La venta de las casas que adjudica el Estado

José Hernández pintó en su poema gauchesco el "Martín Fierro", una de las obras cumbres de la literatura argentina, nuestra idiosincrasia tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, el Viejo Vizcacha es un personaje ladino y lleno de artimañas que se dejan entrever en consejos y refranes que trasuntan una visión negativa de la vida, de la mujer y de las inquietudes humanas. Una de las características de una buena parte de los tucumanos es la constante transgresión a las leyes, apoyada en la famosa picardía criolla. "Nace el hombre con la astucia/ que ha de servirle de guía;/ sin ella sucumbiría:/ Pero, sigún mi esperencia,/ se vuelve en unos prudencia/ y en los otros picardía", dice Martín Fierro.Llegar a tener una vivienda propia y digna es el mayor sueño de miles de tucumanos. Sin embargo, no todos tienen la buena fortuna de que ello suceda cuando ingresan en una operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) , pues otros cumplen con lo estipulado y buscan el modo de sacar provecho de la situación. El Ipvdu detectó muchos casos de tucumanos que, debido al valor accesible que brinda el Estado para el pago de una vivienda, convierten ese beneficio en un negocio. Primero acceden a una casa a bajo costo y luego la venden. Según datos que proporcionó a nuestro diario el coordinador de Política Habitacional, se estima que alrededor de un 20% del total de los adjudicatarios procedió a transferir las unidades habitacionales en forma irregular. Desde 2003 hasta la fecha, se entregaron alrededor de 10.000 viviendas, es decir que cerca 2.000 beneficiarios ya vendieron sus casas en forma ilegal. Son diversos los motivos por los cuales un adjudicatario realiza una transferencia: vende su casa para comprar un auto y trabajar de taxista, o para instalar una verdulería o un almacén. Ello sucede, pese a que una vez que una persona recibe una vivienda se firma el "Acta de tenencia precaria", la cual establece en su artículo quinto, que los adjudicatarios no podrán alquilar, vender, ceder o transferir la vivienda en forma gratuita u onerosa.El Ipvdu está informado acerca de estas irregularidades, sin embargo, solamente puede sancionar al comprador a través de un juicio de desalojo; mientras que el adjudicatario que vendió la casa no recibe sanciones. El funcionario del Instituto dijo que la ley establece que el beneficiario en infracción no podrá ser adjudicatario nuevamente hasta pasados los próximos 10 años siguientes. Ejemplificó la situación con el barrio Congreso, donde de los 448 propietarios de viviendas, el 20 % efectuó transferencias irregulares. Reconoció, por otro lado, que el Ipvdu no dispone de un mecanismo para impedir las ventas. Se trata por cierto de una grave situación de estafa al Estado porque se destina un inmueble para otros fines, cuando en el "Acta de tenencia precaria" lo prohíbe expresamente. Lo preocupante es que el Instituto de la Vivienda no disponga de un recurso legal para sancionar con rigor a los adjudicatarios que transgredan el convenio estipulado, como también lo es el hecho de que aquellos que han incurrido en mala fe tengan la posibilidad de recibir una casa transcurridos diez años, cuando debería prohibírseles de por vida.Sin duda, el Ipvdu debe efectuar un control más exhaustivo y constante sobre el destino de las viviendas que entrega y la Legislatura debería proporcionarle las herramientas legales adecuadas para poner fin a esta picardía criolla que perjudica al Estado y a miles de comprovincianos que aún siguen sin poder concretar su sueño.