Un juez federal decidió que 21 personas sean juzgadas por la causa de las 4x4

Exactamente cinco años después de que se inició la investigación, el juez federal No 2, Mario Racedo, decidió dar por terminada la instrucción del polémico caso de las 4x4 y enviar a juicio a 21 personas.
Luego de hacer un exhaustivo análisis del caso, Racedo concluyó: "de los elementos que se colectaron a lo largo de esta extensa investigación se pudo acreditar, prima facie, la existencia de una organización delictiva que se dedicaba en forma habitual al lavado de activos de origen delictivo, que consistía en incorporar al mercado y a su tráfico vehículos robados a los que se les daba una aparente licitud mediante el otorgamiento de documentación falsa". Esta maniobra, indica el juez en su resolución, se concretaba "ya sea mediante la falsificación de documentación perteneciente al Registro Nacional de Propiedad del Automotor, en muchos casos original, o, en algunos casos, también mediante el otorgamiento de certificados judiciales que se otorgaban en el marco de causas apócrifas o bien sin existencia de causa, que en casi todos los casos provenían de la Fiscalía de la IV Nominación, a cargo del ex fiscal Héctor Alfredo Abraham Musi".
La causa se inició el 13 de junio de 2003. Personal de Gendarmería Nacional que realizaba controles de ruta hizo detener una camioneta Ford Ranger, dominio DQM 589, conducida por René Osvaldo Juárez. Los peritos sospecharon que la cédula de identificación del rodado que exhibía Juárez era falsa. Ese mismo día, un poco más tarde, ya en la sede del Escuadrón 55 Tucumán de Gendarmería, se presentó Fernando Gonzalo Zelayarán exhibiendo un certificado judicial de fecha 1 de octubre de 2002, expedido por el prosecretario Hugo Lazarte, de la Fiscalía X, mediante el cual se lo autorizaba a circular con el rodado mencionado. Luego se supo que sobre esa camioneta pesaba un pedido de secuestro de un juzgado de Morón, provincia de Buenos Aires. ANo sólo la cédula había sido adulterada: al rodado le habían cambiado los números de motor y los de las chapas patentes.
Ese mismo 13 de junio, los investigadores secuestraron en un domicilio ubicado en calle Crisóstomo Alvarez 3.580, de propiedad de Pedro José Tomás, un auto BMW 328i, amparado por un certificado judicial de la Fiscalía IV, firmado por el prosecretario Hugo Jorge Tarifa, por el que se autorizaba a Francisco Javier Abascal, como depositario judicial, a la posesión y al uso con habilitación para circular. También se incautaron de una camioneta Toyota, modelo Hilux 4x2, por la que Tomás presentó una constancia judicial, firmada por Tarifa, mediante la cual se designaba depositario provisorio a Zelayarán. Las camionetas Ranger y Toyota resultaron ser mellizas, según demostraron las pericias de Gendarmería.

El requerimiento
Según el pedido de elevación a juicio que el 6 de julio del año pasado introdujo el fiscal federal Emilio Ferrer, "los procesados formaban parte de una organización o banda que se dedicaba a ?lavar? vehículos originales provenientes de un ilícito (por ejemplo, robo) en el que sus miembros no habrían participado, convirtiéndolos en vehículos ?mellizos?". "Para ello -agregó- se adulteraba la numeración de los vehículos (números de chasis y de motor) y sus cédulas de identificación, utilizando a esos fines datos verdaderos tomados de automotores debidamente inscriptos en el RNPA". "En otras oportunidades -explicó Ferrer-, la documentación se obtenía a través de autorizaciones judiciales extendidas en favor de vehículos que nunca habían sido objeto de procesos judiciales o iniciados en procesos judiciales de trámite irregular. En estas certificaciones se consignaban datos ciertos de otros vehículos debidamente registrados, utilizando para ello las consultas por dominio obtenidas a través de los códigos de usuarios que usan estrictamente las fuerzas de seguridad".
Racedo, en una resolución de 140 páginas, afirmó: "se ha podido establecer por semiplena prueba la autoría del hecho ilícito mencionado en la persona de Pedro Tomás, en su carácter de jefe u organizador; de coautores como su esposa, Sandra Abascal y su cuñado, Francisco Abascal; la conexión en Córdoba para la adquisición de los vehículos a través de Fernando Escobar y en el sur del país con la participación de Fabio Simionato. Esta organización delictiva contaba a su vez con el apoyo que se le brindaba desde los Tribunales Ordinarios de esta ciudad por intermedio de la Fiscalía IV, a través de su titular Héctor Abraham Musi, su prosecretario Hugo Tarifa y del empleado Alejandro Martoni, que servía de nexo entre el ala tribunalicia de la organización y sus miembros". "En la estructura de la organización -advierte el juez-, Musi, dadas las funciones jurisdiccionales que tenía a su cargo, tuvo asignadas las funciones de formalizar y concluir la maniobra del lavado de los vehículos, que provenían de ilícitos en los cuales este no habría participado, dando a estos una ?apariencia de legalidad?".

Auditorías
A lo largo de la investigación, los gendarmes se incautaron de 60 vehículos, casi todos costosas camionetas o autos importados. El caso abrió una fuerte polémica en la Justicia local, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia ordenaron auditorías en todas las fiscalías para deslindar responsabilidades.
Según algunos de los defensores consultados, habrá varias presentaciones ante los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, quienes finalmente serán quienes resolverán el destino de la causa.