El sinuoso rumbo de la crisis rural

La reunión de la Mesa de Enlace de los sectores agropecuarios con el secretario de Agricultura ha demostrado otro fracaso del intento divisionista gubernamental contra la alianza del campo. Empecinado en sus empeños, el Gobierno nacional debería aleccionarse en que las intransigencias solo sirven generalmente para consolidar lo que se pretende eliminar. Breves días transcurrieron desde que por orden presidencial el responsable de ese departamento de Estado, Carlos Cheppi, dispusiera no concurrir a la exposición rural, ni permitirlo a ninguna de sus dependencias que lo hicieran, a la vez que numerosas provincias fieles al centralismo, entre ellas la de Tucumán, cerraban sus stands en un gesto amenazador contra los organizadores de la exposición más tradicional de nuestra historia.
Era evidente una suerte de venganza por el resultado adverso del gobierno en el Congreso, de la Resolución 125 sobre retenciones móviles, como si el control republicano no fuera aceptado por el Poder Ejecutivo. La táctica presidencial se orientó a partir de esa circunstancia por un nuevo intento de dividir a los entes agrarios representados por la Mesa de Enlace, mediante la invitación al diálogo del titular de Agricultura, pero separadamente, lo que contribuyó a una nueva consolidación de sectores tradicionalmente muy diferentes, pero cuyos intereses comunes han seguido los tiempos de la  moderna economía agroindustrial en la que nuestro país es uno de los más avanzados.
La reunión con Cheppi ha sido satisfactoria como un intento de abrir nuevas alternativas que pongan fin a un conflicto que dio lugar a una crisis política e institucional con anacrónicos rasgos de unitarios versus federales, y que acentuó la carencia de un moderno régimen de coparticipación tributaria. Pero al menos abrió una puerta al diálogo tan herméticamente clausurado sobre el problema específico de la rentabilidad de los productores y los afanes notorios del presidencialismo por satisfacer los urgentes problemas fiscales.
Sin embargo, el carácter político de la crisis provocada ha seguido perdurando y tiene en la Justicia un claro testimonio con el fallo de la jueza federal Liliana Heiland, quien declaró inconstitucionales las retenciones móviles, amén de la gestión mesurada de la Corte Suprema aconsejando la intervención del Congreso. Pero las reservas de la Mesa de Enlace son justificadas por el bajo grado de credibilidad que los zigzagueantes actos y palabras del gobierno provocan. Especialmente, porque la Resolución 125 fue rechazada por el Parlamento, pero no derogada por el Ejecutivo, pues el decreto subsiguiente 1176/08 sólo expresa “limitar” ese régimen y no derogar. La metáfora del gato encerrado permitió aventurar que el nuevo secretario de Agricultura estaba elaborando reformas de la resolución frustrada, mientras el gobierno no está dispuesto a devolver las retenciones pagadas durante el viejo régimen. Es lógico que bajo esa sombra el campo asuma una actitud de alerta. Especialmente, de las soluciones de corto plazo para no reducir las exportaciones con siembras demoradas o lechería en crisis que castigan bastante a las economías regionales.
Pero además, se cruzan en la incertidumbre del campo las palabras de la Presidenta en su conferencia de prensa sobre su nulo arrepentimiento de la resolución causante de la crisis. No pocas circunstancias están evidenciando que las diferencias siguen siendo significativas y que la Mesa de Enlace, alianza transitoria de la crisis rural, debería constituirse como una entidad permanente coordinadora de los intereses agroindustriales.