Nadie, nunca, nada

Hermes preguntó a Zeus cómo impartir justicia y reverencia a los hombres. ¿Debía distribuirlas como están distribuidas las artes, esto es, sólo a unos pocos favorecidos, o a todos? "A todos -contestó Zeus-. Quisiera que todos tuvieran una parte, porque las ciudades no pueden existir si solamente unos pocos disfrutan de las virtudes como de las artes". Platón, en Protágoras.

La decisión de la humanidad de dividir el tiempo en ciclos (antes, para preparar las cosechas; hoy, para vender almanaques) es fascinante. Asume que puede dividirse aquello que es ininterrumpida continuidad desde que la Tierra comenzó a girar. Y desde antes también. Sin embargo, esta convencida concepción ha generado costumbre. Los finalizadores diciembres son temporada de balances y los iniciáticos eneros (pegaditos a los anteriores), de proyección. Es como si el término y el inicio estuvieran acompañados de una claridad especial. En la encrucijada entre lo que se prolonga y lo que se segmenta, el joven 2008 enseña con transparencia la consolidación de una dilatada tendencia: la cosa pública y sus asuntos han dejado de interesarle al público.
La institucionalidad pareciera no importar. Entonces, el Gobierno decide que los comisionados carecerán de libertad para decidir en qué invertir lo que tributan los vecinos de la delegación que conducen, a pesar de que son electos para el cargo por el voto popular, por mandato de la Constitución. "El Ejecutivo los va a orientar", es el eufemismo elegido para expresar que dejaron de ser representantes del pueblo para ser mandaderos del gobernador. Lo del mandato popular es sólo para las urbes.
Esto es posible porque a los legisladores del oficialismo tampoco les importó transferir a Rentas de la Provincia el cobro de las tasas comunales. Y menos les interesó ser ninguneados a los 30 días por la Casa de Gobierno, que les estrelló contra un decreto la consensuada decisión de que lo recaudado vuelva de inmediato, y sin descuentos, a cada administración. De todas formas, ellos no imponen sus 43 votos sino que les ganan los debates a sus pares de la oposición. Lo dijo el vicegobernador y no lo desmintieron.
En medio, a los comisionados hace mucho que dejó de importarles el bienestar común, tal como testimonia el paisaje de tierra arrasada de demasiados caseríos del interior. Debió llegar por ley la amenaza de intervenir a los que no rindan cuentas para que, por primera vez, presentaran en plazo los balances de las 93 delegaciones. El rigor tiene tantos hijos en estas tierras, que el Día del Padre debería ser su fiesta patronal.
Pero el desinterés no es privativo de los representantes: es compartido por los representados. Pocas políticas deben ser tan públicas como las referidas a los impuestos. La presión fiscal tiene a la provincia entre las más opresoras del país, subieron los impuestos Inmobiliario y Automotor, y se incrementaron las tarifas de servicios públicos como la luz y el agua. A la vez, se votaron leyes para modificar los parámetros de valuación de propiedades, se fijó una onerosa contribución para radicar autos comprados en otras provincias, y se modificó el Código Tributario hasta convertirlo en un régimen de clausura y confiscación. Pero en el Tucumán del 1,4 millón de habitantes, sólo 300 fueron a protestar contra el impuestazo. Y eso gracias a que la CCC (muchos de sus militantes no pagan tributos) apoya la protesta. Es más, el jueves pasado, muchos de los organizadores de la marcha no fueron: están de vacaciones.
En materia de cuestiones materiales, la indiferencia también es patrimonio del patrimonio de los tucumanos. En la capital de las 600.000 almas, corazón de un conglomerado urbano que ronda el millón de gentes, las movilizaciones en defensa del los bienes arquitectónicos, que el oficialismo puso en venta al mejor postor, convocan a unas pocas personas más que las marchas contra los aumentos tributarios.
Si esta conducta se mantiene, este puede ser el año del "no me importa" en la provincia del "y a mí qué". Y de ser así, el Gobierno podrá avanzar en la rifa de más edificios centenarios, en el incremento de la presión impositiva y en el secuestro de las tasas del interior, que seguirá con las que cobran las municipalidades. Porque si, salvo un puñado de excepciones, la cosa pública, sus instituciones y sus asuntos le importan a nadie, nunca, nada, ¿por qué tiene que interesarles a los gobernantes?

Cuestión de ejercicio
La democracia es una idea. Poderosa, pero idea al fin. Supone, por tanto, ideales. Y, de la misma manera, puede ser desvirtuada por otras ideas. De modo que la salud de la democracia depende de que sus ideas sean defendidas cualitativa y cuantitativamente. Es más, que su fortaleza radique en los grandes consensos denuncia su debilidad congénita. Por ello, la democracia demanda el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y lo hace nada menos que desde su nombre. Se sabe, democracia significa "gobierno del pueblo". Pero su etimología conserva un secreto tan bien guardado que ha sido prácticamente olvidado. Mientras que "demos" es "pueblo", "kratia" es "gobierno", pero también es "autoridad". Autoridad que será ejercitada o será perdida.
Precisamente, en "El oficio de la ciudadanía", el pensador español Fernando Bárcena advierte que una circunstancia que desnaturaliza este sistema de gobierno se da cuando se asume que determinado modelo de gestión es el único capaz de hacer viable la democracia, y se rechaza, por tanto, la validez de cualquier alternativa. Dicho de otro modo, no es cierto que la única manera de conseguir eficiencia en determinadas áreas del Estado (como la salud, la educación y la obra pública) obligue, a cambio, a sacrificar la calidad institucional. Esa es sólo la versión de la democracia pavimentadora, que propone canjear instituciones por asfalto. Para el caso, también el orden conservador decía que la única manera de mantener en el Gobierno a los que "sabían gobernar" era hacer fraude. Era la Década Infame.
Esta circunstancia conlleva a la nefasta derogación del "deber ser" por parte de la tiranía del "ser". Por el imperio de lo que "es". Y lo cierto es que la realidad no es la única verdad. Ni siquiera cuando se trata de los asuntos públicos. Como distingue el filósofo de Bilbao, la verdad puede ser entendida, como en la filosofía, como búsqueda de sentido y de comprensión de lo que el hombre hace; y en la esfera de la cosa pública, como comunidad de significados compartidos. Pero no debe ser concebida como propiedad de un gobierno, como posesión de una gestión.
En "¿Qué es la democracia?", Alain Touraine puntualiza que los principios fundamentales de este sistema son el sentido de la ciudadanía, la limitación del poder del Estado y la representatividad de los gobernantes. De cómo se articulen estos tres principios surgirá la calidad de tres elementos democráticos esenciales: la dimensión cívica, la dimensión moral y la dimensión social. Lo dramático del caso tucumano es que, a la luz de la historia reciente, podría sintetizarse el diagnóstico de estas esferas con una palabra para cada una: nadie, nunca, nada.
"La ciudadanía es un frágil y noble mito. Una parte de nuestra herencia clásica -alumbra Bárcena-. Vivimos, como ciudadanos en democracia, una forma de vida que es, al mismo tiempo, una idea heredada, una parte de nuestra tradición lingüística y literaria, un pedazo de la tradición cuya verdad -sus orígenes- o hemos perdido -y olvidado- o se nos ha roto".
Así nos va.