Insisten en que es política la remoción de los jueces

El fiscal de Estado, Francisco Colombres, también defendió a rajatabla el modo en que la nueva Constitución diseñó el procedimiento de destitución de los magistrados inferiores ante el Jurado de Enjuiciamiento. "Cualquiera sea la conformación de este, la remoción de los jueces sigue siendo una tarea política en la que indefectible y mayoritariamente deben participar los legisladores, porque esa es su función como órgano en el reparto de competencias", disparó. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había advertido que la constitucionalidad de la integración prevista para el Jurado quedaba supeditada a que, de los cinco representantes de la Legislatura, dos pertenecieran a la oposición. Sassi Colombres descalificó esto por entender que, "bajo el pretexto de ejercer el control de constitucionalidad y certeza de una norma, el tribunal incurrió en funciones constituyentes y legislativas que corresponden a otros poderes del Estado". Gran desarticulación El fallo también tachó la potestad conferida por el artículo 129 de la Constitución a la comisión legislativa de Juicio Político para que pueda decidir la acusación de los jueces inferiores ante el Jurado. Sassi Colombres retrucó: "si ese organismo resulta idóneo para concretar una formal acusación contra los miembros de la Corte provincial y contra el ministro fiscal, entre otros, también debe serlo cuando se trata de los demás miembros del Poder Judicial". E insistió en que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 129 "desarticula el sistema", porque la nulidad del mecanismo acusatorio dictada por los camaristas "hace que no pueda funcionar y dictar resolución el Jurado".