Lecciones y desviaciones del pronunciamiento

El dictado de la sentencia por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en la causa promovida por el Colegio de Abogados reviste gran interés para toda la ciudadanía y, aún más, para quienes, como yo, integramos la Convención Constituyente cuya obra se encuentra sujeta a juzgamiento.
Entre todas las aristas del episodio, una se destaca por su valor didáctico. En efecto, el sólo dictado del fallo prueba, nuevamente, que en Tucumán funcionan los resortes institucionales que garantizan el control de la juridicidad de la actuación de los poderes constituidos e, incluso, del poder constituyente.
Se trata de una evidencia que reafirma un principio básico de nuestra organización: que todo poder, incluso aquél al que se encomienda la trascendente tarea de reformar la Constitución, se encuentra subordinado al derecho, y la efectiva conformidad de su labor con el derecho sometida al control de los jueces. La sentencia resulta, así, una saludable advertencia contra eventuales excesos y desviaciones, que incluye obviamente aquellas en las que pude haber incurrido en mi rol de convencional constituyente. Bueno resultaría que lo recordáramos, cada día, quienes protagonizamos la vida política provincial.
Al mismo principio cabe acudir para evaluar el contenido de la resolución judicial. Porque los jueces, claro está, no escapan al imperio del derecho. Ellos también deben desenvolver su función con arreglo al ordenamiento jurídico. ¿Lo han hecho los dos camaristas cuya obra tanta repercusión ha generado? En mi opinión, sólo parcialmente, pues, so pretexto de salvar la constitucionalidad de varias normas atacadas, han propiciado una interpretación del texto del artículo 126 de la Constitución que reposa en su sola voluntad.
Lanzados a la mar del control de constitucionalidad, los camaristas levaron el ancla que les imponía aquel principio y soltaron amarras con su función de jueces, para incursionar en las rutas reservadas al constituyente.

Un mal síntoma
La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en esa medida, se erige en síntoma de un mal que aqueja al sistema republicano: el de jueces cuyo desempeño excede su función jurisdiccional. Muy interesante resultaría que todos recordáramos que no corresponde a los magistrados gobernar ni reformar constituciones, y sí controlar su legalidad, por ello celebro lo último y no lo primero; y a nosotros nos corresponde someter todos nuestros actos en la función pública a los límites enmarcados por la ley, aun cuando ella nos resulte antipática o contraria a nuestros intereses.