Una afirmación que choca con lo que establece la Constitución

En el recurso de casación que dedujo contra el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, insistió en que el procedimiento de remoción de los jueces inferiores ante el Jurado de Enjuiciamiento, establecido por la Constitución de 2006, es un mecanismo esencialmente político. No obstante, luego mitigó esta afirmación al sostener que es posible que la resolución del Jurado sea controlada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia o la de la Nación. Esta definición, a priori, choca con la Carta Magna sancionada por el oficialismo (cuya defensa efectuó Sassi Colombres), ya que el artículo 130 establece que la sentencia del Jurado no es revisable judicialmente.
En la sentencia, los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello tacharon de nula la potestad de decidir la acusación de un juez inferior ante el Jurado de Enjuiciamiento, conferida por la nueva Carta Magna a la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
Lo hicieron por considerar que si se admitía esta intervención se podía afectar el principio de que un mismo órgano no puede concentrar las facultades de acusador y de juzgador. En efecto, el Jurado, según la Constitución, será integrado por cinco legisladores, un vocal de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo y un abogado. Respecto de esto último, los camaristas condicionaron la constitucionalidad de esta composición a que, de los cinco legisladores, dos sean opositores (todos lo que designó ya la Legislatura son oficialistas).

De la misma naturaleza
Además de descalificar como “un exceso de poder” la referencia a las minorías asegurada por el fallo, el fiscal de Estado defendió el rol reservado a la comisión de Juicio Político ante el Jurado contra los jueces inferiores (también lo tiene en el juzgamiento de los vocales de la Corte Suprema, para los que rige el proceso de juicio político).
Sassi Colombres argumentó que no hay una distinción entre el juicio político y el mecanismo de remoción ante el Jurado. “En realidad, en ambos casos se trata de procedimientos y decisiones de carácter netamente político, y la diferencia está planteada por la jerarquía de los funcionarios y magistrados que quedan sometidos a uno u otro procedimiento”, afirmó.
No obstante, casi al final de su escrito, el fiscal remató: “la actuación del Jurado, en última instancia, se encuentra sujeta al control de constitucionalidad de la Corte Suprema provincial y, en su caso, a la de la Nación, vía recurso extraordinario federal”. Luego aclaró que esto era procedente en la medida en que hubiera en juego derechos y garantías constitucionales.
En cambio, el artículo 130 de la Constitución de 2006 expresa: “la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento es irrecurrible y no sujeta a revisión del Poder Judicial”. Lo mismo estatuye el artículo 124, inciso 13 sobre el pronunciamiento que cierra un juicio político.