Lo que oculta la crisis del campo

Tras el telón político de la crisis del campo y sus efectos colaterales se están ocultando, en el mejor de los casos con sordina, otros problemas que van in crescendo ante la falta de consideración o el silencio del Gobierno central, que promueven incertidumbre, menos credibilidad y más crisis en los sectores afectados.
El motor que los promueve es sin duda, la inflación que, tras la reciente modificación estadística del Indec por el conjunto de técnicos que intervinieron el organismo, ya ni siquiera es motivo de atención ni siquiera por quienes caricaturizaban su disfraz. Otro amenazador problema que los portavoces oficiales tratan de relativizar es el de la realidad energética, donde hay más compañías trabajando al 30 % de su capacidad para que se puedan mantener los servicios domiciliarios, a su vez subvencionados por el Estado conservando las tarifas congeladas, como en la casi totalidad de los servicios.
Por lo demás, la importación de gasoil mantenía hasta hace horas en el Río de la Plata una fila de cargueros de combustibles cuyo costo de espera es de U$S 45.000 por día, por falta de fondos o subsidios para pagar U$S 60 millones por unidad, demorados por el Tesoro.
Algunas de las generadoras locales han rechazado parte de ese gasoil por ser de baja calidad.
Las políticas de subsidios que trataron de moderar la inflación provocando el consumo como objetivo político más que económico, han tenido al fin por su prolongación desmesurada problemas con los sectores que se quejan de las demoras, mientras sus deudas crecen.
Es el caso de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico nacional. Por otra parte, la vía burocrática complicada para la efectivización de los subsidios contribuye a lo largo del tiempo a provocar mayores costos a las empresas y de poco sirve ya achacar al paro del campo esos inconvenientes que provienen de una creciente carencia de solvencia fiscal.
En este punto aparece el cierre del financiamiento externo del Estado nacional, que todavía mantiene en cesación de pagos y sin negociaciones encaminadas a los tenedores de bonos en default que no participaron del canje y la deuda con el Club de París. Esto significa una muralla para el sector privado que pierde financiamiento de inversiones.
Tal conjunto problemático lastra la credibilidad del país. Testimonio ejemplar lo acaba de dar la minera británica Alexander Gold Group al suspender su proyecto minero para el aprovechamiento  de cobre y plata en el departamento de Metán, Salta, donde ya invirtió ocho millones, alegando “inseguridad jurídica” generada por el Gobierno nacional, por parte del gerente de operaciones.
La causa inmediata es la política de retenciones que “elimina cualquier garantía jurídica” para un largo plazo como el minero.
La encrucijada que marcó la crisis del campo y que  generalizó la de vastas zonas del interior hasta nacionalizarse, ha dejado al trasluz otros problemas que después de un lustro evidencian una mentalidad gestionante de corto plazo y es renuente a aceptar esa realidad en un marco institucional fuertemente afectado por el desmesurado centralismo. ¿Cómo puede resolverse cuando los vencimientos de la deuda externa en 2008/2009 tienen tan elevados niveles ante las bajas tasas de credibilidad interna y externa?, es la clave máxima del futuro inmediato.
Alguien debería explicarlo sin necesidad de dañar la investidura que el impaciente electorado le confió.