11 Enero 2008 Seguir en 
Los constituyentes reformadores de 1994 incorporaron a la Constitución Nacional las instituciones partidarias mediante el artículo 38, en el que se establece: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”, y tras precisar sus condiciones como organizaciones libres para acceder a los cargos y a la información pública con la representación de sus minorías, se dispone la contribución del Estado para el sostenimiento económico. Esa incorporación a la ley suprema de las entidades intermedias de la representación ciudadana no hizo sino formalizar lo que en la práctica era parte esencial del sistema electoral. Sin embargo y paradójicamente, en la crisis del 2001 se insinuó en un colapso de las agrupaciones partidarias, hasta el punto que no es posible establecer cuántas subsisten organizadas de las casi 700 que llegaron a funcionar en todo el país, y mucho menos cuáles son los auténticos padrones de afiliados que la justicia electoral puede constatar entre tanta dispersión e inexistencia no declarada. Tan sólo una mínima parte de las agrupaciones tiene representación en el Congreso, pero es muy aventurado determinar con anticipación cómo habrán de votar los legisladores que accedieron a sus bancas bajo la misma sigla. La muestra más testimonial del eclipse partidario es la virtual desaparición de los tradicionales comités barriales a los que no solo concurrían los afiliados, sino que eran el acceso de la juventud que completaba su educación mediante la formación política y la pluralidad ideológica. Relación de la que surgían generacionalmente las dirigencias renovadoras mediante el severo control de las asambleas estatutarias. La sucesión de golpes inconstitucionales durante la militarización de la política no fue suficiente para poner fin a esa tradición democrática, hasta que la crisis del milenio y el consecuente reciclaje en la clase política sin la renovación adecuada, desacreditó en las nuevas generaciones a las reincidentes dirigencias. De ahí, al personalismo en la lucha por el poder partidario o público, medió un corto plazo y, de la democracia de partidos se pasó necesariamente a la de candidatos, como con precisión ha sido definida por la justicia electoral.
Las actuales elecciones primarias que durante seis meses se realizan en los Estados Unidos, son el modelo que se pretendió seguir mediante un régimen legal de internas abiertas, pero la crisis institucional se tornó huracanada y debió suspenderse hasta derogarse en noviembre de 2006.
Hoy puede afirmarse que los partidos no existen ya para la juventud renovadora y, en consecuencia, no es posible una genuina generación de dirigentes políticos en condiciones de constituirse por vía electoral en líderes o representantes legítimos. Sin partidos con fines de servicio público no hay adecuado reclutamiento civil para la labor y la acción política con alternancia en el poder. Entenderlo así significa asumir la severa responsabilidad de rescatar al sistema democrático del oscuro porvenir que le amenaza. La pérdida de confianza entre las nuevas generaciones debe constituir inexorablemente una inquietud política superior que las actuales dirigencias habrán de encarar sin vacilaciones para asegurar el destino republicano de la Nación. El camino no es otro que consolidar institucionalmente a los partidos políticos respetando recíprocamente sus diversidades y deponiendo todo otro personalismo egocéntrico, para hacer de las gestiones públicas o partidarias una misión de servicio al interés común.
Las actuales elecciones primarias que durante seis meses se realizan en los Estados Unidos, son el modelo que se pretendió seguir mediante un régimen legal de internas abiertas, pero la crisis institucional se tornó huracanada y debió suspenderse hasta derogarse en noviembre de 2006.
Hoy puede afirmarse que los partidos no existen ya para la juventud renovadora y, en consecuencia, no es posible una genuina generación de dirigentes políticos en condiciones de constituirse por vía electoral en líderes o representantes legítimos. Sin partidos con fines de servicio público no hay adecuado reclutamiento civil para la labor y la acción política con alternancia en el poder. Entenderlo así significa asumir la severa responsabilidad de rescatar al sistema democrático del oscuro porvenir que le amenaza. La pérdida de confianza entre las nuevas generaciones debe constituir inexorablemente una inquietud política superior que las actuales dirigencias habrán de encarar sin vacilaciones para asegurar el destino republicano de la Nación. El camino no es otro que consolidar institucionalmente a los partidos políticos respetando recíprocamente sus diversidades y deponiendo todo otro personalismo egocéntrico, para hacer de las gestiones públicas o partidarias una misión de servicio al interés común.







