Espejismos del poder

En Tucumán prácticamente no quedan beneficiarios del Plan Jefes de Hogar Desocupados. En las planillas del Ministerio de Trabajo de la Nación sólo se registran 21.788 personas que cobran los $ 150 mensuales. De ese total, 5.441 beneficiarios residen en San Miguel de Tucumán. En Banda del Río Salí entregan sólo 1.116 subsidios. Sin embargo, sólo se trata de una ilusión óptica. Los subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad se mantienen, aunque con otras denominaciones.
La Provincia no tiene una tasa de inflación que permita medir el calor de los precios ni, mucho menos, un parámetro para definir quiénes reciben ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total hace tiempo superó los $ 1.000 para una familia tipo, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no lo refleje en sus habituales informes. Lejos de avanzar, la agenda oficial sigue siendo la misma que la de principios de año y, por ende, los problemas se repiten.
El conflicto entre el kirchnerismo y el sector agropecuario sirvió como una cortina de humo, un justificativo oficial para repartir las culpas. El telón se corrió. Los sondeos privados de opinión demuestran que los argentinos siguen preocupados por la inflación.
En este contexto, el Gobierno nacional aplicó un juego de suma cero. Permitió un incremento de ingresos, pero vapuleó el bolsillo de los consumidores con reajustes de tarifas que, tarde o temprano, terminan replicando en cada una de las provincias. Cuando algunos gremialistas estaban festejando el incremento del salario mínimo, el Gobierno nacional salió a anunciar un reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados. "Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, un salario mínimo, vital y móvil, excluidas las asignaciones familiares", de $ 1.200 a partir de la fecha y de $ 1.240 a partir del 1 de diciembre, señala la tercera resolución que adoptó el Consejo del Salario.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner necesita, con urgencia, buenas noticias, que la posicionen bien frente a la opinión pública. Quedó bien con los estatales nacionales, pero -como viene sucediendo durante la era K- transfiere los problemas a las provincias. Córdoba es un claro ejemplo de lo que le sucederá a las provincias reacias a cumplir con los designios de la Casa Rosada. El gobernador José Alperovich acompaña, pero espera la bendita soga financiera kirchnerista que les permita sortear las renovadas demandas salariales de los gremios estatales.
El telón se sigue corriendo. Alperovich también deberá definir qué hará con la inflación, las tarifas y los subsidios. Sin embargo, el Gobierno parece sentirse cómodo sin un índice real de precios al consumidor. Hoy importan más los sondeos de popularidad. Son los espejismos del poder, los mismos que no les permiten ver a los funcionarios que la pobreza y el desempleo son fantasmas que sobrevuelan cualquier gestión.