Piel curtida

La pregunta central, en el caso del joven Francisco Javier Soria, que apareció muerto hace un mes en una celda de la seccional 3ª, es si esta tragedia se podría haber evitado. El chico era problemático y adicto, y, según su madre, se metía en líos. De hecho, la Policía le avisaba cuando lo detenían para que fuera a buscarlo, pero en esta ocasión la llamaron cuando era tarde. Y no fue lo único extraño: tampoco se avisó al juez de Menores, a pesar de que no se puede detener ningún menor de 18 años en una comisaría. En esos días, se dio por sentado que tenía más de 18 años. Ahora se sabe que no y se descubre que se hicieron muchas cosas mal.
Esta historia toca de lleno una parte del sistema penal que los tucumanos -y los argentinos- no queremos resolver o, en el mejor de los casos, no sabemos cómo hacerlo. La conflictividad de los menores ha crecido en forma geométrica en los tres últimos lustros y nuestras instituciones siguen respondiendo igual que antes. Y también del mismo modo, se trate de chicos problemáticos de las clases media o alta -casos de violencia escolar o de grupitos agresivos de varones o mujeres, como la "Banda del Portón", la "Banda del Quiosquito" o el "Quinteto Logo"-, de bandas de chicos asaltantes, como las "Callejeritas" o de adolescentes que hacen estragos en ciertas zonas difíciles de la ciudad, como Villa 9 de Julio, a quienes taxistas y remiseros les tienen pánico.

Desbordes y quejas
Las respuestas de las instituciones fueron similares siempre. Los jueces de Menores, desbordados, reclamaron en los momentos de crisis que se implemente un tratamiento integral del problema, pero este nunca llega: se dice que hay unos 1.500 adolescentes detenidos en instituciones del país.
Los jefes policiales responsabilizan a los padres y se quejan de que la ley es excesivamente benévola con los chicos violentos. Sostienen, incluso, que permite que mayores planifiquen delitos y usen menores para que los lleven a cabo sin problemas. Tanto magistrados como policías reconocen no saber qué hacer con chicos violentos y/o adictos... y dicen que son la mayoría. El Estado no hace nada hasta que estalla algún escándalo, e incluso entonces reacciona como si todos, jueces, fiscales, policías y la sociedad entera, tuviesen la piel curtida y no les afectara el problema. Pero sí afecta, a todos.
La pregunta sobre la muerte de Francisco Soria -¿se podría haber evitado?- se mezcla con los casos de injusticias que no llegan a tragedias pero que se cometen en las comisarías por falta de control y de capacitación de los policías para tratar con menores y, en especial, con menores adictos (como parece haber sido este caso). Obviamente, tampoco precen haber sido capacitados para impedir que un adolescente fuera encerrado en un calabozo.
El Estado nacional acaba de dictar una resolución para adecuar los mecanismos de restricción de libertad a menores según las normas protectivas y de derechos internacionales. Lo hizo por el caso de Walter Bulacio, fanático ricotero muerto en una celda la comisaría 35ª de la Capital Federal en 1991. El ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, anunció que se conformará una comisión de expertos para modificar las normas y los edictos policiales que se aplican en muchas provincias, y que permiten a los policías detener gente sin comunicarlo a los jueces. Esto debería incluir también a Tucumán, donde rige la ley de Contravenciones Policiales, cuestionada pero justificada -en general- como una forma de prevenir delitos cuando son aún infracciones.
Si no se cumple con la capacitación elemental y no se busca crear condiciones de trabajo distintas frente a una situación evidentemente distinta, ¿qué se puede esperar, sino que se acreciente el problema? En uno de sus reclamos públicos, el juez de Menores Raúl Ruiz, asustado por la violencia de los chicos marginales, pidió que se enfoque el problema multidisciplinariamente, y que organizaciones no gubernamentales ayuden a los padres a contener a sus hijos. "Al mes, todos se olvidan y seguimos con la misma situación. Nada cambia", dijo. El reto es para todos, incluidos los jueces.