Tiempo de ponerse los pantalones largos

El problema de la inseguridad es complejo. No puede simplificarse comparándolo con una puerta giratoria, tal como dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la cual entren y salen las personas que la Policía detiene y la Justicia libera, según el concepto de la presidenta Cristina Kirchner. Reducida a valores de alto impacto emocional, la discusión iniciada respecto del proyecto del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de bajar la edad de imputabilidad de los menores, se traslada a todo el país. Y no está mal que así ocurra, porque, de un modo u otro, es una polémica tan general como recurrente: la inseguridad inquieta acá tanto como en Buenos Aires. Allá, el Gobierno apuntó sus dardos contra la Justicia (Néstor Kirchner les dijo a los jueces "que se pongan los pantalones largos") y los magistrados respondieron que, en gran parte, es un problema de políticas sociales y que el tema del delito necesita análisis más profundos que un mero discurso de barricada.
Tucumán tiene sus propios problemas. El asalto perpetrado el domingo en un salón de fiestas ubicado en la avenida Perón, en Yerba Buena, mostró el riesgo que acecha en uno de los sectores donde más se concentra la Policía, y a una sociedad en la que dominaba la idea de que la inseguridad se circunscribía a la peligrosa periferia y a esporádicos e inesperados focos en los lugares donde hay vigilancia permanente, como el centro y la "Ciudad Jardín". Ataques como el del domingo ponen en jaque la eficacia del sistema, que había sido destacada en agosto por el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera: "funcionarios de otras provincias nos piden informes para poner en marcha este modelo. Es una prueba de que no nos equivocamos", dijo. La estrategia, definida por el jefe de Policía, Hugo Sánchez, es, básicamente, patrullar y poner más equipos y más hombres (hay 7.800 y Sánchez dice que deberían ser 10.000 al menos). El objetivo: arrestar delincuentes y enviarlos a la cárcel. Por eso, en el último año fueron detenidas más de 2600 personas, siguiendo la orden del gobernador, José Alperovich: que los policías capturen a los malos. El mandatario dijo hace dos años que en la provincia hay unos 400 delincuentes conocidos que les hacen la vida imposible a los tucumanos, y que, si se los enviara tras las rejas durante cinco años, se terminarían los problemas. Ergo, la Policía mide su eficacia según la cantidad de aprehendidos. Obviamente, entre los detenidos del último año no estaban los que participaron del asalto al salón de fiestas el domingo. A menos que -siguiendo el discurso de barricada de Kirchner- hayan sido atrapados y liberados por la Justicia, a la que se acusa de ser excesivamente lenta y demasiado garantista.
Ahora bien, debido a la la crisis se acrecientan los problemas sociales y se teme el resurgimiento de la violencia. Lo dijo el gobernador hace pocos días, junto con el anuncio de que van a recortarse partidas. El primer anuncio fue la suspensión de la compra de vehículos y de equipamiento policial, con lo cual va a comenzar a resentirse el funcionamiento de esta estrategia policial.
Pero esta inquietud del gobernador debería ser más profunda. La cuestión de la seguridad (o la inseguridad) nunca ha sido una verdadera prioridad, más allá del discurso.
Como ha ocurrido en todo el país, los funcionarios han preferido dejar en manos de los policías este asunto, y por lo tanto las estrategias son las que los comisarios tienen más a mano, las que aprendieron hace 30 años, cuando imperaba el concepto de verticalismo, de reacción ante el delito (y no de prevención) y de fuerza de seguridad dispuesta a cubrir más las necesidades del Gobierno que las de la población. Y cuando las estrategias de seguridad fallan, se culpa con facilidad a la Justicia, que es lo que hace Kirchner ahora.

Sin estrategias
Pero, ¿qué cosas han cambiado en todos estos años? Ahora hay más policías, más armas y más autos. Se está informatizando la fuerza. Pero, ¿cuál es la estrategia? ¿Para qué informatizamos? ¿Se harán estadísticas criminológicas para definir objetivos de trabajo? ¿Hay capacitación? ¿Cómo se hace? Hace pocos días, durante el juicio contra un agente de la Policía Vial al que se le escapó un balazo y mató a un compañero, salió a la luz que el imputado no había recibido instrucción adecuada para manejar armas (había hecho sólo cuatro tiros en todo el curso) y que iba a trabajar cansado, porque en su día de descanso cumplía labores como policía adicional. Miles de efectivos trabajan de la misma manera, supervisados por los comisarios. Y así funciona la fuerza desde hace décadas. Con el agravante de que ahora hay más secciones y más divisiones especiales y más superposición de tareas. La burocracia de la Policía se mantiene intacta. ¿Y qué hace el poder político? Se asusta cuando hay estallidos, y saca leyes de emergencia. Pero después se olvida. Hace dos años se sancionó una ley para crear un registro de violadores, pero nunca se reglamentó. Quedó en el olvido, como quedaron perdidos los cargos de jueces de ejecución de sentencia, creados luego de la fuga de Tolosa, el matador del remisero Cisterna. Es decir: no sólo es grave legislar para la emergencia, sino que las cosas no cambian porque pasada la polvareda todo se abandona y aumenta la confusión.
El debate sobre la puerta giratoria es viejísimo, y tienen algo de responsabilidad los jueces que se escudan en la falta de recursos (de hecho, dependen de lo que quiera hacer el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria) y otro tanto los policías que detienen sin pausa y sin análisis para que después los jueces liberen. Pero, en realidad, es el Gobierno el primero que se lava las manos: lo dijo el experto en seguridad Marcelo Saín: "las políticas de seguridad deben ser generadas desde el Gobierno, que es el principal responsable... no hacen falta más policías, sino estrategias". Y lo cerró el juez Abel Fleming al señalar que esto va más allá del recurso de detener gente (y pedir que la tengan encerrada cinco años): "digámoslo claramente: más temprano o más tarde, las personas que cometieron delitos saldrán de la cárcel". ¿Qué se hará al respecto? Es el Gobierno el que tiene que ponerse los pantalones largos, organizar un debate más allá de la coyuntura y diseñar claramente una política de seguridad.