genera sobrecarga en otras seccionales que aún siguen funcionando en condiciones precarias. La cárcel de Villa Urquiza, por otra parte, se encuentra con su capacidad de alojamiento desbordada, debido a que se trata de una edificación de muchos años, que en algunos sectores literalmente se cae a pedazos, por lo que prácticamente no puede recibir más detenidos, a excepción del sector de Máxima Seguridad, concebido y construido para alojar los presos peligrosos.
Las primeras medidas, luego de la fuga, han sido aprehender los cuatro policías que estaban de guardia en la seccional 5ª. Aparentemente estaban abocados a servicios externos de la comisaría, circunstancia que aprovecharon los presos para romper el candado y saltar las tapias de la seccional. Es decir que cabe la posibilidad de que se haya tratado de negligencia, si no es algo más grave, puesto que se cree que los presos hicieron ruido para escaparse, con lo que se agrava la situación de los policías..
En cuanto al problema edilicio, las autoridades encararon hace tiempo la construcción de una única alcaidía para albergar a los detenidos, pero esta solución aún está lejana, sobre todo por la incertidumbre económica. Esto obliga a que se busquen salidas en lo inmediato para enfrentar el problema. Una podría ser, acaso, el uso del pabellón de máxima seguridad de la cárcel, que tiene capacidad para unos 100 presos. Conviene que al menos aquellas personas contra las que la Justicia dictó prisión preventiva sean enviadas a un lugar de confinamiento en el que se den garantías de que no se producirán fugas. En este sentido, cabe señalar el hecho de que en la celda de la seccional 5ª había detenidos con preventiva que no quisieron escaparse. Pero esto pone de relieve la grave falencia de seguridad.
La otra medida inmediata debería ser el estricto control de las tareas que se llevan a cabo en las comisarías. En ambos casos, se debe actuar de inmediato, sin esperar a que algún día estén terminadas las grandes obras, sino controlando que se cumplan las normas y se impidan nuevas fugas.
