Borrón y cuenta nueva, pero con superávit fiscal

Hay 450 millones de razones para pensar que el año fiscal puede terminar sin grandes contratiempos en Tucumán. Al llegar esta época, las finanzas públicas comienzan a sentir el peso del incremento del gasto; en parte por las subas salariales, pero también por los agujeros negros que se le abrieron a los gobernadores por la notoria merma en el envío de fondos discrecionales para obras públicas. Aquellos 450 millones son en pesos y son el estimado de lo que será la ampliación presupuestaria en la provincia que, próximamente, enviará el Ejecutivo a la Legislatura, mediante un proyecto de ley.
Lo que se prometió desde la Casa Rosada no se puede cumplir por un problema de caja. A la Nación le faltan recursos para llegar a fin de año y, lo peor, tiene que remar contra la corriente para mostrarle a los inversores y a los mercados financieros que no hay riesgos de cesación de pagos (default). Por más que se anuncien aumentos del superávit fiscal, ese resultado es parte de una fotografía general. Si uno agarra una lupa verá que, tras ese entramado de números, hay problemas de fondo. El federalismo fiscal se limita sólo a transferir los fondos coparticipables que, por ley, la Nación está obligada a remitir a las provincias. Los subsidios (que sólo benefician a los habitantes del Gran Buenos Aires) crecieron un 65% durante el primer semestre del año, destinando unos $ 20.000 millones del presupuesto para ese fin. ¿Las provincias? Bien, gracias. En ese mismo período, los distritos del interior del país recibieron $ 6.000 millones por transferencias discrecionales que, generalmente, se redistribuyen más entre los gobernadores aliados al kirchnerismo que en los contestatarios al oficialismo. Esa cifra no sólo representa tres veces menos que lo que la Nación destina para subsidiar servicios privatizados. También es menor que lo que giró en la primera mitad de 2007, una mala señal si se toma en cuenta la inflación real.
Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa haciendo caja, en Tucumán el aliado gobernador José Alperovich transpira cada vez que su ministro de Economía, Jorge Jiménez, le acerca los números fiscales de la provincia. "Hay que hacer piruetas para pagar los aumentos salariales y para mostrar que no se detiene la obra pública", comenta un allegado a Alperovich, más volcado a las decisiones políticas que al manejo de las cuentas públicas.
La ampliación presupuestaria no sólo servirá para poner blanco sobre negro en un presupuesto siempre subestimado, aunque asciende a $ 5.000 millones. Mostrar menos de lo que entra fue siempre la filosofía de los conductores del área económica. Esto evita alentar reclamos de más dinero por parte de distintas reparticiones y, además, sujeta a los acreedores. Alperovich necesita contener a sus aliados políticos, aún dejando atrás algunos principios. Por ejemplo del que la Legislatura puede funcionar con $ 100 millones. Claro que eso era antes de avalar las subas salariales y de evitar medir la inflación real. Ahora, el vicegobernador Juan Manzur requerirá no menos de $ 20 millones para llegar hasta diciembre sin sofocones financieros. Hay un pedido desde el Ejecutivo: el proyecto de ampliación debe estar sancionado en los primeros días de setiembre. Hay una necesidad de la Cámara: contar cuanto antes con el dinero, porque el presupuesto se agota.
Otro aliado por conveniencia del alperovichismo pasó ayer por la Casa de Gobierno. El Ejecutivo necesita sostener la gestión municipal del intendente Domingo Amaya, más allá de los inentendibles errores de comunicación por el veto a un proyecto respaldado por el propio gobernador. A Alperovich nada le pasa por alto. En este caso, sus allegados dicen que no está dispuesto a ventilar los cortocircuitos con Amaya. Algunos funcionarios no dejan de preguntarse cómo hace la Municipalidad para tener 200 frentes de obras abiertas con una coparticipación altamente afectada. Por ahora habrá borrón y cuenta nueva con superávit.