"El fallo atenta contra la división de poderes"
El fiscal de Estado atacó con dureza los argumentos empleados por los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Sassi Colombres argumentó que no se pueden cuestionar en abstracto normas de la Constitución. Advirtió que el Colegio de Abogados carece de legitimación para actuar.
El gobierno de José Alperovich no tiene dudas: el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Constitución reformada en 2006, es tan arbitrario que ha violado el sistema de división de poderes y ha generado un descalabro institucional. Esto se desprende del texto del recurso de casación -y de inconstitucionalidad en subsidio- que interpuso el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, en el afán de que la Corte Suprema de Justicia revise el histórico pronunciamiento de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Ahora, estos últimos deberán resolver si el planteo reúne los requisitos de admisibilidad exigidos para que intervenga la Corte.
En el escrito de 58 fojas, el funcionario argumentó que los camaristas llanamente violaron el principio de división de poderes, razón por la que toda la comunidad quedó afectada por la sentencia. “Hace lugar a una pretensión de invalidación de normas constitucionales con efectos derogatorios ‘erga omnes’ (para todos), y se inmiscuye en el poder constituyente y legislativo reformulando normas constitucionales”, justificó.
Sassi Colombres embistió prácticamente contra todas las resoluciones ordenadas por la sentencia. Novillo y Giovanniello bloquearon la posibilidad de que en el futuro, cada dos años, pueda ser reformada la Constitución mediante el sistema de enmiendas; impidieron que el Poder Ejecutivo pueda integrar a su arbitrio el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), así como que la comisión legislativa de Juicio Político decida cuándo corresponde acusar a los jueces inferiores ante el Jurado de Enjuiciamiento en un procedimiento de remoción. Además, condicionaron la constitucionalidad de la integración del Jurado prevista por la Carta Magna a que, entre los cinco representantes de la Legislatura, haya dos verdaderos opositores.
Sassi Colombres fue terminante: “la sentencia genera un efecto devastador en nuestro sistema institucional, porque impide al Estado provincial y sus poderes constituidos el legítimo ejercicio de potestades que le son propias, como la designación de magistrados y su eventual enjuiciamiento. Se compromete con ello el desenvolvimiento del sistema republicano de gobierno”, justificó.
Táctica procesal
En su estrategia, el fiscal de Estado centró el problema principalmente en una cuestión procesal: la legitimación activa reconocida al Colegio de Abogados para que, por medio de una acción de inconstitucionalidad, pudiera impugnar directamente normas de la propia Constitución.
En el fallo, los camaristas concluyeron que el Colegio de Abogados, en tanto órgano de la administración de Justicia, estaba legitimado para cuestionar aquellas normas de la nueva Carta Magna de las que dependía la integración de los órganos que en el futuro intervendrán en la selección y remoción de los magistrados. “Ninguna norma le otorgó al Colegio ese carácter y mucho menos la competencia material de tutor de la independencia del Poder Judicial”, aseveró Sassi Colombres.
El funcionario insistió con la misma idea: “el sentido del fallo implica reconocer al Colegio de Abogados una especie de superpoder, guardián de la Constitución, de la legalidad general, gestor y representante de los intereses sociales más genéricos, de la independencia del Poder Judicial y garante de la tutela judicial efectiva, más allá incluso de lo que puede atribuirse al Ministerio Público”.
Luego de descalificar a la sentencia por supuestas incongruencias lógicas y excesivas subjetividades, el fiscal de Estado preguntó por qué si al Colegio de Abogados (la parte demandante en la causa) se le reconocía el carácter de órgano de la administración de Justicia se admitía su planteo contra el sistema de enmiendas constitucionales que nada tenía que ver con la designación y remoción de los jueces.
A diferencia del carácter que los camaristas le reconocieron a la institución, Sassi Colombres aclaró que las facultades del Colegio de Abogados no van más allá del “gobierno de la matrícula y del poder de policía de la profesión que le ha delegado el Estado”.
Más problemas
La segunda cuestión procesal en la que puso énfasis Sassi Colombres es en las particularidades de la acción de inconstitucionalidad esgrimida por el Colegio de Abogados. En este punto, advirtió que, como consecuencia de una “lectura parcial del Código Procesal Constitucional”, Novillo y Giovanniello admitieron la procedencia de aquella vía para emitir un pronunciamiento con efectos derogatorios o modificatorios (de normas de la Carta Magna) de alcance general, es decir, válidos para todos los miembros de la sociedad.
Sassi Colombres defendió la idea clásica de que todo control de constitucionalidad debe hacerse sobre un caso determinado, con partes legitimadas para actuar y a partir de una lesión concreta para arribar a un pronunciamiento con efectos circunscriptos a los partícipes de la controversia.
Por ello, concluyó que los camaristas, de forma inédita y como si fueran un tribunal constitucional, fulminaron directamente disposiciones de la Carta Magna con consecuencias que desbordan el marco del expediente en que fue dictado el fallo. “Los efectos de este son de carácter general, la extinción de las normas (declaradas nulas) tiene alcances contra todos, y contiene mandatos de tipo constituyentes y legislativos para los otros poderes del Estado”, se quejó.
En el escrito de 58 fojas, el funcionario argumentó que los camaristas llanamente violaron el principio de división de poderes, razón por la que toda la comunidad quedó afectada por la sentencia. “Hace lugar a una pretensión de invalidación de normas constitucionales con efectos derogatorios ‘erga omnes’ (para todos), y se inmiscuye en el poder constituyente y legislativo reformulando normas constitucionales”, justificó.
Sassi Colombres embistió prácticamente contra todas las resoluciones ordenadas por la sentencia. Novillo y Giovanniello bloquearon la posibilidad de que en el futuro, cada dos años, pueda ser reformada la Constitución mediante el sistema de enmiendas; impidieron que el Poder Ejecutivo pueda integrar a su arbitrio el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), así como que la comisión legislativa de Juicio Político decida cuándo corresponde acusar a los jueces inferiores ante el Jurado de Enjuiciamiento en un procedimiento de remoción. Además, condicionaron la constitucionalidad de la integración del Jurado prevista por la Carta Magna a que, entre los cinco representantes de la Legislatura, haya dos verdaderos opositores.
Sassi Colombres fue terminante: “la sentencia genera un efecto devastador en nuestro sistema institucional, porque impide al Estado provincial y sus poderes constituidos el legítimo ejercicio de potestades que le son propias, como la designación de magistrados y su eventual enjuiciamiento. Se compromete con ello el desenvolvimiento del sistema republicano de gobierno”, justificó.
Táctica procesal
En su estrategia, el fiscal de Estado centró el problema principalmente en una cuestión procesal: la legitimación activa reconocida al Colegio de Abogados para que, por medio de una acción de inconstitucionalidad, pudiera impugnar directamente normas de la propia Constitución.
En el fallo, los camaristas concluyeron que el Colegio de Abogados, en tanto órgano de la administración de Justicia, estaba legitimado para cuestionar aquellas normas de la nueva Carta Magna de las que dependía la integración de los órganos que en el futuro intervendrán en la selección y remoción de los magistrados. “Ninguna norma le otorgó al Colegio ese carácter y mucho menos la competencia material de tutor de la independencia del Poder Judicial”, aseveró Sassi Colombres.
El funcionario insistió con la misma idea: “el sentido del fallo implica reconocer al Colegio de Abogados una especie de superpoder, guardián de la Constitución, de la legalidad general, gestor y representante de los intereses sociales más genéricos, de la independencia del Poder Judicial y garante de la tutela judicial efectiva, más allá incluso de lo que puede atribuirse al Ministerio Público”.
Luego de descalificar a la sentencia por supuestas incongruencias lógicas y excesivas subjetividades, el fiscal de Estado preguntó por qué si al Colegio de Abogados (la parte demandante en la causa) se le reconocía el carácter de órgano de la administración de Justicia se admitía su planteo contra el sistema de enmiendas constitucionales que nada tenía que ver con la designación y remoción de los jueces.
A diferencia del carácter que los camaristas le reconocieron a la institución, Sassi Colombres aclaró que las facultades del Colegio de Abogados no van más allá del “gobierno de la matrícula y del poder de policía de la profesión que le ha delegado el Estado”.
Más problemas
La segunda cuestión procesal en la que puso énfasis Sassi Colombres es en las particularidades de la acción de inconstitucionalidad esgrimida por el Colegio de Abogados. En este punto, advirtió que, como consecuencia de una “lectura parcial del Código Procesal Constitucional”, Novillo y Giovanniello admitieron la procedencia de aquella vía para emitir un pronunciamiento con efectos derogatorios o modificatorios (de normas de la Carta Magna) de alcance general, es decir, válidos para todos los miembros de la sociedad.
Sassi Colombres defendió la idea clásica de que todo control de constitucionalidad debe hacerse sobre un caso determinado, con partes legitimadas para actuar y a partir de una lesión concreta para arribar a un pronunciamiento con efectos circunscriptos a los partícipes de la controversia.
Por ello, concluyó que los camaristas, de forma inédita y como si fueran un tribunal constitucional, fulminaron directamente disposiciones de la Carta Magna con consecuencias que desbordan el marco del expediente en que fue dictado el fallo. “Los efectos de este son de carácter general, la extinción de las normas (declaradas nulas) tiene alcances contra todos, y contiene mandatos de tipo constituyentes y legislativos para los otros poderes del Estado”, se quejó.









