Gritos en el presidio

¿Qué les pasa a los presos que andan revoltosos? ¿Qué les pasa a los guardiacárceles, que están reprimiendo? Las quejas y reclamos de los reclusos, que habían comenzado como protestas prácticamente individuales de Lucas González -confeso homicida de su novia, María Fernanda Chaila- terminaron en los incidentes registrados ayer en Tribunales, donde resultaron golpeados los reclusos y hasta algunos periodistas, en medio de un tenso traslado de los reos de máxima seguridad a Tribunales.
Nadie sabe claramente qué les pasa a los presos ni a los guardias. En el caso de los reos, las reiteraciones de denuncias de González, que suele generar incidentes y quejarse de malos tratos y golpizas de los custodios, ha derivado en traslados cada vez más tensos y con policías fuertemente armados. Pero, que se sepa, no se investigaron las denuncias de golpizas, de lo que puede inferirse que habrá más denuncias y más silencio oficial. Por eso, tenían un aire a déjà vu las quejas de presidiarios de que nos les dan de comer y los castigan, y las de los familiares de que les dan tratos inhumanos. El director de la cárcel de Villa Urquiza, Roberto Guyot, que cuando se inauguró el pabellón de Máxima Seguridad estuvo muy verborrágico, está inencontrable desde que el juez Alfonso Zottoli concedió un hábeas corpus a los presos para saber en qué condiciones están alojados. Olga de Cisterna, madre del remisero asesinado por "Pelusa" Tolosa, estaba satisfecha hace dos meses de que se hubiera hecho ese pabellón y tenía esperanza de que los reos peligrosos no salieran nunca de allí.
Pero ni esa nueva obra -a la que los reclusos llaman campo de concentración- ni la reforma al Código Procesal Penal, que permitió que cada vez haya más gente enviada a la cárcel, va a calmar los temores frente a la inseguridad. La tendencia indica que incidentes como los de ayer volverán a repetirse, del mismo modo que episodios como el de la comisaría de Lules, donde dos acusados de abuso sexual, considerados peligrosos, estaban alojados en la misma celda, con un detenido por contravenciones. Es a raíz de la fuga de estos tres detenidos en Lules que se reveló que había 375 presos alojados en comisarías, porque la cárcel está saturada: hay unos 1.200 reos, es decir un 20% más que hace un año.
El Observatorio Internacional de Prisiones -que acaba de abrir una oficina en Tucumán- advierte que está claro que en nuestra provincia no se intenta resocializar ni solucionar el problema, sino "guardar" a detenidos sin ton ni son.

Fallas del sistema
¿Tiene importancia esta observación? ¿La tiene la queja de los reos? Aunque esta legión de indeseables sea el último orejón del tarro en la sociedad, lo que ocurre en la cárcel es una muestra de la política de seguridad, o de la falta de ella. Así como se juntó sin control a dos detenidos por abuso sexual con alguien acusado de una infracción menor, hace tiempo se envió a la cárcel a un hombre por supuesta violación; pasó dos años preso y en febrero fue absuelto, tras un estudio de ADN que permitió demostrar su inocencia. Pero había sido violado en la cárcel. ¿Quién pagará ese daño? ¿Los jueces? ¿Los funcionarios? ¿La sociedad?
Hace un mes los jueces reclamaron por la falta de claridad en la política penitenciaria. Ahora todo parece más grave y parece desbordarse. Sería preferible que el Gobierno tratara de mejorar el sistema. ¿O sólo nos preocuparemos por lo que pasa en la cárcel o en las comisarías cuando Lucas González haga escándalos?