Un nuevo elemento de inseguridad jurídica ha agregado al país el Gobierno con la eliminación del sistema de jubilación privada y la creación de un único régimen previsional de reparto en manos del Estado.
La reacción adversa registrada fuera de nuestras fronteras no hace más que generar una mayor desconfianza en la Argentina como escenario de inversiones de capitales en medio de una crisis de alcance global. El Gobierno ha generado ese recelo con su política de estatizaciones forzadas de empresas públicas privatizadas. España salió más afectada por ese comportamiento gubernamental.
Antes que nada conviene tener presente en la cuestión previsional que los aportes efectuados por los trabajadores a las AFJP no pertenecen a estas ni tampoco al Estado nacional. Se trata de recursos ingresados por los ciudadanos por canales alternativos al sistema estatal, debido que jubilados de generaciones anteriores fueron despojados de sus ahorros por conducciones gubernamentales inescrupulosas.
Desde la perspectiva normativa, cabe señalar, entonces, que las cuotas partes integradas por los trabajadores a las AFJP están amparadas por el artículo 17 de la Constitución Nacional, cuyo texto establece que “la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
La disposición de marras es de claridad meridiana: cualquier apropiación de esos fondos previsionales requerirá de una ley de expropiación, que justifique la utilidad pública y la indemnización del caso. Ninguna autoridad puede ignorar ese severo condicionamiento que traba los despojos a la propiedad privada. Los argumentos invocados por el Poder Ejecutivo Nacional para justificar el despojo carecen de solidez. En efecto, se acusó a las administradoras de haber efectuado operaciones ruinosas con los títulos.
En realidad, fue el Gobierno el que hundió en la desvalorización sus propios bonos, ya que manipuló los índices de inflación oficiales para disminuir el endeudamiento. La crisis del Indec es ya verdad asumida por empresarios, trabajadores y expertos, con el consiguiente desprestigio de la imagen de la Argentina, ante el mundo. A esta apreciación debe adicionarse otra tan indiscutible como aquella: fue el intervencionismo estatal el que obligó a las empresas a invertir en tales títulos.
La historia enseña también que el manejo de los fondos jubilatorios por el Estado no deparó haberes compatibles con el nivel de aportes realizados por los afiliados a las distintas cajas. Pretender, consecuentemente, que el jubilado verá protegidos sus ahorros mejor por la gestión del Estado que por la de las AFJP, resulta un atentado contra el sentido común y contra la experiencia acumulada durante décadas. El análisis de la situación global revela que el Gobierno federal se propone destinar la cuantiosa apropiación de recursos de propiedad de los jubilados al financiamiento del gasto fiscal en un año electoral. El clientelismo político necesita de una asistencia permanente y de una inyección de dinero que podría dirigirse hacia otras finalidades de bien público. Ante esta realidad, es de esperar que el Congreso evite el despojo que se intenta consumar.
Los congresistas deben tomar conciencia de que, antes que la lealtad a una identidad partidaria, está el sentido de bien común. Por lo tanto, frente al riesgo de legalizar un auténtico robo a los aportantes a las AFJP, tienen la opción de proceder con ajuste a la Constitución, cuya vigencia se comprometieron a respetar.
