Caos normativo que urge resolver

Desde un punto de vista cronológico falta bastante tiempo para las elecciones legislativas de octubre de 2009, cuando debe renovarse la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Sin embargo, si se piensa en el caos normativo al que se deberá poner fin, tanto desde el punto de vista del sistema electoral como de la Ley orgánica de los partidos 23.298, prácticamente en emergencia por la dispersión e irregularidad con que funcionan, se advierte cuán reducido es el calendario disponible para poder acceder a comicios transparentes. Si bien existe alrededor de un centenar de proyectos legislativos “cajoneados” en el Congreso de la Nación sobre ambas cuestiones, de los que el oficialismo ha hecho caso omiso, lo cierto es que no se presta mayor atención al problema, absorbidos como están Gobierno y dirigencias por las cuestiones inmediatas de la prolongada crisis. Basta recordar la última experiencia de elecciones generales, cuando el desorden normativo, posteriormente agravado, provocó múltiples denuncias sobre fraudes y otras irregularidades en la región del conurbano bonaerense que cuestionaron la legitimidad de los resultados.
   En marzo de 2007 la Cámara Nacional Electoral advirtió a los partidos que estaban nominando candidatos sin convocar a elecciones internas abiertas, obligatorias según la ley orgánica. Esa situación se producía en la mayoría de alrededor de 600 organizaciones, marginando la participación de los afiliados y a los ciudadanos independientes interesados en ser parte. Después, en noviembre, el oficialismo mayoritario en ambas cámaras, aprobaba en sesión de tablas la derogación de la obligatoriedad de internas. Pero la Cámara dispuso la caducidad de personería política del partido Unión y Libertad por no haber cumplido con aquella condición. La fundamentación judicial señaló que se trata de “un proceso real que garantice la libre expresión de distintas corrientes de opinión”. La carencia de internas dio lugar a una democracia de candidatos, con el ejemplo máximo de la nominación personalista de la actual  presidenta de la Nación.
   La consecuencia de ese proceso de irregularidades es la crisis de representatividad que hoy ostenta la casi totalidad de las representaciones parlamentarias y el descrédito de las organizaciones intermedias entre la ciudadanía y el poder. Esa realidad llevó a definirla al entonces jefe del Gabinete, Alberto Fernández, como “el espacio miserable de los partidos”. Por lo demás, en el último debate parlamentario pudo observarse cómo muchos representantes del pueblo y de las provincias violaban el principio de lealtad a la voluntad de sus electores adhiriéndose incondicionalmente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Otro aspecto de la imprescindible reforma política es el régimen electoral de lista sábana y boletas de sufragio por agrupación o candidatos, mediante las cuales se “cuelgan” favoritos o incapaces. La solución más adecuada es la lista única, donde se determinan todas las candidaturas y el elector marca la propia. Ese modelo evitaría los robos de boletas en el cuarto oscuro, donde no todos los partidos cuentan con fiscales para controlar tales latrocinios. Lejos todavía del sistema de voto electrónico, ese cambio contribuiría considerablemente a depurar la representatividad y contribuiría asimismo al relevo de dirigencias partidarias que se enquistan en la conducción impidiendo la renovación generacional de las organizaciones. Se trata de una agenda densa y prolongada, cuyo cumplimiento aseguraría la transparencia de los comicios legislativos y que el electorado debe reclamar para no repetir la experiencia.