Problemas con la doble estrategia planteada por el alperovichismo para potenciar al vicegobernador Juan Manzur. Un DNU que encierra varios mensajes al oficialismo.La llegada a la Legislatura de un incondicional del gobernador José Alperovich, como lo es Juan Manzur, presuponía para el mandatario un tiempo de sosiego parlamentario luego de la agitada y convulsiva relación con Fernando Juri. Los primeros golpes de efecto del nuevo vicegobernador fueron en la economía de la Cámara y en el bolsillo de cada legislador: reducción a la mitad del presupuesto 2008; confirmación de despidos de empleados; limitación a su mínima expresión de los contratos de trabajadores de bloque; ajuste de las dietas a $ 5.000 y control estricto en el dinero que se gasta.
A esta primera línea de decisiones le siguió la acción política. La estrategia del Gobierno era resaltar la figura de Manzur como impulsor de proyectos de ley pensados por Alperovich, a partir de la habilitación dada en la reforma de la Constitución provincial para que pueda hacerlo. Hasta el 6 de junio de 2006, el presidente de la Legislatura tenía un rol más híbrido todavía que el actual, ya que ni siquiera podía proponer un texto legal. Con su rúbrica en iniciativas polémicas, por un lado, se remarca su posicionamiento en la Cámara tras las necesidades del Poder Ejecutivo y el concepto de un trabajo en equipo del ultraoficialismo; y, por el otro, se limitaba la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia a los casos de efectiva y real Necesidad y Urgencia Social. Hasta ahora, este instrumento constitucional había sido usado atendiendo las Necesidades y Urgencias Políticas del alperovichismo, surgidas de su enfrentamiento con el jurismo (movimiento que está hoy en extrema debilidad, en vías de extinción por la desaparición de su principal referente de los lugares donde solía ser visto).
Poco del diseño original ha sobrevivido. Las tensiones internas acerca de la disponibilidad de los recursos amenaza con hacer de la Legislatura un polvorín dentro del cual todos fuman a partir de marzo, cuando se normalice plenamente la actividad parlamentaria. Las protestas no se limitan a una oposición en minoría, desarticulada y sin posibilidades de reclamar nada más que lo que, casi generosamente, le dará el alperovichismo. Por el contrario, el clima de mayor malestar se vivencia dentro de la bancada oficialista Tucumán Crece, donde crece la sensación de que hay hijos y entenados en su cercanía con el calor del poder.
En ese rubro, las versiones se multiplican acerca de la liberación de recursos por $ 40.000 para cada integrante del grupo de extrema fidelidad con la Casa de Gobierno para la contratación de personal en diciembre, mientras que el resto dispuso de $ 10.000 cada uno para nombrar a sus empleados. Esta diferencia, en términos de la política callejera cotidiana, es de altísima trascendencia, ya que implica la posibilidad o no de contener laboralmente a sus seguidores. Además, se repiten las quejas de que con sueldos bajos no hay profesionales de categoría que quieran asesorar a los legisladores, con lo que se corre el riesgo de una caída de la calidad de los textos normativos que se sancionarán.
La figura del súbdito
Tampoco tiene buen desarrollo la idea de que Manzur impulse normas en vez de DNU, lo que confirma en dos ejemplos: el vicegobernador suscribió cinco proyectos polémicos y de alta incidencia, lo que le valió más críticas que aplausos y Alperovich no disminuyó el uso de la lapicera para firmar DNU, a la que decidió mantener siempre llena de tinta. La última tanda conocida es de alrededor del 20 de diciembre, por lo cual la vigencia plena de esas normas se producirá cerca del 23 de este mes en caso de la ratificación ficta, por el silencio parlamentario.
La preocupación actual del oficialismo legislativo en esta materia está dada por el DNU acerca del cobro del impuesto inmobiliario de las comunas rurales por parte de la Dirección General de Rentas. El alperovichista José Alberto Cúneo Vergés impulsó un solo cambio a la propuesta rubricada por Manzur, para que el total de lo recaudado fuese transferido en forma inmediata y sin deducción alguna a las comunas. De un plumazo, el gobernador lo desautorizó, al disponer que de lo percibido se retendrán deudas impagas. Fue mucho más que una decisión económica; es un mensaje al conjunto de los legisladores. El Gobierno no sugiere; ordena. No propone; manda. No debate alternativas; exige verticalidad sin discusiones. No evalúa modificaciones; es como se lo decidió o nada. No tiene legisladores, sino súbditos.
Esta ley fiscal aprobada por los legisladores y reformada por el PE mediante DNU alcanza también a los municipios, los que deberán adherirse por decisión expresa de sus Concejos Deliberantes. Un viejo dicho sugiere que cuando un vecino se corta las barbas, deben ponerse las propias en remojo. Bueno será saber qué evaluación harán ahora los concejales e intendentes, al saber que si ceden el cobro de sus impuestos a la DGR, se les podrán descontar las deudas impagas. La representatividad popular dada por el voto es el principio de legitimidad de legisladores y de concejales. En este período de mandato está en juego la persistencia o la eliminación de hecho de este modelo de autonomía política.
