La polémica movilidad jubilatoria

El 29 de julio el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto oficial sobre movilidad jubilatoria, ante cuyas comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó que es deseo que la ley resultante se produzca por consenso. Sin embargo, los primeros cruces del debate sobre el dictamen permitieron advertir que está muy lejos de que ello sea posible, pues la fórmula de la iniciativa gubernamental establece un índice de actualización que combina la evolución de los precios, según el Indec, y el 90% de la recaudación tributaria dedicada a la seguridad social.
   Esa fórmula, cabe consignar, no incluye la Prestación Básica Universal (PBU), parte sustancial de la suma que los jubilados perciben mensualmente. Igualmente se ha cuestionado la posibilidad de que si la recaudación fuera en algún período inferior al índice propuesto, se aplicaría el  anterior; es decir, que si la recaudación no aumenta las jubilaciones tampoco lo harán.
   Es muy improbable que pueda haber consenso en ese proyecto y, si lo hubiera, se sancionaría una ley que implicaría la vigencia de dos sistemas de movilidad vigentes, pues la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la pauta a seguir en  las variaciones anuales es la del nivel general del índice de salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
   El debate del proyecto de movilidad oficial ha encontrado en consecuencia un generalizado cuestionamiento en los sectores sindicales oficialista y opositor, como la pretensión de que se haga efectiva en dos fases anuales, a partir del año próximo, mientras la Anses dispone de recursos con los que abonará a los beneficiarios de fallos judiciales bajo la doctrina de la Corte Suprema. Hasta junio del año último se habían acumulado 420.000 demandas en los tribunales y seguramente seguirán haciéndolo ante la decisión de la Anses de no apelar los fallos adversos.
   El organismo oficial del sistema de reparto es por otra parte una suerte de banco del Estado al que el gobierno apela cada vez que requiere fondos con  fines muy diversos, colocándole compulsivamente hasta fines de julio último 4.550 millones de pesos en bonos , amén de compras adicionales de Letras del Tesoro por 500 millones.
   Los intereses que paga el fisco están entre el 8,50% y el 8,85 anual, muy alejado del 15% que le cobró al gobierno de Hugo Chávez por los 1.000 millones de dólares que el venezolano vendió de inmediato.
   En tales circunstancias, la movilidad jubilatoria que pretende el gobierno del Congreso resulta un tanto desajustada de la credibilidad y confianza que demanda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que 13 años después llega a la mesa de debate reglamentaria políticamente presentada como una concesión presidencial extraordinaria.
   Un tercer factor que demanda la atención del Congreso es que los engañosos índices del Indec no se corresponden con los de los acuerdos salariales que, pese a la presión gubernamental sobre el unicato sindical, que de hecho es parte del poder como integrante del kirchnerismo, duplican y hasta triplican el índice de precios al consumidor del organismo estadístico.
   De tanto en tanto, desde la restauración constitucional, el poder ha hecho lo suyo para embarrar los intereses previsionales, pero en esta ocasión parece haberse enredado en el intento de recuperar a los sectores medios.