Una sentencia que genera muchas dudas

El fallo dictado por la Sala II del fuero en lo Contencioso Administrativo declaró la invalidez de varios artículos de la Constitución de Tucumán, sancionada en junio del 2006. A pesar de haber recibido elogiosos comentarios de distinguidos colegas constitucionalistas y luego de una ardua lectura (son 150 fojas) me asaltan profundas dudas sobre aspectos fundamentales que, al menos las publicaciones periodísticas, no han puesto de relieve ni considerado, atento a la importancia y trascendencia del fallo.
Desde el punto de vista sustancial es dudosa la competencia de un tribunal de instancia única, para arremeter en contra del poder constituyente provincial. Los límites del control de constitucionalidad son casi infranqueables frente a la supremacía de la Constitución, pues lo contrario supone que el poder constituido -cualquier tribunal- tenga capacidad para destruir el poder constituyente que es, precisamente, el que le da origen y existencia.
Por ello nuestra duda acerca de la constitucionalidad del fallo, en tanto no sólo se invade la esfera privativa de otros poderes, clave del sistema republicano, sino que en el caso se invade al máximo poder de la representación popular.
Adviértase que toda la doctrina judicial sobre justiciabilidad de las reformas constitucionales se circunscribe en nuestro derecho federal -y en el derecho comparado- al análisis de los "procedimientos" de la reforma. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En el caso "Soria de Guerrero c/Pulenta Hnos." se limitó a analizar este aspecto de la reforma de 1957 y declaró que no existía óbice para la invalidez de esta reforma.
El último caso de fallo de la CSJN en el tema es el denominado "Fayt", en que el alto tribunal declaró la invalidez de la norma constitucional de la reforma de 1994 por la cual se ponía un tope de 75 años para los jueces federales y se establecía la necesidad de que se solicite nuevo cuerdo para continuar en funciones.
Este fallo fue severamente criticado por la doctrina y por autores como Néstor P. Sagüés, Antonio A. Spota, Germán Bidart Campos, Pedro Frías y Antonio María Hernández (escribió un libro sobre esto) en la reunión especial de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (Paraná, abril de 2000).
Se estimó que el falló de la Corte Federal era un virtual alzamiento sobre el más alto poder político de la Nación, que es el poder constituyente, además de no respetar la teoría de los actos no justiciables y los límites de la Justicia como poder constituido para invalidar un artículo de la Constitución.

Plazos demasiados exiguos
Nuestras dudas se agudizan cuando se considera que, para el fallo de la Sala II, se utilizó como vía el Código Procesal Constitucional de Tucumán, sin reparar que:
1) En ningún artículo de dicho Código, ni aun en la acción declarativa, se autoriza a un juez a juzgar una norma constitucional. Toda su competencia, en forma literal y expresa, se refiere a normas de carácter subconstitucional, pero nunca de la Constitución local.
2) El trámite de actuación elegido de la acción declarativa (artículo 89 y 90 del mencionado Código) se remite al trámite sumario. ¿Es realmente acertado este proceso de plazos exiguos y de restricción probatoria apto para nulificar nada más ni nada menos que una reforma constitucional? ¿No se afecta gravemente con ello la garantía de la defensa en juicio establecida en el artículo 18 de la Constitución nacional?

Una obra perfectible
La Constitución provincial puede tener fallas, como cualquier obra humana, y es obvio que no defendemos lo que puede no ser mejor institucionalmente. Pero la Constitución, producto del poder constituyente provincial, o sea, del pueblo de Tucumán en ejercicio de su máxima soberanía política, no puede reformarse sino por medio de otra reforma constitucional, surgida de una ley y de una convocatoria como fue la del 2006.
De otro modo se abriría el camino para que cualquier ciudadano u organismo, no conforme con una institución o varias de la Constitución, pudiera ocurrir a la Justicia y, en trámite sumario, obtener la invalidez constitucional de ella. Esto sería un verdadero desquicio para la seguridad jurídica y los valores máximos del estado de derecho constitucional.
Si los Jueces revisten la augusta condición de "guardianes de la Constitución", ¿ es admisible que el custodio destruya o mate a su custodiado?
Será muy bueno, positivo y constructivo que la Corte Suprema de Justicia provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudieran responder sabiamente a estos interrogantes para reforzar la supremacía de la Constitución y el respeto al poder constituyente.