La política oficial redactada jurídicamente

El texto del recurso de casación del fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, antes que nada y sobre todo, es un intento por justificar en lenguaje jurídico la acaparadora y concentradora filosofía política del alperovichismo.
Llama la atención que tratándose de la vía casatoria, para cuya apertura (ante la Corte Suprema de Justicia) hay que justificar rigurosamente las causales por las que se sostiene que una sentencia es arbitraria (una derivación no razonable del derecho vigente), el escrito, por momentos, monologue según su propio derrotero, en vez de esforzarse por poner en crisis los parantes legales sobre los que se asienta el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El mentor (o sus inspiradores) parece más preocupado por defender la labor de la Convención que reformó la Constitución en 2006, tarea improbable y ardua, por cierto. También se advierte un esmero por hacerle guiños procesales a la Corte Suprema, como para que pueda escapar -sería a un altísimo costo- del punto casi sin retorno en que puso las cosas, en materia de control de los excesos del poder político, el halagado en todo el país pronunciamiento de Rodolfo Novillo y de Carlos Giovanniello.

Gruesas razones
En la histórica sentencia, en síntesis, los vocales de la Sala II concluyeron que: 1) si el Colegio de Abogados es considerado un organismo de la administración de Justicia, ¿quién, si no es él, está legitimado para accionar contra disposiciones constitucionales que pudieran afectar el funcionamiento de ese poder? 2) La Ley 7.469, que habilitó la reforma, es una norma mayor, que tiene un valor preconstituyente cuasi sagrado, porque establece los límites que los convencionales no podían trasponer. 3) Esta norma, al permitir la constitucionalización del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento, buscó una cierta despolitización o profesionalización de los procesos de selección y remoción de los jueces inferiores. 4) No se avanza en esta dirección si el Poder Ejecutivo puede integrar arbitrariamente el CAM y si en el Jurado de Enjuiciamiento no hay un espacio mínimo para las minorías legislativas.

¿Y las minorías qué?
En vez de enumerar en qué arbitrariedades concretas habría incurrido el fallo cuando llegó a esas conclusiones, el fiscal de Estado insistió en publicitar el programa oficial, algo más adecuado para la contestación de una demanda que para fundar una casación.
Por ello, detalló que: 1) El Colegio de Abogados sólo tiene el control de la matrícula profesional ¡y gracias! (olvidó decir que con la postergación del pago de los bonos profesionales dispuesta por la Legislatura quisieron reducirlo a menos que eso: a mero Club Colegial de una secundaria). 2) Pese a lo que defiende casi toda la doctrina constitucionalista nacional, la Ley 7.469 es una simple norma-texto, menor (un elemento más), que no restringe al absurdo la labor de la Convención ni la sujeta a rigideces caprichosas (una manera elegante de decir que los convencionales tenían algo parecido a un cheque en blanco). 3) El establecimiento del CAM y del Jurado de Enjuiciamiento fueron meras concesiones nominales (pour la galerie, suelen decir los franceses), porque la designación y remoción de los jueces siguen siendo procedimientos eminentemente políticos.
Por cierto, Sassi Columbres soslayó dos cosas: 1) La propia Corte tucumana, en 1990, en la causa “Gutiérrez”, con una cita de Alberto A. Spota, aclaró que una reforma estaba constreñida -casi como una operación jurídica- a los marcos fijados por la ley que la habilitó. 2) Calificó como exceso de poder la salvaguarda de las minorías en la representación legislativa ante el Jurado, establecida por los camaristas como una obviedad democrática (salvo en Tucumán, claro). ¿Esto revelará que para el Gobierno aquellas no existen?  
Hasta en los párrafos dedicados a descalificar como si se hubiese tratado de un hobby intelectual lo hecho por los camaristas (cuando habla en singular del sentenciante hay una obvia referencia a Novillo), se advierte lo que sinceramente piensa el oficialismo de la Justicia.