La imperiosa necesidad de recuperar el Congreso

El retorno del Congreso al primer plano de la política nacional ¿será una circunstancia transitoria o una recuperación de su pleno rol como poder republicano de legislación y control? El interrogante parece oculto por la elevada tensión de la crisis del campo, pero debe plantearse ante las situaciones que esa confrontación ha provocado y la experiencia de la realidad. Pocas voces se han escuchado hasta el momento durante las turbulentas deliberaciones en las comisiones que deben dictaminar acerca del proyecto remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, pero la más elocuente puede ser la del economista cercano al gobierno, Aldo Ferrer, que advirtió sobre la necesidad de ir desarmando las superfacultades que el Poder Legislativo le ha transferido al Ejecutivo.
   El control del Congreso sobre los actos de gobierno es una responsabilidad que nuestro modelo constitucional federalista ha confiado a los representantes del pueblo y de las provincias, y debe ejercerse mediante instituciones, organismos o comisiones específicas, acotando al presidencialismo que rige en nuestro sistema y que trató de reducir la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, ese propósito no se cumplió adecuadamente y hasta se sancionaron centenares de  decretos leyes -DNU- sin reglamentar, acumulándose facultades propias de la Legislatura nacional.
   La crisis de 2001 impuso un año después al presidente Eduardo Duhalde solicitar la sanción temporal de la Ley 25.561, de Emergencia Económica, cuyas prórrogas sucesivas acompañaron anualmente los proyectos de Presupuesto y en la actualidad mantiene vigencia continuada, permite al Poder Ejecutivo reordenar el sistema financiero y bancario, entre otras decisiones, e inclusive negociar los contratos de servicios públicos que constitucionalmente corresponden al Legislativo.
   El reiterado argumento de esa perdurabilidad  por el ex presidente Kirchner, fue que no se había salido del “infierno” de la crisis, mientras se anunciaba el fuerte crecimiento de la macroeconomía. La excepcional figura de la emergencia colocó y coloca en virtual estado de sitio a los recursos públicos y su disponibilidad por el Gobierno, hasta el punto de que las asignaciones dispuestas por el Congreso en la Ley de Presupuesto anual, pueden ser reasignadas por el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, quien en algún momento advirtió a los legisladores: “mientras haya pobres habrá emergencia”, sin advertir seguramente que el gran flagelo social es otra de las secuelas de los graves deterioros institucionales padecidos por el país y no al revés.
   Las fuertes pérdidas de calidad republicana comienzan con el desprecio de sus instituciones y se agravan con la pérdida del rol fundamental del Congreso, donde el actual oficialismo dispone de amplias mayorías durante largo tiempo concesionarias de la gestión presidencial, inclusive en la función tributaria. El fuerte debate generado por el conflicto agrario ha socavado el poder dominante del presidencialismo que pretendió resolverlo por una resolución ministerial, y ha significado su implícito reconocimiento de la función del Congreso, al verse obligado a recurrir al mismo para una superación de la creciente crisis.
   La presión política se ejerce en estos momentos a las puertas de la institución parlamentaria finalmente abiertas ante la demanda de la realidad social, a veces desprolija en los medios pero sin alternativas para peticionar, por lo que todo intento de transitoriedad de la función del Congreso, constituiría un vuelo a ciegas hacia el pasado más oscuro de nuestra recuperación democrática.