Cristina viene, pero la plata de la Nación, no

El segundo semestre empezó de la peor manera, si bien se venían registrando desde antes indicios de incumplimientos. El Gobierno nacional hizo de los atrasos en el envío de fondos a las provincias una política de Estado, aunque el financiamiento de los gastos corrientes (sueldos, en particular) no está en peligro, gracias a ese récord de ingresos, sustentado en un escenario de alta inflación.
Tucumán no la pasa mal desde el punto de vista fiscal. Las transferencias nacionales de fondos coparticipables superaron en junio la barrera de los $ 320 millones y brindan tranquilidad al gobernador José Alperovich para cerrar la primera parte del año con superávit. Sin embargo, la casa no está en orden. El giro de recursos discrecionales comenzó a impactar en las entrañas del poder, allí donde la población más vulnerable de la sociedad siente el impacto: el trabajo y el plan alimentario.
La administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dejado de enviar a Tucumán unos $ 40 millones, durante los últimos 60 días, que debían destinarse al plan de obras públicas. Si bien la Provincia trató de disimular este incumplimiento, poniendo plata de su bolsillo, las consecuencias ya saltaron a la vista: el reclamo empresarial por una redeterminación de precios, a raíz de la suba en el valor de los materiales, y la suspensión de no menos de 2.000 obreros de la actividad.
Durante el primer trimestre, en la Casa de Gobierno había certeza de que el Ejecutivo nacional estaba haciendo caja para pagarles a los acreedores durante todo el año. El conflicto con el campo desnudó que el hueco fiscal es mayor y que el Estado debía apelar a subir las retenciones para cubrir los baches. La bonanza fiscal se fue desvaneciendo a medida que se incrementaron las partidas destinadas a subsidiar servicios públicos privatizados. Si bien esta política tiende a que la población pague menos en las facturas, no se trata de una herramienta eminentemente federal: los beneficios son mayores para un habitante del Gran Buenos Aires que para otro que reside en Tucumán, en Salta o en Jujuy.
Tan sensible como la anterior es la cuestión vinculada a la asignación de fondos para planes asistenciales. Por distintos programas alimentarios, la deuda nacional con Tucumán asciende a $ 8 millones. El problema no es la coyuntura, sino la sensación de que la Nación está cerrando el grifo financiero a las provincias, más allá del acercamiento o no del gobernador a la Casa Rosada. Mañana tocarán las puertas de ese palacio con el fin de saber si, en algún momento, se regularizará el envío de partidas.

El fantasma asusta
La inflación es otro problema que desvela a los funcionarios, observando el comportamiento de las finanzas públicas para el segundo semestre. Seguramente hasta fines de agosto, cuando se reajuste el presupuesto provincial, el gasto habrá crecido unos $ 300 millones que serán cubiertos con los ingresos extras. En principio, no habría problemas fiscales, pero sí se reduce el margen de maniobra de un Gobierno que ya está pensando en las elecciones del año que viene.
Si el proceso inflacionario se acelera y se reactivan los reclamos salariales, la situación puede modificarse. El Gobierno nacional apela a instrumentos de política tributaria (el caso de los aumentos en las retenciones) para cubrir las necesidades de financiamiento, sin tener que colocar el bisturí en las cuentas. El ajuste fiscal no entra en la liturgia política al tratarse de una herramienta impopular. Las provincias no disponen de ese margen de maniobra. Hablar hoy de un reajuste de un cuarto de punto en el impuesto a los Ingresos Brutos (grava toda la actividad económica) sería un suicidio político. Con tanta indignación que generó el conflicto Gobierno-campo, ni los productores ni la sociedad estarían dispuestos a pagar más tributos. Por eso se frenó en Tucumán otra medida que aún no está descartada: el reajuste del 200% en la valuación de los inmuebles rurales y urbanos.
Ante tantos incumplimientos, cabe una pregunta: ¿la Nación está dispuesta a otorgar un perdón fiscal a las provincias, cuyos gastos sean superiores al tope del 15% de aumento? Eso inquieta al ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, considerado el padre intelectual de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese es otro dilema para el kirchnerismo, porque perdonar la suba del gasto sería reconocer que la inflación real es el doble de la que mide el Indec.