Fuerte polémica sobre el valor de la ley que avaló la reforma

Del contraste entre lo que concluyó la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y lo que replicó el Gobierno por medio del recurso de casación deducido contra la sentencia de aquel tribunal surge una fuerte polémica sobre los alcances y, fundamentalmente, sobre la importancia de la Ley 7.469. Esta habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial y, al mismo tiempo, delimitó aquello que era susceptible de ser modificado por los convencionales.
En el fallo, que declaró nulos e inconstitucionales artículos de la Carta Magna reformada en 2006, los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello fueron terminantes. A lo largo del extenso pronunciamiento, sostuvieron que la Ley 7.469 no era una norma cualquiera. “En rigor, es una declaración de naturaleza constitucional, que fija la competencia constituyente conferida a la Convención reformadora y la obliga en plenitud dentro de sus límites, por lo que tiene una jerarquía preeminente y prevaleciente definitoria específica sobre las normas que pudiera sancionar la reforma”, afirmaron.
Los vocales insistieron en que tal es la importancia de la declaración de la necesidad de la reforma que la Constitución nacional no la incluye metodológicamente entre las facultades del Congreso, sino en la primera parte dedicada a las declaraciones, derechos y garantías. “Y la Constitución de Tucumán no ubica a la declaración preconstituyente entre las atribuciones de la Legislatura, sino en una sección separada e independiente y, para reforzarla aún más, consagra expresamente su primacía como norma atributiva de la competencia (de la Convención)”, agregaron.
A partir de esa convicción, los vocales juzgaron que los convencionales, en tanto formaban parte de un poder condicionado y subordinado, habían desbordado el marco de atribuciones de competencia señalado por la Ley 7.469.

La otra postura
Aunque en todos momento destacó que los convencionales se habían ajustado a la Ley 7.469, Sassi Colombres calificó de rígida la posición de Novillo y de Giovanniello. En el párrafo del recurso de casación que dedicó a las facultades de la Convención, dejó en claro su posición. “La norma-texto es apenas un elemento más para la concreta realización jurídica”, aseveró.
El fiscal de Estado insistió: “la Convención Constituyente tiene su competencia acotada a los límites fijados por la ley”, dijo. Pero inmediatamente relativizó esa afirmación, cuando agregó: “ese marco no restringe al absurdo sus facultades. La reforma debe llevarse a cabo dentro de los límites razonables y no sujeta a interpretaciones rígidas y caprichosas”, destacó.
En el párrafo siguiente, el funcionario volvió a la carga contra  el criterio que habían sentado los camaristas. “En el presente caso, se ha producido la sacralización del texto de la Ley 7.469 en desmedro de los institutos reformados y la labor del Constituyente. Puede que el sentenciante no comparta el método y los alcances de la reforma -tal vez como otros tantos-, pero ello no los convierte en inconstitucionales (ver ‘Frases...’)”, recalcó.
El marco del debate está dado -entre otros- por el artículo 3 de la Ley 7.469, que advertía: “la Convención no podrá modificar, suprimir o incorporar artículos o temas cuya necesidad de reforma, supresión o incorporación no se haya declarado en la presente ley, siendo nulas de nulidad absoluta las que hiciere apartándose de las facultades que ella le confiere”.


- “La sentencia resulta el producto de un caprichoso arbitrio del Juzgador, quien, en muchos casos excedió los límites del principio de congruencia. El fallo parte del principio de inconstitucionalidad de las normas sancionadas en claro desconocimiento de las reglas elementales de la interpretación jurídica”.

- “El fallo recurrido ha producido un efecto devastador en algunos institutos contenidos en la Constitución Provincial, lo que trasciende el mero interés de las partes para proyectarse a toda la comunidad, ya que se vincula con la designación y juzgamiento de miembros del Organo Jurisdiccional, al cual los juzgadores pertenecen, y pone sus conductas virtualmente fuera del orden jurídico ya que no podrían ser juzgadas en el vacío normativo”.

- “Se crea una situacion juridica inédita en la historia del derecho público provincial ya que se compromete la estructura misma de la forma representativa, republicana y federal, prevista en el artículo 1º de la Carta Magna, porque se ejerce un control de constitucionalidad en abstracto y se arroga el juzgador competencia para la modificación de normas constitucionales y legislativas en flagrante violación del sistema jurídico vigente”.

- “La actividad de la camara no consistió en la búsqueda de la interpretación favorable a la norma como corresponde al juicio de constitucionalidad sino que partió de la inconstitucionalidad para argumentar en relación con esta”.

- “Las disquisiciones lingüisticas de la sentencia carecen de asidero alguno, porque, en realidad, lo que pretende es adecuar el contenido de la ley de reforma 7.469 a la preferencia personal de los juzgadores respecto de la configuración de institutos jurídicos, algunos de los cuales nada tienen que ver con las nociones que formula la sentencia”.