En el escrito, el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, aseguró que la Convención Constituyente no desbordó las facultades que le había atribuido la Ley 7.469 (declaró la necesidad de la reforma) cuando aprobó la posibilidad de que, en el futuro, haya reformas de la Constitución, por medio del sistema de enmiendas legislativas.
El funcionario aseveró: “tampoco se ha alterado la rigidez de la reforma. Sigue siendo rígido el procedimiento, tanto por el mecanismo de la convención reformadora, como por el de la enmienda, a través de una ley especial, sancionada con mayoría agravada y sometida a validación por el sistema de participación directa”. “Es un sistema complejo que impide su modificación por la sola actividad ordinaria del legislador”, añadió.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos e inconstitucionales los artículos que habilitaban el mecanismo de la enmienda. El argumento fue que, al no haberse fijado límites, este sistema podía propagarse como una suerte de alternativa de reforma para-constitucional. Sassi Colombres replicó esta aseveración: “este vaticinio institucional introduce elementos advinatorios y fatales de una segura actuación perversa del pueblo tucumano y su representación”.
En definitiva, a modo de corolario, el fiscal de Estado concluyó: “el artículo 155 establece un procedimiento de reforma (por enmiendas) que es perfectamente válido. Las peculiaridades propias que se previeron -como las tienen los mecanismos de reforma en las diferentes Cartas Magnas provinciales y en el derecho comparado- obedecen a la autonomía institucional de la provincia, que no tiene la obligación de copiar un determinado modelo constitucional”.
El funcionario aseveró: “tampoco se ha alterado la rigidez de la reforma. Sigue siendo rígido el procedimiento, tanto por el mecanismo de la convención reformadora, como por el de la enmienda, a través de una ley especial, sancionada con mayoría agravada y sometida a validación por el sistema de participación directa”. “Es un sistema complejo que impide su modificación por la sola actividad ordinaria del legislador”, añadió.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos e inconstitucionales los artículos que habilitaban el mecanismo de la enmienda. El argumento fue que, al no haberse fijado límites, este sistema podía propagarse como una suerte de alternativa de reforma para-constitucional. Sassi Colombres replicó esta aseveración: “este vaticinio institucional introduce elementos advinatorios y fatales de una segura actuación perversa del pueblo tucumano y su representación”.
En definitiva, a modo de corolario, el fiscal de Estado concluyó: “el artículo 155 establece un procedimiento de reforma (por enmiendas) que es perfectamente válido. Las peculiaridades propias que se previeron -como las tienen los mecanismos de reforma en las diferentes Cartas Magnas provinciales y en el derecho comparado- obedecen a la autonomía institucional de la provincia, que no tiene la obligación de copiar un determinado modelo constitucional”.









