"El poder no es absoluto, ni otorga mandatos absolutos"

¿Qué importancia tiene la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró inconstitucionales y nulos artículos de la Constitución reformada en 2006? Ante esta pregunta de LA GACETA Calogero Pizzolo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, no dudó. "Para medir la importancia del fallo, ante todo, no debe olvidarse que los jueces, en un estado constitucional de derecho, asumen el papel de ?guardianes de la Constitución?. Esto, para aquellos que creemos que el poder no es absoluto ni mucho menos que otorga mandatos absolutos, significa presuponer la independencia e imparcialidad de unos jueces que, de manera irrenunciable, están subordinados a los mandatos constitucionales", aseveró desde la Capital Federal.
Inmediatamente, el doctor en Derecho planteó un interrogante: "¿podrían dichos jueces (por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) renunciar a aplicar la Constitución o, lo que es lo mismo, ¿podrían renunciar a ser sus guardianes? En caso afirmativo, ¿quién remplazaría a esos jueces? ¿Quiénes hacen las leyes (o sea, los legisladores) o, bien, quién aplica la ley (o sea el Poder Ejecutivo)?".
Luego, Pizzolo recordó la célebre polémica que, en los años 30 del siglo XX, mantuvieron los juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt acerca de quién debía ser el guardián de la Carta Magna. "Kelsen sostuvo que ese control de constitucionalidad ?de ello se trata- no puede ser transferido ?al órgano cuyos actos deben ser controlados?; ?nadie puede ser juez de su propia causa?".
La conclusión del docente, entonces, es la siguiente: "todo sistema alternativo al de los jueces como garantes de la Constitución se traduce, pues, en un quiebre en el equilibrio del poder. Significa la concentración de poder, con los consiguientes peligros para los derechos y libertades que ello ha demostrado personificar. En esas circunstancias hablamos de un estado autocrático de derecho".

Un cambio fundamental
También se le preguntó si se vulnera la voluntad popular, reflejada en una Convención Constituyente, cuando los jueces, como lo hicieron Novillo y Giovanniello, marcan límites a la tarea reformadora emprendida por los convencionales.
Entonces, Pizzolo recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el trascendente caso "Fayt" (1999), declaró la invalidez de la norma de la Constitución sancionada en 1994 que exigía un nuevo nombramiento para la permanencia en el cargo de todo magistrado (federal) que cumpliera los 75 años. "La Corte cerró un oscuro ciclo al rechazar abiertamente la tesis de que una reforma constitucional pudiera ser una ?cuestión política no judiciable?. Eufemismo este que encierra la renuncia del Poder Judicial a cumplir con una función que le es propia: el control de constitucionalidad", destacó.

Atado a límites
El catedrático también se explayó sobre los límites que tienen los jueces para controlar una reforma. "El poder de una Convención, lejos de ser absoluto e ilimitado, reconoce un doble límite. Por una parte, se encuentra atado a los contenidos enunciados por la ley que habilita la reforma. Por otra, debe respetar la supremacía del derecho federal. Ambos límites jurídicos actúan como condicionantes del contenido de cualquier Constitución provincial", precisó.
Para subrayar la importancia del control, Pizzolo se preguntó: "¿qué pasaría si una Constitución provincial restableciera la esclavitud prohibida por el artículo 16 de la Constitución nacional (CN)? Esa norma en cuestión habría sobrepasado uno de los límites jurídicos indicados (la conformidad con el derecho federal). Entonces: ¿quién, si no los jueces, actuarían como guardianes de la Constitución para restar validez jurídica a normas materialmente inconstitucionales? Los tomos de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación rebozan de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas constitucionales provinciales".
Como las Constituciones provinciales deben encuadrarse bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, lo que encierra el principio de la división de poderes, Pizzolo retomó el hilo del comienzo y destacó lo resuelto por el fallo tucumano. "Cualquier norma constitucional provincial que amenace la independencia del Poder Judicial condicionando su integración a la creación, en la órbita del Poder Ejecutivo, de un Consejo Asesor de la Magistratura debería ser dejada de lado por agraviar la esencia misma del sistema constitucional vigente en el país", dijo.