12 Octubre 2008 Seguir en 
Hasta hace unos 20 años, los flagelos sociales y las modas que eran propios de los países desarrollados tardaban bastante tiempo en llegar a la Argentina. Los avances tecnológicos y de las comunicaciones llevaron al mundo la globalización de las realidades positivas y negativas. A fines de la década de 1980, el consumo de droga era propio de una minoría con poder adquisitivo y nuestro país era considerado un lugar de tránsito en el tráfico de estupefacientes. Pero todo cambió. Tucumán se ha convertido en un centro de consumo y de distribución.
En su homilía del 24 de setiembre pasado, el arzobispo Luis Villalba señaló que la droga es sinónimo de muerte y que en sus recorridos por la arquidiócesis recoge el eco doloroso de muchas familias cuyos hijos están atrapados en el consumo de estas sustancias, así como de sus secuelas de muerte y destrucción. También dijo que muchos docentes le manifestaron su preocupación y su impotencia para enfrentar este mal, que está afectando hasta a los niños. "No podemos permanecer indiferentes. Entre todos debemos generar una red social que propicie la cultura de la vida que comprenda a padres, docentes, funcionarios, medios de comunicación, instituciones religiosas y a todos los ámbitos sociales. La situación es grave y requiere una acción mancomunada de toda la sociedad, que pueda transformarse en política de Estado", aseveró.
Durante una reunión que los jueces federales mantuvieron con el ministro de Seguridad Ciudadana, este les aseguró que la Policía de la Provincia no tiene los medios ni la capacitación para enfrentar organizaciones de narcotraficantes. A su vez, el subjefe de Policía indicó que en Tucumán se ha instalado la comercialización de drogas. Si bien en lo que va del año se incrementó en un 15% el secuestro de estupefacientes en comparación con 2007, la situación es preocupante. El oficial jerárquico señaló que la fuerza necesita más medios para realizar tareas antidrogas. Relató que no es frecuente que los detenidos lleven grandes cantidades de droga. De hecho, el 90% de las causas que llegan a la Justicia Federal se tramitan por tenencia simple.
El proyecto del Gobierno nacional de despenalizar el consumo de drogas viene generando un debate interesante que debe profundizarse aún más. Lo que está en discusión es la modificación del inciso 2 del artículo 14 de la ley 23.737, que señala: "Será reprimido con pena de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". En un relevamiento, realizado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia en 2007, se les preguntó a 160 padres tucumanos si podrían reconocer si su hijo está bajo los efectos del alcohol o de la droga y si sospechara que se droga adónde acudiría. Más del 90% respondió negativamente. Ante la pregunta de qué cosas haría para que su hijo rechazara la oferta de drogas, casi el 100% respondió que no lo sabía.
La Policía admite que no posee medios ni capacitación para combatir las mafias de narcotraficantes; los padres, en general, están desinformados respecto de la droga y adónde deben pedir ayuda; tampoco se ha generado un debate amplio en los distintos estamentos de la sociedad sobre qué hacer con este flagelo, ni tampoco existe una política de Estado.
Sería oportuno que en la Jornada "Políticas de prevención regiones NOA y Nuevo Cuyo. Proyecto modificatorio de la ley 23.737", que se realizará el martes en nuestra ciudad, se consideraran estos aspectos a la hora de hablar sobre la despenalización de la droga.
En su homilía del 24 de setiembre pasado, el arzobispo Luis Villalba señaló que la droga es sinónimo de muerte y que en sus recorridos por la arquidiócesis recoge el eco doloroso de muchas familias cuyos hijos están atrapados en el consumo de estas sustancias, así como de sus secuelas de muerte y destrucción. También dijo que muchos docentes le manifestaron su preocupación y su impotencia para enfrentar este mal, que está afectando hasta a los niños. "No podemos permanecer indiferentes. Entre todos debemos generar una red social que propicie la cultura de la vida que comprenda a padres, docentes, funcionarios, medios de comunicación, instituciones religiosas y a todos los ámbitos sociales. La situación es grave y requiere una acción mancomunada de toda la sociedad, que pueda transformarse en política de Estado", aseveró.
Durante una reunión que los jueces federales mantuvieron con el ministro de Seguridad Ciudadana, este les aseguró que la Policía de la Provincia no tiene los medios ni la capacitación para enfrentar organizaciones de narcotraficantes. A su vez, el subjefe de Policía indicó que en Tucumán se ha instalado la comercialización de drogas. Si bien en lo que va del año se incrementó en un 15% el secuestro de estupefacientes en comparación con 2007, la situación es preocupante. El oficial jerárquico señaló que la fuerza necesita más medios para realizar tareas antidrogas. Relató que no es frecuente que los detenidos lleven grandes cantidades de droga. De hecho, el 90% de las causas que llegan a la Justicia Federal se tramitan por tenencia simple.
El proyecto del Gobierno nacional de despenalizar el consumo de drogas viene generando un debate interesante que debe profundizarse aún más. Lo que está en discusión es la modificación del inciso 2 del artículo 14 de la ley 23.737, que señala: "Será reprimido con pena de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". En un relevamiento, realizado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia en 2007, se les preguntó a 160 padres tucumanos si podrían reconocer si su hijo está bajo los efectos del alcohol o de la droga y si sospechara que se droga adónde acudiría. Más del 90% respondió negativamente. Ante la pregunta de qué cosas haría para que su hijo rechazara la oferta de drogas, casi el 100% respondió que no lo sabía.
La Policía admite que no posee medios ni capacitación para combatir las mafias de narcotraficantes; los padres, en general, están desinformados respecto de la droga y adónde deben pedir ayuda; tampoco se ha generado un debate amplio en los distintos estamentos de la sociedad sobre qué hacer con este flagelo, ni tampoco existe una política de Estado.
Sería oportuno que en la Jornada "Políticas de prevención regiones NOA y Nuevo Cuyo. Proyecto modificatorio de la ley 23.737", que se realizará el martes en nuestra ciudad, se consideraran estos aspectos a la hora de hablar sobre la despenalización de la droga.







