17 Enero 2008 Seguir en 
"Hay que meter presa a la gente que negocia con las casas". La frase refiere a las ventas irregulares de los inmuebles que otorga el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), y fueron dichas hace apenas tres días por el gobernador, José Alperovich. En la oportunidad, este había prometido que, cuando se realice una denuncia, actuaría inmediatamente.
Ayer, el secretario de Grandes Comunas, Javier Noguera, acompañó a la denunciante a la Fiscalía de turno, a cargo de Guillermo Herrera. Se trata de María Soledad Zelaya, de 25 años.
Según el fiscal, la joven que necesitaba de una vivienda, la buscó por las cercanías del barrio Parque Sur (Jujuy al 4.000), donde reside. De este modo -siempre según Herrera- se habría enterado de que en el barrio Omodeo Blasco (Ayacucho al 4.100), vendían una casa, adjudicada por el Ipvdu, en aproximadamente $ 30.000. "Hoy (por ayer) iniciamos los oficios; pedimos al Ipvdu los reglamentos, y que nos digan qué tipo de controles realizan", dijo Herrera.
Noguera, que por expreso pedido de Alperovich acompañó a Zelaya, confirmó el trámite. "Cuando el gobernador visitaba una obra se acercó una mujer a contarle esta situación. El me encomendó que la acompañe a denunciar el hecho", explicó. El funcionario aseguró que el PE no admitirá que se desvirtúe el carácter social de las casas del Ipvdu, por lo que busca enviar un mensaje a eventuales vendedores.
Herrera dijo que, en caso de comprobarse la denuncia, el delito constituiría defraudación a la administración pública, por lo que podría dictarse la prisión preventiva. "La pena va de un mes a seis años de prisión; no excarcelable", advirtió.
Ayer, el secretario de Grandes Comunas, Javier Noguera, acompañó a la denunciante a la Fiscalía de turno, a cargo de Guillermo Herrera. Se trata de María Soledad Zelaya, de 25 años.
Según el fiscal, la joven que necesitaba de una vivienda, la buscó por las cercanías del barrio Parque Sur (Jujuy al 4.000), donde reside. De este modo -siempre según Herrera- se habría enterado de que en el barrio Omodeo Blasco (Ayacucho al 4.100), vendían una casa, adjudicada por el Ipvdu, en aproximadamente $ 30.000. "Hoy (por ayer) iniciamos los oficios; pedimos al Ipvdu los reglamentos, y que nos digan qué tipo de controles realizan", dijo Herrera.
Noguera, que por expreso pedido de Alperovich acompañó a Zelaya, confirmó el trámite. "Cuando el gobernador visitaba una obra se acercó una mujer a contarle esta situación. El me encomendó que la acompañe a denunciar el hecho", explicó. El funcionario aseguró que el PE no admitirá que se desvirtúe el carácter social de las casas del Ipvdu, por lo que busca enviar un mensaje a eventuales vendedores.
Herrera dijo que, en caso de comprobarse la denuncia, el delito constituiría defraudación a la administración pública, por lo que podría dictarse la prisión preventiva. "La pena va de un mes a seis años de prisión; no excarcelable", advirtió.
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