El alto índice de corrupción en Argentina

Nuevamente aparece la Argentina desde la perspectiva internacional como un país considerablemente corrupto en las relaciones de las empresas nacionales que deben involucrarse en “zonas grises” con los factores de poder para obtener resultados favorables sobre sus competidoras, especialmente en licitaciones en un mercado extranjero. El informe respectivo proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que integran 30 países desarrollados con sede en París, donde se revisa la aplicación en nuestro país de la Convención sobre Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. El grupo de trabajo que investigó nuestro caso aconsejó que se adopte lo antes posible una legislación que contemple la responsabilidad y las sanciones a las personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción, señalando en su informe de 76 páginas que la Argentina “es raramente eficaz en investigar y perseguir delitos económicos serios”, debido especialmente a las reglas aplicables en derecho de procedimiento.
   Las organizaciones civiles consultadas por la misión de la OCDE alertaron también sobre la escasa autocrítica del sector privado respecto de la corrupción.
   Los evaluadores del grupo de trabajo señalaron igualmente que la visita para la investigación fue rechazada, a pesar de que estaba prevista, hasta después de la última elección presidencial, por lo que debió postergarse hasta después de los comicios. Otro aspecto del informe concierne a la reforma del Consejo de la Magistratura y el alto número de juzgados vacantes ocupados por jueces subrogantes nombrados sin las garantías normales de competencia e independencia. Con relación al Consejo, se observa el reforzamiento del poder político en este, de tal manera que el Gobierno puede bloquear votaciones para nombrar o remover jueces. Respecto de los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, el informe señala que la corrupción se mantiene “crítica”, ubicándose al país según la percepción de Transparencia Internacional en el puesto 105 entre los 179 del ranking de 2007, en tanto que al de Carlos Menem se lo menciona por su alto nivel en ese orden.
   Por su parte, la directora regional de TI, Pffeifer  Silke, calificó ante el informe de OCDE a la corrupción en nuestro país como “desenfrenada”, atribuyéndola al “alto nivel de informalidad en la gestión pública, como a la baja institucionalidad, siendo muy débiles las organizaciones de control”. Un puntaje inferior a tres es fuerte señal de corrupción y en la Argentina el nivel es de 2,9.
   De acuerdo con el último informe de TI, correspondiente a 2007, Finlandia y Dinamarca ostentan 9,4 y tan sólo Venezuela y Paraguay figuran en Latinoamérica con un puntaje menor que el nuestro.
   El informe de la OCDE y su relación con el de TI, consignan necesariamente no solo debilidades en los organismos de control, a la cabeza de los cuales figuran las limitaciones impuestas por el presidencialismo a la función republicana del Poder Legislativo, donde se acumulan en los últimos años múltiples pedidos de informes sin trámite por la mayoría oficialista. Por lo demás y, testimonio de la resistencia a transparentar las relaciones entre la actividad empresaria y el sector público que la OCDE ha expuesto recientemente, es el prolongado bloqueo legislativo del derecho de acceso a la información pública que impide conocer transparentemente a la ciudadanía las gestiones de sus representantes y administradores.