Verano con instituciones de otoño

Tucumán es un montón de hojas que se lleva el viento. No es un paisaje otoñal, menos aún en pleno verano. Es la referencia angustiada acerca de la situación institucional de la provincia. Por momentos -demasiados-, ni siquiera es una metáfora. El Estado está estructurado en torno de pilas de páginas numeradas que, con mucha condescendencia, son dadas en llamar leyes. Pero no están para ser cumplidas. Están para no estorbar a los antojos del Gobierno o para ser eliminadas. Deformadas. Desastradas.
Los últimos días del deslucido 2007, y las primeras jornadas del agorero 2008, bastaron para confirmar esta realidad vernácula privada de grandezas. En apenas 21 meses, lo que era parte de la escasa riqueza histórica de los tucumanos pasó a ser un conjunto de inmuebles puestos a remate. El 8 de mayo de 2005 promulgaron la Ley 7.535, "Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos", y el 19 de diciembre de 2007 metieron manos en la norma y quitaron edificios de su amparo. Hubo legisladores que votaron al revés de cómo lo habían hecho menos de dos años atrás. Votaban contra sí mismos. La alegoría es trágica: rifan la historia en la provincia devastada por la mala memoria.
Este año decidieron tardar menos en la desnaturalización de las normas. En la primera semana de diciembre, el oficialismo parlamentario estableció que Rentas de la Provincia cobrara los tributos de las comunas. Todos aplaudieron. Dijeron que no se trataba de saquear las cajas de las paupérrimas delegaciones rurales, y pautaron que se iba a reintegrar, de inmediato y sin descuentos, todo lo recaudado en cada pueblo. Pero en la primera semana de enero vetaron esa disposición: la Provincia cobra y dispone de esa plata. Sobra decir que la dócil mayoría parlamentaria no va a insistir en su postura. La temporada de ninguneo alperovichista comenzó temprano. Deberán comprar alfileres: en un mes, sus paginitas con disposiciones ya fueron arremolinadas por la prepotencia.
Los municipios no hacen mejor papel. Unos, mediante el Pacto Social, regalaron su coparticipación al Gobierno a cambio de la limosna del pago de sueldos. Otros aceptaron la "invitación" para que la aspiradora de Rentas succione sus tributos. La premoderna Tucumán ha reeditado, así, el régimen unitario. Intendentes y comisionados son delegados del gobernador, siempre amenazados de ser intervenidos.
El Estado no es aquí un horno para cocinar consensos al fuego de las obligaciones políticas. Por el contrario, el Gobierno no usa el respaldo conseguido en las urnas para ser árbitro de disensos sino para administrar miedo. Quien se oponga a su política de hacer avioncitos de papel con las leyes, será perseguido. El jueves, para el caso, el gobernador amenazó a los empresarios: los tiene individualizados, dijo. Y hará tronar el escarmiento sobre cañeros, sojeros y citricultores que planteen ante la Justicia que es inconstitucional que Rentas cobre tributos comunales.
Todo esto determina que este Gobierno, según dijo el vicegobernador el último día del año pasado, "tiene una excelente calidad y un excelente nivel institucional". Por suerte aclaró: "hay gente que no comparte nuestra visión". Ojalá no crea que hacer obras públicas es calidad institucional, pues caería en un maniqueísmo reivindicatorio de los regímenes de facto, cuando sí había obras pero no instituciones.

La calidad institucional
Las instituciones son los recipientes en los que se vuelca el poder que el pueblo confiere a sus representantes. La calidad de estos reservorios refiere al modo en que funcionan para evitar los desbordes de uno en desmedro de los otros. Por tanto, calidad institucional es división de poderes. Contra ella conspira una Legislatura servil. Es, además, estabilidad, que es lo contrario a cambiar el contenido de las leyes cada 30 días. Y es previsibilidad, esencia de la seguridad jurídica. Equivale a una jurisprudencia que se mantiene en el tiempo y que cambia paulatinamente, según llegan nuevos jueces, con nuevas ideas. Jubilar magistrados por centenas no es la idea.
Requiere, también, de oposición: partidos con existencia real que controlan los actos de gobierno. Y también demanda autonomías, como la de los municipios, para que el poder esté distribuido y no concentrado. La Constitución nacional exige a las provincias garantizar el régimen municipal que la Constitución provincial consagra. Pero ambos digestos son, aquí, tan sólo libritos de hojas livianas.
Calidad institucional es transparencia en el manejo de los fondos públicos, combate contra la corrupción y corruptos condenados. Y es representatividad, para lo que se requiere un régimen electoral serio (sin sublemas y los acoples indignos) y perdurable. Implica, por cierto, periodicidad en los mandatos. Reivindicación reñida con el Tucumán donde los que gobiernan desde 2003 y pueden postularse en 2011 para quedarse en el cargo hasta 2015. Y es apertura: búsqueda de diálogo. La democracia es un gobierno consentido. El gobierno del consenso de la opinión pública, que no es tal por ser la opinión de muchos, sino por estar referida a la cosa pública y, por tanto, informada sobre ella. Con lo cual, la calidad institucional es libertad de prensa. Pero no sólo esa libertad. El contractualista John Locke sostenía que la libertad era el derecho que tienen los ciudadanos de que nadie pueda impedirles cumplir con la ley. Qué lejos en el futuro parece estar de este presente el pensamiento del siglo XVII.

La calidad democrática
La discusión sobre la calidad institucional es futurismo para esta realidad porque en Tucumán parece hasta ajeno el debate sobre la calidad democrática, que comienza por plantear las condiciones mínimas de un verdadero estado de derecho.
La primera demanda es el imperio de la ley. Pero en Tucumán, el Estado prefiere cambiar la ley antes que cumplirla. La manoseada Constitución da testimonio de ello. Sigue la rendición de cuentas, contra la que se erigen los centenares de objeciones del Tribunal de Cuentas contra los informes sobre los ingresos y los gastos del Gobierno en 2005 y en 2006.
La tercera pauta es la reciprocidad entre representantes y representados. Contra ella se planta la negativa a otorgar el 82% móvil a los jubilados transferidos (insumiría apenas $ 35 millones anuales), en la provincia del presupuesto de $ 5.006 millones, donde el gobernador fijó en $ 9.000 mensuales su remuneración y la de sus ministros. La cuarta necesidad es la disminución de la inequidad social.
Su frustración se resume en que el 10% de la población más rica gane 31 veces más que el 10% más pobre.
Y en quinto término está la ampliación de los derechos humanos. La cual trasciende la sola vigencia de las garantías fundamentales y refiere a las condiciones para que una persona pueda consagrarse como tal. Además de respetar su integridad, darle futuro. Algo difuso para el 40% de los tucumanos que son pobres.
Está empezando 2008. Los "mejores deseos", tan impresos en las tarjetas de fin de año, deberían pasar por conseguir una mejor democracia y una mejor república. Las elecciones periódicas y los derechos humanos son cuestiones fundamentales y fundacionales para la sociedad. Pero el debate sobre la calidad del Gobierno y del Estado no puede seguir reducido a ello.
El politólogo José Nun advierte que, dado el escaso tiempo transcurrido desde los gobiernos militares, los actuales regímenes políticos son evaluados por oposición a las dictaduras, es decir, por lo que no son. Hay que analizar al sistema en relación con lo que tiene que ser. Para advertir que los gobernantes deben organizar la Provincia conforme a la ley, en lugar de acomodar las leyes para que los conformen. Para asumir que Tucumán debe dejar de ser un montón de hojas que se lleva el viento.