La suba del valor del cospel

Cospel es una palabra de origen francés que significa disco de metal dispuesto para recibir la acuñación en la fabricación de las monedas. Si bien hace varias décadas se lo emplea para viajar en el subterráneo de Buenos Aires, tardó muchísimos años en llegar a San Miguel de Tucumán. Tras algunas vicisitudes, el cospel entró finalmente en acción el 26 de mayo de 1988 y de ese modo, las eternas peleas entre choferes y usuarios por el vuelto pasaron al olvido. Sin embargo, como sucede a menudo en nuestra provincia, la felicidad nunca es completa. Con la hiperinflación de 1989 y por el incremento del boleto, llegaron a conocerse cospeles Nº 1, 2 y 3 y se reanudaron las escaramuzas entre nuestros representantes y los empresarios, pero en definitiva, la ciudadanía fue nuevamente la víctima.
Entre 1991 y 2002 el valor del cospel aumentó de $0,30 a $0,70, es decir un 130%, siempre con promesas de mejoras en el servicio. El Concejo Deliberante en su sesión de miércoles pasado otorgó un incremento de $0,10 a las empresas de ómnibus urbanas, redondeando así una suba del 160% en un período de casi once años en que los salarios permanecieron y aún prosiguen congelados.
La inflación que se ha desatado tras la caída de la convertibilidad ha provocado el alza despiadada de los precios en todos los rubros y cada sector esgrime sus argumentos para justificarse. Los propietarios de ómnibus se han visto ahogados por el excesivo precio del combustible y de los repuestos, que hacen cada vez más difícil el mantenimiento de las unidades, pero por otro lado, en una década el servicio no se hizo más eficiente, pese a las promesas. No es menos cierto que los empresarios vienen padeciendo, en los últimos años, la competencia cada vez más feroz del transporte ilegal, lo cual les ha ocasionado una merma más que importante en el corte de boletos. Por otro lado, la suba del valor del cospel a $0,70 estuvo condicionada a la implementación del abono social ($0,56 por boleto), que no entró prácticamente en vigencia por falta de difusión y porque a los empresarios tal vez no les convenía, lo cual hace dudar si ahora se lo implementará en forma efectiva. Aprovechando la inacción de nuestros representantes y el aumento de $0,10 que la Provincia otorgó a los ómnibus interurbanos, algunas empresas urbanas que nunca cobraron un plus, aparte del cospel para trasladarse, por ejemplo, a Villa Mariano Moreno, comenzaron a cobrar $0,10 extras.
La empresa Trapasa, que distribuye las monedas para viajar en ómnibus, empezó a exigir hace unas semanas el pago del 30% en efectivo. El Bocade pierde cada vez más su valor hasta el punto de que ya no tiene aceptación ni para las cuestiones más elementales, como viajar en ómnibus.
Como sucede casi siempre, los problemas se resuelven parcialmente en el plano de la coyuntura y no se toma el toro por las astas: el transporte ilegal. Incomprensiblemente, el Gobierno provincial se ha opuesto a que la Gendarmería, por iniciativa de la Municipalidad, controle a los vehículos que circulan ilegalmente. Los intereses en juego han logrado, una vez más, ser más importantes que las necesidades y las inquietudes de la ciudadanía.
En situaciones inflacionarias, siempre se intenta sacar provecho del árbol caído, que es no es otro que el pueblo. Quienes están en la cadena de producción y comercialización, buscan cubrirse por el presente y, por si acaso, de lo que vendrá e incrementan los precios. Por una cuestión perversa de nuestra historia, siempre es la comunidad la que debe pagar los platos que rompen sus representantes y quienes más sufren son los sectores más pobres, que son cada día mayores. Cabe preguntarse entonces quién defiende los intereses de una comunidad desprotegida, que debe afrontar con su salario congelado y devaluado una realidad que podría llegar a asfixiarla. Mientras se siga siendo indiferente a la ilegalidad, difícilmente podremos salir adelante.