El juego en el que todos tienen algo que ocultar

Las noches de fin de semana son cada vez más movidas. Las fiestas posteriores a las 4 de la mañana proliferan y el Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA) y la Policía no dan abasto. Pasadas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo -cuando tuvieron que recorrer desde Yerba Buena hasta El Cadillal en busca de infractores- ahora tendrán que trasladarse a los lugares de veraneo, siguiendo a los jóvenes, para continuar con sus cacerías.
Los argumentos de todos los que intervienen en esta comedia casi dramática que se repite semanalmente desde hace casi dos años son siempre los mismos. Los chicos se quejan de que les afectan su derecho a distenderse -han comenzado a llamar al organismo, irónicamente,"Fuerza de Lucha Contra la Diversión"-; los funcionarios afirman que se combate el alto consumo de alcohol y la venta de bebidas a menores de edad y los dueños de boliches sostienen que estas medidas aparatosas no han modificado las costumbres, no han ayudado a mejorar la seguridad, no han hecho disminuir el consumo de alcohol (ahora se consume lo mismo, pero más rápido) y, encima, los han perjudicado económicamente. Y ahora se agrega la voz de los dueños de las fiestas privadas (clandestinas) que argumentan que los funcionarios y los policías violan sus derechos al entrar en sus casas sin orden de un juez.
La verdad es que todo forma parte de un juego complicado en el que todos tienen algo que ocultar y ninguno dice toda la verdad.

Zona ambigua
En primer lugar están los que organizan los festejos truchos. Se quejan de los operativos pero saben que ellos se mueven en una zona límite entre lo permitido y lo prohibido. Y lucran con ello. Hacen invitaciones y las transmiten por correo electrónico, atienden en cibers céntricos que parecen estar cerrados pero venden las entradas o se usa el sistema de boca en boca de los jóvenes. Se quejan de la arbitrariedad del poder pero lucran con la ilegalidad. Hicieron fiestas en residencias de Yerba Buena y El Corte, en hospedajes de Barrio Sur y hasta en el catamarán.
Muchos de los dueños de estas fiestas truchas son bolicheros perjudicados por la ley de las 4 de la mañana, que venden alcohol, incluso a menores de edad. Es decir que despotrican contra el Gobierno pero ellos tampoco cumplen con la norma cuando esta no les gusta. Se entiende pero no se justifica: lo mismo hacen los empleadores en negro, los evasores de impuestos o los que producen y a la vez contaminan. Se justifican en el problema económico. El ser humano es así. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Los jóvenes, quizás, son los más inocentes en este juego. Esgrimen su derecho a divertirse y su derecho a la libertad. Pero también siguen la máxima que dice que en el peligro está el gusto y salen a buscar las fiestas truchas aun a sabiendas de que llegará la fuerza de lucha contra la diversión.
Los funcionarios son, realmente, los malos de la película, por varios motivos. El IPLA, antes, era un ente meramente recaudador que había resultado altamente ineficaz para evitar que se disparara el consumo de bebidas alcohólicas, y desde que se modificó la norma -cuando se puso en marcha la ley que pone fin a las fiestas públicas a las 4 de la mañana- es un ente represor. Sale a buscar y clausurar fiestas, a decomisar cosas (bebidas y equipos de música) y resulta tan altamente ineficaz como antes, al decir de los bolicheros, porque el consumo no ha disminuido.

No habrá cambios
Los funcionarios ocultan en este juego una verdad básica. Que se usa una ley polémica que, como la ley de contravenciones, permite arbitrariedades por parte del poder, justificadas en que los derechos del individuo se resienten en la necesidad de la comunidad. En este caso, la supuesta necesidad de seguridad, esgrimida por el gobernador José Alperovich, y que le resultó eficaz en una sociedad que requiere medidas de alto impacto frente a las cosas que le inquietan, como la nocturnidad. Aunque esas medidas sean de puro maquillaje. Mientras la arbitrariedad no genere demasiados incidentes -como los de Año Nuevo en la fiesta de Andrés Villá al 400, en Yerba Buena- el poder no cambiará las cosas. Por eso, al parecer, la Justicia no resuelve los planteos presentados por personas perjudicadas en estos operativos. Pero el riesgo está latente, el esfuerzo de los funcionarios es cada vez mayor, y los cambios buscados no llegan.