Presiones por arriba, presiones por abajo

En un juicio como el que se le sigue a Antonio Bussi, y que concita la atención nacional e internacional, las alternativas finales son culpable o inocente. En el caso de las diferencias entre el Gobierno y los sectores sociales, las opciones son arreglo o conflicto. Los ejemplos sobran, para ambos casos. En Tucumán, desde esta óptica se puede analizar los planteos salariales que están realizando los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la administración pública, aunque con matices. Así aparece un ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, que apuesta a la negociación y al diálogo para atenuar el mal humor de la dirigencia estatal y arribar a un posible acuerdo con el menor desgaste posible de la gestión. Y a 50 metros de su despacho, está su par de Economía, Jorge Jiménez -el dueño de los billetes y de la llave de la caja fuerte- que, con menos diplomacia y más tecnicismo apolítico encima, cierra las puertas a una respuesta satisfactoria para los sindicatos. Son los matices, pero ambas conductas conducen al mismo camino: la confrontación. Los dos provocan descontento, uno por cansancio y el otro por extrema sinceridad.
¿Qué puede evitar el conflicto? Un incremento salarial razonable. Desde el propio seno de la Casa de Gobierno se justifican los reclamos aludiendo a la suba de los precios. Entienden las demandas, pero... Al ser 2008 un año sándwich, electoralmente hablando, no queda margen para sostener que los planteos sindicales tienen un tinte político o que esconden intereses opositores. Seguramente algunos gremialistas no coincidirán con el color partidario del Gobierno, pero eso queda subordinado frente a las necesidades de los bolsillos flacos de los trabajadores. Además, los dirigentes, por más alejados que puedan estar de las bases, saben cuándo hay que salir a dar la cara antes de que se empiece a escuchar aquella famosa frase: "con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes". Hay que anticiparse a los hechos. A todos los empuja la realidad, cuyo problema principal se reduce a la necesidad acuciante de recursos: del Estado, de los sindicalistas y de los trabajadores.
Aquí hay que detenerse para hacer algunas reflexiones. Desde el PE se asegura que las cuentas están equilibradas, pero que en caso de tener que dar un aumento salarial será necesario el auxilio financiero de la Nación. Se anticipa al hecho del posible aumento y lo condiciona a la ayuda del poder central. Esto provoca numerosas preguntas: ¿dará o no el aumento?, ¿no confían en la Nación?, ¿hay o no negociaciones con el Gobierno nacional para determinar cuántos son los millones que se necesitan para un aumento?, ¿demora las tratativas para otorgar una mejora en agosto o en setiembre? y, ¿no son suficientes las muestras de obediencia -por usar un concepto elegante- del PE hacia la Nación como para obtener una ayuda? Precisamente este último interrogante esconde un hecho grave que genera otra pregunta más inquietante: ¿dónde está el límite entre la Nación y los Kirchner? Porque, a partir del sometimiento institucional y político del gobernador, José Alperovich, a Néstor y a Cristina, se demuestra que para que una provincia obtenga la ayuda económica de la Nación hay que estar en sintonía con el matrimonio. Si se piensa que las provincias son anteriores a la Nación, se podrían hacer varias lecturas sobre la relación Kirchner-Alperovich.

A la calle
Por el lado de las organizaciones sindicales hay que decir que están condenadas a salir a la calle. Con o sin resignación está obligados a responder a los planteos de sus afiliados. Así que el final de esta historia de carencias de fondos tiene un final previsible: el conflicto -que empezará hoy-, que se manifiesta con planes de acción, con una lucha que se programa para conseguir un propósito. Así es como los gremios estatales van a coincidir en sus protestas, porque solos van al fracaso. Solos son pocos; entre todos son un poco más, especialmente si se tiene en cuenta que se habla de ATEP, ATE, Sadop, UDA, ATSA y UPCN. A los que pueden sumarse los jubilados transferidos, los desocupados de la CCC y los municipales del interior.
Como sea, unos presionados por arriba -el Ejecutivo que está a la orden de los Kirchner- y otros presionados por los de abajo -los sindicatos que están escuchando las quejas crecientes de sus socios-, el resultado es el conflicto en puerta. En el tablero de la negociación, la Provincia espera una respuesta de la Nación -a la que no puede presionar-; los gremios esperan una respuesta del PE -al que puede presionar con la protesta- y los trabajadores -que estallan por las presiones de sus bolsillos- esperan una respuesta de todos los anteriores. Así las cosas, la tranquilidad de la provincia está en manos de los Kirchner. Ojalá que el levantamiento del stand tucumano de la Sociedad Rural valga esa ayuda.