Conflicto Gobierno-agro vs. plata que no alcanza

En el archivo fotográfico que posee LA GACETA, una imagen muestra con elocuencia el gran y verdadero problema de los argentinos: en 2006 -hace sólo dos años- un kilo de la carne de la mejor calidad (lomo) se vendía en góndola de carnicería a $ 7,50, corte que hoy se ofrece nada menos que a $ 22. En este caso, el incremento fue del 193%, porcentual que supera con bastante comodidad al costo de vida que mide el Gobierno nacional a través del vilipendiado y cada vez menos creíble Indec. Si bien muchos piensan que el problema de la suba sostenida de precios se origina en ciertos eslabones de las cadenas productivas y comerciales, cada vez son más los que responsabilizan de todos estos males al Estado, nacional y también provincial. En los últimos tiempos, en particular desde que se desató el conflicto Gobierno-campo, hace ya cuatro meses, surgieron variados indicios que abonan esta posición.
En estos días, la población asiste azorada a un nuevo episodio de la tremendamente desgastante guerra entre el kirchnerismo y el campo. Este sector está alerta sobre lo que pueda pasar con el proyecto oficial que debe tratar el miércoles el Senado -ya cuenta con media sanción de Diputados-. La iniciativa convalida la polémica resolución 125, que dispuso la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de granos. Mientras ambos grupos velan armas, siguen sin ser atendidos debidamente los problemas que realmente afectan a la gente, en especial la inflación, que mina los salarios y obliga a la población revivir las etapas económicas más duras de la historia del país.
Algunas encuestas sobre imagen positiva y negativa de los políticos parecen trasuntar que la comunidad descree de las buenas intenciones del Gobierno en esta pelea por las retenciones a la soja, aun cuando aquellas se asientan en la necesidad de que el Estado disponga de mayores recursos para redistribuir riqueza. En primer lugar, no queda muy claro qué tipo de apoyo tiene la iniciativa oficial, ya que en los actos kirchneristas se observa una presencia mayoritaria de militantes rentados, que no tienen empacho en admitir -cuando se los consulta-, que tal o cual político les pagó entre $ 100 y $ 200 por asistir a alguna de esas convocatorias. Los trágicos casos de los tucumanos Carlos Marriera y Juan Valdez, muertos recientemente en dos actos públicos presidenciales, pusieron bien en evidencia esta metodología, por si quedaba alguna duda. La población conoce esto, y se imagina de dónde surgen estos recursos que compran voluntades.
La gente también está segura de que en la Argentina hay un cogobierno entre la presidenta Cristina Fernández y su marido, el ex presidente y actual titular del PJ nacional, Néstor Kirchner. Sin embargo, al parecer en la Casa Rosada prefieren no tomar en cuenta esta lectura, e insisten en mostrar a Kirchner sólo como presidente del partido gobernante, lo que lo habilita a presionar a diputados y a senadores, o a gobernadores, o a convocar a contramarchas para neutralizar los objetivos de los ruralistas. Desde el Gobierno se pretende hacer ver que no es Cristina sino Néstor el que vocifera, presiona y embarra la cancha. Para la población en general, Cristina y Néstor son uno mismo. En consecuencia, a la comunidad le resulta complicado creer que la plata de las retenciones se destinará a mejoras en la distribución del ingreso general de los argentinos. La noción de que esos recursos son necesarios para que el Gobierno siga comprando la presencia de manifestantes para sus actos, por ejemplo, es cada vez más generalizada.
Tal vez la gente le creería a Néstor Kirchner cuando éste asegura que sectores económicos -también del campo- buscan propiciar un golpe de Estado contra el Gobierno, si no fuera porque a diario debe convivir con lo que considera una mentira o una burla oficial, como son los datos de la evolución del costo de vida del Indec. El bolsillo es demasiado sensible, y ningún discurso ideológico ni pelea sectorial parecen lograr adhesiones por sí mismos si la plata no alcanza.