Hay que recuperar el federalismo

Si el Congreso normaliza su gestión, puesta a prueba con la crisis del campo, deberá enfrentar una serie de proyectos fundamentales, entre los que el más demandado desde hace una década por los reformadores constituyentes de 1994 es un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos entre la Nación y las provincias. Casi dos  tercios de los Estados provinciales soportan actualmente situaciones fiscales deficitarias, debiendo recurrir al poder central para hacerles frente con recursos que no les son propios.
   Desde la última reforma constitucional ningún gobierno nacional, con intervención del Poder Legislativo, llevó a cabo esa exigencia de los constituyentes, lo cual contribuyó a un centralismo creciente. En algún momento figuró en la agenda de la Alianza, pero su crisis no lo hizo posible. También lo intentó en su transitoria gestión presidencial Eduardo Duhalde, pero los hechos le impusieron acortar su mandato con las mismas consecuencias. Por su parte, el ex presidente Néstor Kirchner calificó a la restauración federalista como prioritaria durante su campaña electoral, sin que hubiera posteriormente en sus mensajes al Congreso alusión alguna a la situación irregular del régimen de coparticipación, como tampoco por parte de su sucesora. A ello contribuyó la renuencia de gobernadores afines políticamente para quienes era preferible solicitar los recursos a la Casa Rosada en lugar de presionar a sus comunidades con sus obligaciones tributarias.
   El futuro régimen de coparticipación federal debe tener dos objetivos ineludibles: mantener para la Nación la recaudación de tributos para sus gastos -aduaneros, ganancias de empresas e IVA- y dejar  a las provincias lo mejor identificado con sus jurisdicciones.
   Pero necesariamente la reforma deberá compensar a las de menor capacidad tributaria. La Constitución histórica determinaba inteligentemente la distribución de fuentes tributarias, pero los constituyentes de 1994 dejaron de lado esas pautas fundamentales que complicaron posteriormente la reforma pendiente. Entre tanto, se ha recurrido a remedios temporarios y de tal forma puede afirmarse que dos de cada tres provincias enfrentan sus situaciones financieras con el 70% de recursos de la Nación, lo cual permite observar el elevado grado de sus dependencias del poder central. Por el contrario, el Ejecutivo nacional ostenta en los últimos años extraordinarios superávits fiscales que le han permitido lograr la adhesión de provincias administradas por representantes de partidos opositores, contribuyendo a divisiones partidarias que provocaron incertidumbre en el escenario político.
   La actual situación nacional, en consecuencia, nunca estuvo tan alejada del modelo federal, salvo durante las administraciones militares de facto -no todas - y ello se puso en evidencia al constituir el fondo originario de la presente crisis con el ruralismo, a través del avance desmedido del centralismo ante la sombría perspectiva de una economía en descenso, por causa de la inseguridad jurídica más allá del corto plazo.
   Se trata, en suma, de un modelo perverso que responde a la pérdida de los controles institucionales que han convertido la economía en un instrumento centralizado de contadores sin la necesaria conducción política y que no alienta la inversión sostenida y de largo plazo. El retorno a la normalidad parlamentaria permitiría reconstruir el federalismo, mediante una gestión por cierto laboriosa, recuperando la imagen de la república histórica y previsible, cuya pérdida aisló al país, con sostenidas tasas de riesgo, de la comunidad internacional.