Es ley el proyecto que penaliza la trata de personas

BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados aprobó anoche y convirtió en ley el proyecto que penaliza la trata de personas para fines de explotación sexual, laboral, extracción de órganos y sumisión a la servidumbre. La norma fue aprobada en general por 157 votos positivos, 35 sufragios negativos y seis abstenciones, y luego tuvo un rápido trámite en particular.
La iniciativa define el delito como "la captación, transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación", y establece penas que van de tres a 15 años de prisión.
La diputada kirchnerista Vilma Ibarra defendió en el recinto el proyecto oficialista, explicó que pena la acción de "captar, transportar o acoger a alguien con fines de explotación" y sostuvo que para el Código Penal "el delito es el verbo, reprime situaciones consideradas disvaliosas como es la trata de personas".
Ibarra justificó que la iniciativa establezca una salvedad en el caso del consentimiento de las personas mayores de edad, al referir que "existe la posibilidad para una adulta de consentir la prostitución", punto que fue central en la controversia con algunos sectores de la oposición.
El proyecto marca que, en caso de comprobarse el delito de trata aun existiendo consentimiento expreso de la víctima, debe ser castigado.La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado por 55 senadores en 2006 y la Cámara de Diputados convalidó sin contradicciones la adhesión al Protocolo de Palermo, que entiende que una mujer adulta puede prestar consentimiento, y que fue firmado por 140 países. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, impulsó en el recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). Manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y pidió la vuelta a comisión del proyecto.
Por su parte, los opositores Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital), Silvia Storni (UCR-Córdoba) y Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) denunciaron ante la Cámara un supuesto contubernio entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución. Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un comité de protección para las víctimas en el marco de la ley. (DyN-NA)