Hacia un Bicentenariocon federalismo

Con la notoria liberación del Poder Legislativo de su dependencia presidencialista, a partir del debate sobre las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, el Congreso está retomando su rol constitucional en diversas cuestiones fundamentales. Las mesas de entradas de ambas cámaras han quedado abiertas a iniciativas de todo tipo y los debates ocupan un espacio en el interés público, inédito desde la masiva delegación de facultades y superpoderes en el Gobierno durante el último lustro. Todo ello está aconteciendo a dos años del Bicentenario cuya ambiciosa agenda postula el Gobierno en frecuentes ocasiones, sin proponer temas verdaderamente sustanciales e inclusive menospreciando el trascendente centenario que mostró las grandes realizaciones que honraron a la Nación en aquella circunstancia. Difícilmente en un temario de tal naturaleza pueda haber en esta oportunidad algo más trascendente que la restauración del federalismo, cuya demolición puso en evidencia la crisis del campo, provocada por el extremado centralismo tributario que sometió las autonomías provinciales al poder central, con la tolerancia y en otros casos la presión sobre los gobernadores que se resignaron a la voluntad presidencialista. Liberado el Congreso bajo la presión extrema de la crisis, son ahora los representantes del pueblo y de las provincias quienes están en capacidad de promover esa restauración federalista como tributo al Bicentenario.
   Hace ya más de 11 años de la fecha límite establecida por los constituyentes reformadores de 1994 en la cláusula complementaria de la reforma, para sancionar el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, sin que haya habido novedades al respecto. Puede afirmarse que, con el transcurso del tiempo, esa disposición transitoria ha dejado de serlo para convertirse en un mandato constitucional incumplido. La cámara iniciadora debe ser el Senado pero desde hace algo más de una década no pudo lograrse un acuerdo precedido por la voluntad compartida del Gobierno central, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En ese desinterés  subyace la progresiva desinstitucionalidad en la vida pública del país en desmedro del sistema federal fortalecido por la Constitución histórica y la Organización Nacional, que hicieron de la Argentina una destacada nación en el mundo. En la actualidad, el apremio del Bicentenario permitiría que el Congreso presionara a la Nación y las provincias a reunirse para concretar esa reforma, a la que ningún sector integrante de la República podría resistirse.
   Poner fin a la prolongada crisis del federalismo tributario con la atención  puesta en el Bicentenario será un proceso lento y complejo que requiere volver a la raíz del pensamiento histórico de José Gervasio de Artigas y Manuel Dorrego, quienes partían de la condición ineludible del sistema de autosostenimiento económico de las instituciones locales. La regla era mantener para la Nación los tributos equivalentes a su gasto, dejando a las provincias los mejor identificados con sus respectivas jurisdicciones y previniendo un régimen de compensaciones para las de menor capacidad recaudadora.
   Desde esa base histórica mucho puede haber variado, pero un análisis conjunto de la prolongada experiencia habrá de adecuarlo. Los dos poderes políticos y las provincias deberán asumir esas responsabilidades para que en el Bicentenario presenten ante la nueva realidad internacional un país auténticamente federal que dejó atrás la oscura historia de un prolongado desorden institucional donde la inseguridad jurídica y la desconfianza coronaron la falaz pretensión de “vivir con lo nuestro”.