La dura plagaantifederalista

Ningún gobierno de origen constitucional hizo tanto por desarticular el federalismo como el actual, cuyo eje central es el sistema tributario mediante el cual los Estados provinciales mantienen sus autonomías con constituciones propias sin dejar por ello de compartir los principios y derechos de la Constitución Nacional. El origen de esa situación institucional se produjo a partir de la crisis de 2001, como consecuencia de que la reforma de la Carta Magna en 1994 dispuso que a fines de 1996 debería sancionarse un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Algo que no llegó a producirse ni fue posible posteriormente por la rápida sucesión de gobiernos y requerir acuerdos entre el poder central y los provinciales. Durante su campaña electoral y su primer mensaje a la asamblea legislativa el ex presidente Kirchner calificó la normalización de ese régimen como una cuestión prioritaria para el ordenamiento de la economía nacional, asignándole un alto sentido político e institucional. Sin embargo, en ningún momento de su gestión el problema volvió a mencionarse, ni tampoco por su sucesora, a pesar de sus repetidos compromisos de mayor institucionalidad.
La reciente crisis del campo ha sido un testimonio crítico de ese vacío o anomia institucional por causa de imposiciones tributarias inconstitucionales y abusivas no coparticipables que paralizaron las economías provinciales, dando testimonio de un presidencialismo hegemónico que fue extremándose hasta sofocarse a sí mismo. Esa gestión centralista produjo una fácil cooptación de numerosos gobiernos provinciales que, requeridos de financiamiento por sus reducidas coparticipaciones, se le sometieron bajo el dogma de una transversalidad que permitió al kirchnerismo ampliar su poder político, hoy en cuestionamiento por el duro rechazo del Congreso a su abusivo régimen de retenciones tributarias no coparticipables. La Constitución histórica determinaba sabiamente la discriminación de fuentes tributarias nacionales y provinciales para asegurar las autonomías de los Estados federales, pero los reformadores de 1994 abandonaron esas reglas fundamentales haciendo muy dificultosa una nueva ley de coparticipación. Por esa causa se recurrió a remedios temporarios cada vez más perturbadores del modelo federal y en beneficio del presidencialismo. En la actualidad se estima que más del 60 % anual del gasto provincial es financiado con fondos de la Nación, a la vez que dos de cada tres provincias superan el 70 %. La situación se agrava en casos como el de Córdoba, envuelta actualmente en la violencia como efecto de sus reducciones presupuestarias por causa del flagelo centralista al no remitirle fondos por haber asumido en el Congreso actitudes opositoras en el conflicto del campo.
Un futuro régimen de coparticipación federal debe tener un objetivo inexcusable: mantener para la Nación la recaudación de impuestos equivalentes a su gasto -aduaneros, ganancias de empresas e IVA-, dejando a las provincias los tributos mejor identificados con sus jurisdicciones, sin perjuicio de un régimen de compensación para las de menor capacidad tributaria. Así como en el orden individual gran parte de nuestra sociedad se acostumbró a exigir derechos eludiendo deberes, las provincias demandaron fáciles recursos a la Nación a riesgo de sus autonomías. Será una tarea prolongada pero debe formar parte de las preocupaciones ineludibles de toda propuesta política donde generalmente brilla por su ausencia, mientras el poder hegemónico del centralismo termina sofocado por la crisis que afecta al país, sometido a una guerra anacrónica y estéril entre autoritarios y federalistas.