23 Julio 2008 Seguir en 
LA PAZ, Bolivia.- Una sorpresiva resolución de la única integrante del Tribunal Constitucional de Bolivia que aún queda en funciones suspendió la celebración del referendo revocatorio de mandatos programado para el 10 de agosto en ese país, aunque el gobierno de Evo Morales asegura que nada puede frenar la consulta electoral.
Al admitir una demanda de inconstitucionalidad, la magistrada Silvia Salame -sobreviviente de una crisis que dejó al Tribunal Constitucional sin quórum para funcionar- ordenó a la Corte Nacional Electoral que suspenda el proceso.
"No se puede continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la consulta", señaló la jueza anoche.
La medida representó un triunfo para los seis gobernadores de la oposición, que consideraban que la ley con la que fue convocado el referendo favorece a Morales y los perjudica a ellos.
La norma, aprobada por el Congreso boliviano a principios de mayo establece que para ser cesado en el mandato hace falta un voto más que los que obtuvo para ser elegido en el cargo respectivo.
Por lo tanto, para echar al presidente y vice hace falta un voto más que el 53,7% que lograron en 2005, pero para hacer lo propio con los prefectos de la oposición sólo hace falta entre el 38 % y el 48 % más uno, porque ninguno de ellos superó esos porcentajes inicialmente.
La respuesta de Morales
El Gobierno, sin embargo, a través del ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, calificó a la resolución como un acto fuera de la ley y señaló que el Tribunal Constitucional necesita tener al menos tres de sus cinco miembros para tomar cualquier decisión, incluso para recibir demandas.
Salame argumentó que sólo había emitido un decreto admitiendo la demanda contra el referendo presentada por el diputado opositor derechista Arturo Murillo, pero que no se había pronunciado sobre el fondo del proceso.
En inmediata respuesta, el ministro Arce insistió en que una sola magistrada no tiene potestad jurisdiccional para tomar resoluciones.
"Servilismo político"
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, agregó que Salame podría ser procesada por prevaricato -dictar resoluciones contra las leyes- como consecuencia de una actitud a la que calificó "de servilismo político".
Agregó que el referendo revocatorio está amparado por una ley dictada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo y, por tanto, plenamente vigente. "Sólo puede ser frenada por otra ley", consideró.
En el referendo, Morales pondrá en juego su reforma de línea indigenista-socialista y buscará la caída de algunos gobernadores opositores que han bloqueado su gestión con demandas de autonomías regionales. (Reuters-DPA)
Al admitir una demanda de inconstitucionalidad, la magistrada Silvia Salame -sobreviviente de una crisis que dejó al Tribunal Constitucional sin quórum para funcionar- ordenó a la Corte Nacional Electoral que suspenda el proceso.
"No se puede continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la consulta", señaló la jueza anoche.
La medida representó un triunfo para los seis gobernadores de la oposición, que consideraban que la ley con la que fue convocado el referendo favorece a Morales y los perjudica a ellos.
La norma, aprobada por el Congreso boliviano a principios de mayo establece que para ser cesado en el mandato hace falta un voto más que los que obtuvo para ser elegido en el cargo respectivo.
Por lo tanto, para echar al presidente y vice hace falta un voto más que el 53,7% que lograron en 2005, pero para hacer lo propio con los prefectos de la oposición sólo hace falta entre el 38 % y el 48 % más uno, porque ninguno de ellos superó esos porcentajes inicialmente.
La respuesta de Morales
El Gobierno, sin embargo, a través del ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, calificó a la resolución como un acto fuera de la ley y señaló que el Tribunal Constitucional necesita tener al menos tres de sus cinco miembros para tomar cualquier decisión, incluso para recibir demandas.
Salame argumentó que sólo había emitido un decreto admitiendo la demanda contra el referendo presentada por el diputado opositor derechista Arturo Murillo, pero que no se había pronunciado sobre el fondo del proceso.
En inmediata respuesta, el ministro Arce insistió en que una sola magistrada no tiene potestad jurisdiccional para tomar resoluciones.
"Servilismo político"
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, agregó que Salame podría ser procesada por prevaricato -dictar resoluciones contra las leyes- como consecuencia de una actitud a la que calificó "de servilismo político".
Agregó que el referendo revocatorio está amparado por una ley dictada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo y, por tanto, plenamente vigente. "Sólo puede ser frenada por otra ley", consideró.
En el referendo, Morales pondrá en juego su reforma de línea indigenista-socialista y buscará la caída de algunos gobernadores opositores que han bloqueado su gestión con demandas de autonomías regionales. (Reuters-DPA)
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