Establecimiento del Impuesto al Banco

El Banco del Tucumán SA presta un servicio muy importante al Gobierno de esta provincia: es su agente financiero. A cambio, disfruta de condiciones ventajosas para su tarea como entidad crediticia.
Goza, en primer lugar, del monopolio del cobro de los impuestos provinciales. Además, los agentes públicos y los jubilados de la provincia cobran sus haberes a través de cajas de ahorro de esa institución bancaria. Representan, según calculó el legislador Osvaldo Cirnigliaro en la última sesión legislativa, una cartera cautiva de 100.000 clientes. Con ellos promueve una política de negocios con tarjetas de crédito y préstamos que, técnicamente, tienen una tasa de recupero del 100%: el Banco del Tucumán cobra lo que le deben mediante el descuento por planilla.
Complementariamente, el banco maneja el dinero del Presupuesto General de la Provincia, que entre 2006 (cuando el Macro se hizo cargo del Banco del Tucumán, que compró al Comafi a fines de 2005) y este año totalizará, en números redondos, unos $ 14.000 millones. Al respecto, Cirnigliaro (a la sazón, ex ministro de Economía de Tucumán) planteó un ejercicio mental inteligente. Consiste en que si pudiera suponerse que, en un marco de estricta legalidad, la entidad financiera ganó tan sólo un ínfimo 2% en la administración de ese dineral, obtuvo (siempre hablando de manera hipotética) $ 280 millones en esos tres años. O, si se prefiere, un promedio de $ 7,8 millones por mes.
La cifra (siempre en el plano de la suposición) es tentadora, teniendo en cuenta que el banco funciona desde hace siete años cobrándole a la provincia (hasta el mes pasado) $ 550.000 por mes. Porque, pese a las ventajas enumeradas, le cobra al Gobierno por ser su agente financiero.
Los beneficios no acaban aquí. El Ejecutivo montó operatorias para beneficio de empresas constructoras privadas, en las que el Banco intervino. Como la Nación demora el envío de remesas para obras públicas, la Provincia le pidió al Banco del Tucumán que les diera préstamos a esas contratistas, las que cancelan el capital con la presentación de los certificados de obra. La Provincia le da al agente financiero la plata cuando la Nación la deposita y se hace cargo de los intereses. Esos intereses son los que fija el Banco Central mediante la tasa Bogar, a los que el Ejecutivo sumó un oscuro y antojadizo 5%.
La provincia, además, se constituye en garante de esos préstamos: el banco nunca pierde.
Pero hay más. El banco ya no le paga alquiler al Gobierno. A fines de julio pasado, la ley 8.096 autorizó al Ejecutivo a venderle 13 inmuebles (distribuidos en varias ciudades de la provincia) al Banco Macro. Eran sucursales del ex Banco de la Provincia de Tucumán, que, según publicó oportunamente LA GACETA, se negociaron por unos $ 12 millones. La operación fue directa: sin una licitación pública que permitiera que a las propiedades se las llevara el mejor postor.
Ese dinero será quemado en la compra de maquinaria vial, sin licitación ni transparencia, para que la democracia asfaltadora no detenga la pavimentación más cara de la historia: esa en la que los tucumanos canjeamos institucionalidad por cordones cuneta.
Ahora bien, en el lejano agosto de 2001, la provincia ganaba $ 1 millón por mes por el cobro de esos alquileres, según lo reveló el propio José Alperovich, entonces ministro de Economía, a este diario. Quiere decir que el Banco amortizó (y a valores de hace siete años) su inversión en 12 meses. Y la provincia remató inmuebles que, además de no devaluarse, le daban plata mes a mes.
En este contexto, el gobernador decretó, y la arrodillada Legislatura luego convirtió en ley, la renegociación del contrato con el Banco del Tucumán. A partir de este mismísimo mes, la entidad crediticia no pierde ninguna de las ventajas con las que cuenta, pero por prestar los mismos servicios, en pesos argentinos, y con empleados tucumanos, cobrará el triple. Es decir, ganará mensualmente poco más de $ 1,5 millón. Y como los tucumanos son alrededor de 1,5 millón, puede inferirse que la Cámara, en realidad, acaba de crear el Impuesto al Banco, por el cual todos los tucumanos deben abonar $ 1 por mes, a cambio de tener el banco que tenemos. Porque, resulta obvio después de todo lo descrito, el agente financiero no se queda en la Provincia precisamente por el canon que le pagan. En consecuencia, esos honorarios son, en realidad, un tributo que los tucumanos tienen que pagar.

La deuda neonata
Además del Impuesto al Banco, la renegociación del contrato con el agente financiero implica para los tucumanos tener que pagar una deuda de $ 8,7 millones que acaba de nacer. Eso sí, dice el Gobierno que pagando el triple de canon mensual y también ese pasivo, hicimos un negocio redondo.
La versión oficial, impresa en el decreto 77/3, y reproducida en los justificativos de la ley aprobada el jueves, cuenta que el Banco del Tucumán planteó que su canon, históricamente, estuvo fijado en dólares. Y durante la dulce mentira de la Convertibilidad no hubo problemas con que se lo pagaron en pesos. Pero desde 2002, en lugar de 550.000 dólares reverdecidos les pagan 550.000 pesos empobrecidos. Por ende, sacaron la calculadora, multiplicaron esa cifra por tres y determinaron que les debían más o menos $ 1 millón por mes, lo que multiplicado por casi 7 años, les dio por resultado un reclamo de $ 89 millones.
La Provincia, según dijo el legislador José Alberto Cúneo Vergés en el recinto, hizo otro cálculo: dijo que se pesificó el contrato a $ 1,40 más CER y eso le dio una deuda de $ 8,7 millones. En Casa de Gobierno hay otra versión: le dijeron al banco que el Estado podía considerar prescripto todo reclamo anterior a 2007, por lo que, en definitiva, acordaron dolarizar el canon mensual en una relación 1 dólar igual a 3 pesos, retroactivo a enero pasado. Lo que derivó en una diferencia de casi $ 1 millón por mes, o casi $ 9 millones hasta setiembre.
Sea como fuera, de una manera casi mágica, el banco decidió que era mejor cobrar $ 8,7 millones y decidió no reclamar $ 89 millones. O sea, decidió perder $ 80 millones, lleno de orgullo y bizarría. Y firmó feliz la renegociación. Queda claro que, mientras la Nación adelantó los relojes una hora, la Provincia adelantó el calendario 60 días. Porque mientras llegó la Navidad renegociadora para unos, el Gobierno quiere que los otros (o sea, el pueblo) crean en Papá Noel.

Las leyes, a la cola
El mayor problema que enfrenta el cuento oficialista consiste en que, en principio, al banco no debió reconocérsele $ 1 peso de deuda. Y, si correspondía actualizar su canon mensual, de ninguna manera puede justificarse ese aumento en nombre de la pesificación asimétrica. En todo caso, debió haber un estudio de costos riguroso. Si lo hay, no llegó al Poder Legislativo.
La cuestión fue expuesta con meridiana claridad en el recinto por el opositor Esteban Jerez. En los mismos términos en los que, antes, planteó la denuncia contra Alperovich y el titular del Banco Macro, Jorge Brito, por supuesto fraude en perjuicio del Estado.
Por un lado, la renegociación parece contradecir la legislación nacional. Dice el artículo 8 de la ley 25.561 (la provincia adhirió mediante la ley 7.195): "en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras, y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio $ 1 = U$S 1".
Los decretos 214/02 y 410/02 ratificaron y clarificaron esa disposición. Eso se comprueba con el dictamen 890 que la Fiscalía de Estado tucumana dictó el 3 de abril de 2003. Invocando esas normas, el Estado tucumano resolvió entonces que el contrato de compraventa en dólares del terreno de Los Pocitos (hoy, Lomas de Tafí) con el ahora extinto Banco Empresario, debía pesificarse en una relación U$S 1 = $ 1.
En otros términos, la Provincia aplica la pesificación directa para la compra de bienes, como un inmueble, pero dolariza la simple prestación de un servicio, como el de su agente financiero.
Por otra parte, los resultados de la negociación con el Banco del Tucumán lucen contradictorios con la emergencia económica, pautada en 1999 por la ley 6.970 y prorrogada desde entonces.
En su artículo 5, esa norma suspende la ejecución de sentencias judiciales, actos administrativos, laudos arbitrales y acuerdos transaccionales. Léase, contratos. Y fija la ley, además, que quien quiera ejecutar al Estado puede optar por cobrar en títulos públicos. En cambio, si prefiere efectivo, debe esperar al año siguiente al del cese de la emergencia económica. O sea, nunca.
Sin embargo, como denunció Jerez, aquí ni siquiera hubo que llegar a una instancia judicial: todo se arregló en sede administrativa. El banco dijo que le debían una fortuna, de la que el Gobierno reconoció el 10%, y todos amigos. Y mientras miles de tucumanos esperan por cobrar los juicios ganados a la Provincia, el agente financiero cobrará sin hacer cola.

Oportunas casualidades
En rigor, la historia se empeña en mostrar que, por obra de una trágica casualidad, los tucumanos nunca salieron ganando en las negociaciones con el Banco del Tucumán, en las que Alperovich siempre jugó un papel clave.
En el 96 se privatizó el BPT, cuando el hoy gobernador presidía la comisión de Hacienda de la Legislatura. El Banco Comafi debió pagar $ 10 millones por él, pero sólo abonó $ 1 millón: a los $ 9 millones restantes se los fue descontando a la Provincia del canon mensual de U$S 750.000 que debía cobrar. Y de la gran cartera de morosos del ex BPT, sólo se hizo cargo de $ 32 millones, pero con la provincia como garante solidaria. En 2000, con la primera refinanciación de la deuda pública, la Nación le prestó $ 218 millones a Tucumán: $ 32 millones fueron para el Comafi, que no había podido cobrar un solo peso de los deudores.
O sea, vendimos el banco por $ 10 millones, cobramos $ 1 millón, y después pagamos $ 32 millones. Alperovich era el ministro de Economía.
Desde ese cargo, en agosto de 2001, renegoció el contrato con el Comafi. El banco bajó su canon de U$S 750.000 a U$S 550.000 mensuales y no lo cobró durante los seis meses siguientes: fue un ahorro de $ 2,2 millones, pero momentáneo, porque la Provincia se comprometió a devolver $ 1,1 millón entre abril y octubre de 2002. A cambio, el banco no perdió ninguna prerrogativa y, además, consiguió que su contrato, vigente hasta 2006, fuera prorrogado hasta 2011.
En medio, llegó el actual 2008, en el que la Provincia decidió triplicar el canon mensual y llevarlo a $ 1,5 millón, más el pago de la ignota deuda de $ 8,7 millones. Todo eso, a cambio de nada.
Por cierto, estas condiciones son una oportuna buena noticia para el Macro, considerando que, según informó esta semana La Nación, sus acciones cayeron, entre agosto y la semana pasada, un 36%. Ahora, tendrán un ingreso no previsto de $ 12 millones para 2008 (cobro de una deuda de casi $ 9 millones y aumento del canon en $ 1 millón desde octubre), y un incremento de sus ingresos de $ 12 millones para 2009, sólo en la filial Tucumán, y nada más que por los honorarios mensuales.
Ahora bien, es dudoso que el impacto sea igualmente beneficioso para Tucumán. Aquí, las consecuencias del crac de la legalidad parecen irreparables.