Abogados instan al PE a que cumpla la sentencia

Entre los letrados prima la idea de que lo mejor que se puede hacer por la Justicia es cumplir irrestrictamente la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, que declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Carta Magna sancionada en 2006. Por ello, el viernes, en sesión extraordinaria, el consejo directivo del Colegio de Abogados decidió por unanimidad que no plantearán ningún recurso contra el fallo de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, e instaron al gobernador, José Alperovich, a que haga exactamente lo mismo.
Textualmente, el primer punto de la resolución firmada por Antonio Bustamante (presidente) y Francisco García Posse (secretario), entre otros, dispone con contundencia: "consentir expresamente todos los puntos de la sentencia mencionada en los precedentes considerandos, no interponiendo en su contra recurso alguno e instruyendo a nuestro apoderado (Luis Emilio Rodríguez Vaquero) a que efectúe la correspondiente presentación en el expediente judicial".
El segundo punto está dirigido al Gobierno. "Exhortamos al Poder Ejecutivo a adoptar idéntica actitud; facilitará con ello la sanción inmediata de los instrumentos legales necesarios para la conformación definitiva del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento, en la inteligencia y dentro del marco constitucional fijado en la sentencia, asegurando así la independencia del Poder Judicial, así como su eficaz y regular desenvolvimiento".
El martes se conoció el pronunciamiento por medio del que los camaristas hicieron lugar a tres de las cuatro pretensiones formuladas por el Colegio de Abogados (ver "Frases..."). Los vocales bloquearon la posibilidad de que en el futuro pueda haber cada dos años reformas constitucionales por medio de simples enmiendas legislativas y declararon nula la potestad conferida al Poder Ejecutivo para que pudiera organizar discrecionalmente el Consejo Asesor de la Magistratura. Asimismo, supeditaron la constitucionalidad de la integración prevista para el Jurado de Enjuiciamiento (cinco legisladores, un vocal de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo y un abogado) a que en la representación legislativa haya dos opositores (los cinco designados en diciembre son oficialistas).

Razones de peso
Desde el día en que se pronunció el tribunal comenzó la discusión sobre si la entidad iba a deducir un recurso de casación contra la disposición del fallo que no hizo lugar a la cuarta petición de los letrados: la relacionada con la disparidad entre la mayoría diferencial exigida por la Constitución para que proceda la remoción del gobernador y vice, y no para los vocales de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, finalmente, los abogados desistieron de cualquier objeción. "La única pretensión rechazada, atinente a las distintas mayorías requeridas para la destitución del gobernador y los vocales de la Corte Suprema, aislada de los aspectos por las cuales prosperó la demanda, carece de entidad para comprometer las finalidades motivadoras de la acción entablada (la defensa del Poder Judicial, como aspecto troncal del estado de derecho por el cual el Colegio debe velar conforme a su razón de existencia y a la ley de creación)", aclararon.
Los letrados están persuadidos de que un recurso de casación, como el que prepara el Gobierno, sólo complicará las cosas. "Recurrir ese solo punto podría contribuir a dilatar la firmeza de la sentencia y, con ello, el inmediato avocamiento de las autoridades competentes a dictar las normas necesarias con el fin de reglamentar, en el marco y conforme a las pautas constitucionales fijadas por el fallo, lo atinente a la designación y remoción de magistrados a efectos de permitir su regular funcionamiento", resaltaron.
El último considerando de la resolución también encierra otra exhortación destinada al Gobierno. "El mismo perjuicio puede también resultar por la concreción del anunciado propósito del Poder Ejecutivo de recurrir la sentencia, lo que innegablemente prolongará la incertidumbre sobre la futura conformación del Poder Judicial, pudiendo alterar su normal funcionamiento", advirtieron.
Como consecuencia de la decisión tomada, los representantes de la entidad también declinaron interponer un recurso de aclaratoria sobre algún punto del extenso fallo. Lo hicieron por considerar que había quedado claro que: 1) el tribunal sólo impidió que el PE pueda integrar arbitrariamente el CAM por un mero decreto, pero el fallo destacó que los jueces deben elegirse según un proceso de selección que incluya un concurso público de oposición y antecedentes, y cuyo resultado es vinculante para la designación que posteriormente efectúe el PE. 2) La comisión de Juicio Político de la Legislatura no puede intervenir (como acusadora) en el proceso de remoción de los jueces inferiores (no comprende a los vocales de la Corte y al ministro fiscal) ante el Jurado de Enjuiciamiento. 3) Para que sea constitucional la integración del Jurado prevista por la nueva Carta Magna la Legislatura debe asegurar que dos de sus cinco representantes pertenezcan a fuerzas verdaderamente opositoras (no meros acoplados al oficialismo).