La causa ambiental sube al estrado
La contaminación de la cuenca Salí -Dulce ocupa al sector político por los problemas interjurisdiccionales que genera, y provoca a la Justicia a intervenir con acciones novedosas. Por Noralía Jabif - Redacción LA GACETA.
12 Enero 2008 Seguir en 
La cuestión ambiental se instaló estos meses en Tucumán por una doble vía: judicial y política. Sobre el primer punto, el juez federal Nº 2, Mario Racedo, dispuso por primera vez un amparo en el marco de una denuncia por presunta contaminación ambiental del ingenio La Trinidad. Por el otro, la presidenta, Cristina Fernández, inauguró, en presencia de cinco gobernadores -entre ellos, José Alperovich-, su agenda laboral 2008 con un acto en el que lanzó el Programa de Reconversión Industrial para la cuenca del río Salí-Dulce, la más contaminada de la Argentina, después de la del Riachuelo-Matanza.Alperovich no fue con las manos vacías a la reunión con Cristina. En menos de una semana había anunciado la clausura de los ingenios La Corona y San Juan, por incumplimiento de compromisos asumidos en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI). En pleno mes de enero, lejos de las obligaciones logísticas de la zafra, una medida así sonó más como un guiño al Gobierno central -un presente tucumano- que una acción con fines efectivamente sancionables.
Detrás de la decisión del juez Racedo de promover un amparo y no una acción penal está la idea de que, cuando de cuestiones ambientales se trate, es más importante recomponer el daño al ambiente -que afecta a toda una comunidad- que sancionar al transgresor.
Según trascendió, el amparo promovido por Racedo se inspiró en la causa "Mendoza/Beatriz contra el Estado Nacional", por la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza. Mendoza es una psicóloga que trabajaba en el Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, y que decidió demandar al Estado nacional y a la ciudad y provincia de Buenos Aires cuando vio que la contaminación había afectado su salud. Por esa acción, la Corte obligó al Estado nacional a definir un plan de saneamiento, con plazos definidos, para la cloaca más grande de la Argentina.
El amparo sobre La Trinidad apenas empieza, y tiene final abierto. Sin embargo, el magistrado ya se topó con algunos obstáculos que reaparecen en Tucumán cuando de problemas ambientales se trata. Por una parte, parece haber una superposición de atribuciones entre distintas dependencias del Gobierno provincial: Racedo le pidió al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, que le informe si el ingenio La Trinidad cumple con el PRI. El funcionario le respondió que el monitoreo del cumplimiento de la normativa no le compete a él, sino a la división de Fiscalización del Siprosa.
No es ese el único obstáculo que se le presenta a un magistrado que investiga acciones ambientales, en Tucumán. Aquí van otras trabas a tener en cuenta: 1) no hay demasiados profesionales especializados en la cuestión ambiental, 2) en caso de encontrarlos, es difícil garantizar imparcialidad, 3) los organismos estatales -nacionales o provinciales - no disponen de todos los dispositivos necesarios para medir la contaminación (al parecer, no hay elementos para medir contaminación aérea), 4) las acciones de reconversión ambiental fabril no cuestan monedas, y en muchos casos las soluciones no están en Tucumán. A modo de ejemplo, un ingenio del suroeste de la provincia habría tenido que recurrir a una universidad brasileña para resolver qué hacer con su vinaza. Ese tema reabre, a su vez, el planteo sobre cuáles son las ofertas educativas que se necesitan para la región.
En la medida dispuesta por Racedo -que sigue la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia ambiental- se les da intervención, en calidad de terceros interesados, a los Gobiernos de las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero, al defensor del Pueblo de la Nación y al de Tucumán, y al Estado nacional, "como garante de los derechos relativos al medio ambiente consagrados en la Constitución nacional...".
En otra analogía con la filosofía del Tribunal Supremo de la Nación en el tema, Racedo ha llamado a todas las partes involucradas en el proceso a una audiencia, el 28 de marzo, que será pública. Parece que las búsquedas de soluciones más osadas al problema ambiental están llegando desde la Justicia.







