Hay que pasar otro invierno

El mercado laboral de Tucumán se asemeja al tradicional juego de la silla cada vez que cambia el ciclo económico. En pleno proceso productivo, la mayor parte de las empresas constructoras y textiles sintieron los coletazos del conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario. Decidieron suspender o prescindir de los empleados. El segundo trimestre de este año no fue un buen período para la generación de empleo. De hecho, las propias estadísticas oficiales así lo señalan: una baja del 0,6% en la creación de puestos en el sector privado formal.
Tal vez esa disminución no refleje la gran masa de asalariados tucumanos (puede representar sólo 300 puestos menos), pero sí un proceso de desaceleración económica que encontró en mala posición a las empresas radicadas en la provincia que decidieron desensillar hasta que el temporal pase. Muchas de esas empresas esgrimieron "razones de la demanda" para prescindir de personal. En otras palabras, reconocieron que la disminución de la demanda de bienes y/o servicios torna insostenible el costo salarial. Otras, en tanto, dieron por finalizados los contratos por tiempo determinado, como señal de cautela para recuperar fuerzas tras más de cuatro meses de incertidumbre acerca del rumbo económico.
En el Gobierno parece que también se mantuvo cierta cautela a la hora de contratar personal. El Gobierno había incorporado cerca de 9.000 empleados públicos hasta junio del año pasado. Y ahora, según datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, publicado por el Ministerio de Economía de la Nación, la dotación de estatales se plantó en 75.000 cargos. De acuerdo con la Ley 7.965 (Presupuesto vigente), el total de empleados permanentes en Tucumán es de 53.533 cargos, lo que indica que más de 22.000 personas ingresaron al Estado como personal temporario o como personal político.
Esta semana se abre una discusión interna por los cargos que se pretenden crear y por los cuales cada ministro, secretario de Estado, subsecretario o titular de entes autárquicos deberá definir si contrata más personal. La Dirección de Presupuesto les dio plazo hasta el lunes para informar sobre la cantidad de trabajadores por sector. Ese no es el principal problema. Sucede que para esta época empiezan las luchas internas por los ascensos y por las recategorizaciones, un dato no menor si se tiene en cuenta que 2009 será un año eminentemente electoral.
En el medio juegan los reclamos por los incrementos salariales que ponen en vilo al Gobierno. Sucede que la partida que inicialmente se proyectó para atender esos reclamos ya se agotó en marzo, cuando el Poder Ejecutivo decidió un aumento generalizado en los salarios que insumieron, según los cálculos oficiales, unos $ 120 millones más a una partida de gasto salarial de $ 2.100 millones anuales, casi la mitad del presupuesto general.
En la Casa de Gobierno, el clima interno se enrarece por la virulencia de las quejas por mejoras en las remuneraciones que hacen distintos sectores. Varios funcionarios provinciales tocaron la puerta de distintos despachos de la Capital Federal sin encontrar la soga financiera salvadora para atender futuras demandas salariales.
En este contexto no cesa el descontento hacia la Casa Rosada por adoptar medidas que, si bien potencian la imagen presidencial, dificultan la acción en las provincias. Costos políticos que deberán pagar los gobernadores; costos fijos adicionales que se les avecinan a los empresarios por el incremento en el salario, mínimo, vital y móvil.
Varias compañías ya se cubrieron frente a una crisis no deseada: suspendieron personal o bajaron horas de trabajo. Pero en el Estado la situación es más complicada: un mayor incremento de lo previsto en la partida de personal puede poner a la provincia al borde del déficit fiscal, un pecado para quienes administraron millonarios pozos de dinero en épocas de bonanza.